El invierno profundiza el problema de las tarifas energéticas.
La ley de emergencia congeló precios y tarifas hasta finales de este mes, pero ya se descuenta la prórroga de dicho congelamiento. La relación entre las facturas de los servicios y la cuarentena podemos dividirla en dos tramos.
El primer tramo, a partir del 20 de marzo con temperaturas moderadas que no afectaron sensiblemente el consumo de los usuarios residenciales. Pero si generaron un problema en comercios e industrias que con facturación comercial cero, reciben facturas con consumos estimados respecto al mismo período del año anterior. Los entes reguladores responden ordenando a las distribuidoras volver a facturar en función del menor consumo promedio de los últimos tres años, pero esto no es una solución, quizás, un alivio insuficiente.
El segundo tramo comienza con el inicio del invierno. En ese caso, son los residenciales los que verán aumentar sensiblemente sus consumos de gas y electricidad a partir de sus requerimientos de calefacción. Todavía, con gran parte de la población en cuarentena y con sus ingresos sensiblemente afectados. En particular, clases medias que no tienen acceso a la tarifa social. Es ahí donde los entes reguladores y las distribuidoras deberían estar pensando en algún mecanismo de compensación de emergencia que permita, ahora sí, pagar en función del consumo histórico promedio y permitir que los diferenciales de consumo se ajusten luego en períodos de bajo consumo y en cuotas.
