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Al toque 23 06 2022

Alejandro Einstoss: Segmentación imposible


Autor: Alejandro Einstoss










El decreto 332/2022, reglamentó la segmentación de subsidios. Un instrumento anunciado por la actual administración desde el inicio de su gestión y que hasta el momento resultaba la principal promesa incumplida en el marco del acuerdo con el FMI.

El gobierno espera mediante este esquema identificar al 10% de los usuarios con mayor capacidad de pago, a quienes se les quitará totalmente los subsidios, mientras para el 90% de los usuarios restantes se mantienen el actual esquema de subsidios, incluyendo a los actuales beneficiarios de tarifa social.

De fondo encontramos un problema que el gobierno se autogeneró.

Es bien conocido que los subsidios están en el corazón del problema fiscal, hoy explican el 90% del déficit fiscal, y el 15% del gasto de la Administración Pública Nacional.

Surgen de la diferencia que hoy existe entre el costo de la energía que consumimos y lo que como usuarios pagamos por ella. La diferencia se financia con fondos públicos: Subsidios.

En mayo una familia pagó menos del 20% del costo de la electricidad que consume (80% subsidios) y pagó el 25% del costo del gas por red consumido.

Pero esta situación no siempre fue así.

Al primer trimestre de 2019, el problema de las tarifas y los subsidios para residenciales estaba prácticamente resuelto. En marzo 2019, la tarifa residencial cubría el 80% del costo de la electricidad y el 96% del costo del gas.

Sin embargo, la primera medida del gobierno de Alberto Fernández fue congelar tarifas, intervenir los Entes reguladores y declarar en emergencia al sector energético.

El facilismo de haber congelado tarifas en un entorno de inflación creciente, no hizo otra cosa que “alimentar este nefasto sistema de subsidios”, tal como definió Kulfas en su carta de renuncia, y se transformó en un problema macroeconómico de primera magnitud.

Por lo tanto, el actual nivel de subsidios y su incidencia en las facturas de las familias no es consecuencia del COVID ni de la guerra en Europa, sino de las malas políticas de la actual administración.

El decreto deja la implementación de la segmentación en manos de los Entes reguladores, que están controlados por funcionarios que se disciplinan con distintas facciones del oficialismo, y han expresado públicamente sus diferencias respecto a este tema.

Serán estos funcionarios los que deberán identificar a los usuarios en niveles, informar esta situación a las distribuidoras para que finalmente éstas apliquen el tarifario correspondiente.

Pero además de los riesgos derivados de la cadena de mando en el Ministerio de Economía, se identifican riesgo de implementación: Las distribuidoras no fueron consultadas, ni informadas de la segmentación.

Este ultimo punto es importante, ya que al final del día serán estas empresas las que deberán enviar las facturas y recibir reclamos y consultas de los usuarios en sus oficinas comerciales.

Dudas respecto al alcance de la segmentación. 

ENARGAS tiene jurisdicción nacional, sin embargo, el ENRE (Ente regulador eléctrico) solo tiene jurisdicción en el AMBA, sobre las empresas EDENOR y EDESUR. La aplicación de la segmentación en el resto del país queda condicionada a la firma de convenios con cada una de los Estados Provinciales y Municipales ¿Por qué es importante este punto?, Porque 2/3 partes de los subsidios energéticos se destinan al sector eléctrico y por lo tanto, la segmentación solo será exitosa si logra alcance nacional.

El gobierno implementa un mecanismo “a demanda”, y por lo tanto el 90% de los usuarios del país deberán completar un formulario vía web o en forma personal en oficinas de ANSES o de las distribuidoras en las próximas dos semanas. Una situación que representa un desafío logístico, ya que estamos hablando de aproximadamente 14 millones de usuarios, que deberán empadronarse en un registro de usuarios subsidiados.

Aquellos que no ingresen en este registro perderían los subsidios, y ¿cuál sería la consecuencia? Deberán enfrentar sucesivos aumentos en las facturas en lo que resta del año para alcanzar los costos de la energía consumida. Aquellas familias que pierdan los subsidios verán multiplicadas por 3 sus facturas finales.

Pero quedan muchas incógnitas respecto a la implementación, por ejemplo:

  • ¿Cómo se considerarán los consumos comunes en edificios de departamentos?
  • ¿Existen límites a las cantidades de energía consumida por quienes acceden a tarifa social? ¿En línea con lo anterior se abandonan los criterios de eficiencia en el uso de la energía?
  • ¿Cuál será el criterio de asignación de la segmentación en Provincias y Municipios? Ya que la tarifa social eléctrica en Provincias y Municipios tienen criterios de asignación de beneficios no homogéneos.
  • El art 1° del decreto establece la vigencia de la segmentación, “a partir del mes de junio de 2022”, y luego para implementarlo requiere que los Entes emitan nuevos cuadros tarifarios. ¿estamos en presencia de una implementación retroactiva?

Estas son sólo algunas incógnitas que dejan a la vista un problema central: LA FALTA de EXPLICACION. Los funcionarios a cargo de este programa no han informado a los usuarios y este aspecto es de especial importancia ya que se trata de un servicio de alta sensibilidad social, y que genera incertidumbre en los 16 millones de hogares del país.

El gobierno parece haber  tomado la decisión de romper definitivamente un buen mecanismo como es la Tarifa Social. 

La tarifa social diseñada e implementada en 2017 identifica beneficiarios en forma automática y transparente en base a las propias bases de datos del Estado Nacional, ANSES, por ejemplo. A los beneficiarios se asigna un bloque mensual de energía en forma gratuita y un descuento en el bloque subsiguiente. De esta forma se incentivaba un consumo responsable de la energía.

Sin embargo, se lo intenta reemplazar por una clasificación discrecional en orden a sus ingresos y patrimonio declarados, asignando beneficios en función de parámetros que por ejemplo no tienen en cuenta los consumos de energía.

El gobierno enfrenta este problema a partir de una premisa errónea y quizás dogmática: “buscar a las familias de altos ingresos para sacarles el subsidio”. Toda la experiencia regional e internacional relevada al respecto muestra un criterio simple y lineal: buscar al vulnerable y ayudarlo. 

Finalmente, esta segmentación no resuelve el problema de los subsidios, ya que implica aumentos anuales de la energía por debajo de los aumentos de salarios que a su vez corren por detrás de la inflación. En el mejor de los casos, el éxito de este programa pasa por desacelerar la bola de nieve de subsidios, no por encontrar una solución al problema.

Finalmente, todo indica que la segmentación tendrá una discusión en la justicia y eso demorará su implementación o terminará suspendida como los anteriores intentos de segmentación realizados durante el gobernó de CFK y su ministro De Vido.