Por la pandemia, las distribuidoras de gas y electricidad cobran tan sólo 30% de lo que facturan. La política de subsidios del Estado, limitada exclusivamente a sectores vulnerables, no alcanza para evitar un colapso.
Cuando pagamos nuestras facturas de servicios, las empresas distribuidoras de gas y electricidad deben pagar a los generadores y a los productores de gas la energía consumida.
Si bien a partir de la nueva ley de emergencia económica las distribuidoras ya habían duplicado su índice de morosidad, la pandemia puso a las empresas de distribución de gas y electricidad frente a una situación extrema: en promedio cobran solo el 30% de las facturas emitidas.
Por lo tanto tendrán dificultades para enfrentar sus propios gastos operativos (pago de salarios por ejemplo) y difícilmente quede margen para pagar el gas a productores o la energía eléctrica a CAMMESA.
A su vez la morosidad en el sector eléctrico tiene efectos de segunda vuelta sobre el sector de petróleo y el gas, ya que el 60% de la energía eléctrica se genera con gas natural que es comprado también por CAMMESA, y que este último mes solo pudo pagar cerca del 20% de sus compromisos.
Podríamos decir sin equivocarnos que la cadena de pagos de la energía está prácticamente rota y que necesitara mayores subsidios del Estado para funcionar.
¿Pongámos números al posible costo fiscal? Las ventas totales de energía eléctrica se aproximan en promedio a los $ 50.000 mensuales, mientras que solo las facturas de gas de enero y febrero que las distribuidoras de gas deben pagar a productores ascienden a los $9000 millones aproximadamente. El costo fiscal será mayor si la cuarentena continua y se incluye el pico de consumo de gas en invierno.
Hasta ahora las medidas del gobierno se limitan a la exención del pago de facturas a un universo similar al que recibe hoy tarifa social y planes de pagos a grandes usuarios.
Sin embargo se impone de manera urgente un paquete de ayuda directa a pymes, clases medias y quizás el salvataje a cooperativas y a algunas distribuidoras que, de prolongarse esta cuarentena, podrían entrar en emergencia financiera en los próximos meses.
