Leandro Sánchez es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de La Plata (UCALP) y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Codirige el Laboratorio de Políticas Públicas hacia la Cuestión Malvinas que depende de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. En esta entrevista, analiza la Cuestión Malvinas más allá del reclamo de soberanía nacional y se centra en el rol del Poder Legislativo en torno al tema.
¿Qué se entiende por la Cuestión Malvinas?
Claramente, es más que un archipiélago de islas del Atlántico Sur. Es parte de una comunidad imaginada de la cual habla Anderson que tiene un valor simbólico que está muy por encima del valor político, territorial y geopolítico y que incluso tiene mayor impacto puertas adentro que puertas afuera. Es constitutiva de la identidad del argentino porque es la parte que le falta de la constitución identitaria, pero en el imaginario es tan importante que esa identidad no está completa si la soberanía no es plena sobre ese espacio. Por lo tanto, se podría decir que es un concepto que tiene un montón de significantes en pugna, dependiendo los sectores, los lugares y los actores y que nunca logra terminar de cosificarse, porque la tensión va y viene, aunque para todos los actores que lo circundan es sumamente significativo.
Por otro lado, hablar de la Cuestión Malvinas se distancia de los que la denominan Causa Malvinas, en el sentido de que la cuestión sería mucho más abarcativa que la causa, entendida como una cuestión meramente militar. Entonces, es preferente hablar de la Cuestión Malvinas, con todo lo que se va a poner dentro de ese concepto, que hablar de Causa Malvinas.
¿Y en los estudios más académicos, cuáles fueron los factores que más se han abordado del tema?
Para eso habría que dividir históricamente los estudios: el primer período recorre hasta el conflicto bélico y se han analizado distintos aspectos. Algunos vinculados al derecho internacional, es decir todos los antecedentes, las pruebas y no pruebas respecto del reclamo de soberanía, otros que tiene que ver con el valor simbólico que son los menos y algunos vinculados al impacto social, a partir del arte, de la literatura, y algo que tiene que ver claramente con la historia diplomática. El segundo período histórico inicia con el conflicto bélico y aparece otra forma de abordarlo, mucho más concentrada en lo que sucedió en el conflicto, sus consecuencias, en cómo se vieron afectados los reclamos diplomáticos. El tercer y último período inició estos últimos años y se centra en la emergencia de visiones heterodoxas sobre la Cuestión Malvinas, que estarían más vinculadas estudios sobre ex combatientes y sus familiares, estudios sobre el impacto cultural -por ejemplo, grafitis y pintadas-, estudios sobre Malvinas en los colegios y en el arte – música y literatura- y estudios sobre el rol del Congreso en el abordaje de la Cuestión Malvinas. Es decir, se diversificaron los estudios porque se entiende que Malvinas es mucho más que ese conflicto que en algún momento pareciera abarcarlo todo.
¿Qué rol tuve el Congreso en términos de política exterior para Malvinas?
En principio, constitucionalmente la política exterior es potestad del Poder Ejecutivo, por lo tanto la iniciativa en la inmensa mayoría de los casos fue del Poder Ejecutivo. En segundo lugar, en el Poder Legislativo la mayoría de los proyectos que fueron aprobados fueron iniciativas del Ejecutivo vía el Legislativo que fueron ratificados por el Legislativo. No obstante eso, es necesario un detenimiento en el tipo de proyectos. Los proyectos cambian de acuerdo al alcance coercitivo, es decir al ámbito donde el proyecto tendrá aplicación efectiva (alcance general y obligatorio a todos los habitantes del país o sólo para un sector). Los más importantes son los proyectos legislativos de ley, mientras de los de resolución o declaración tiene un valor coercitivo parcial o nulo. Dentro de los proyectos que sí tiene un alcance coercitivo total, es decir los de ley, son muy pocos los que se sancionaron desde el retorno de la democracia y la inmensa mayoría tiene como autor de ese proyecto al Poder Ejecutivo.
¿Qué diferencias encontraron en las distintas administraciones de gobierno, tanto en términos cuantitativos como en términos cualitativos, en cuanto al rol del Congreso?
Lo primero es la desmitificación de la desmalvinización. Durante el gobierno de Alfonsín, fue cuando se aprobó la mayor cantidad de proyectos, especialmente de ley, referidos la Malvinas, con tópicos muy diferentes y la inmensa mayoría vinculados a lo que tiene que ver con los ex-combatientes. Después eso fue decantando y en los últimos gobiernos, más allá de los proyectos presentados, los que efectivamente se sancionaron fueorn decreciendo. El espectro que cumple, en términos cualitativos, básicamente está vinculado a ex-combatientes, aspectos simbólicos y culturales como la creación de una moneda y de un espacio particular y, los menos, son los que tiene que ver con la política exterior en sí, como la regulación de la pesca. La mayoría de los proyectos sancionados han sido para el sistema político interno, independientemente del gobierno. Si bien es verdad que uno podría asociar o dividir todo eso en los períodos del Poder Ejecutivo, nosotros lo analizamos en términos de los períodos del Poder Legislativo, que coinciden con un Ejecutivo, y con la forma en que ese último obró. La inmensa mayoría de los proyectos del Ejecutivo son decretos porque tiene la potestad de hacerlo de esa manera. En segundo lugar, hay que ver la composición del Congreso en cada administración para mirar si tenía mayorías o no, cómo podía lograr acuerdos o no para ver si le convenía esa vía o no. En términos generales, más del 50 por ciento de los proyectos de ley sancionados, que en más de 30 años no son más de 50 proyectos, tiene que ver con el sistema político interno sobre ex-combatientes y el aspecto simbólico. El resto se divide en otras cosas y muy poquito vinculado a la política externa.
¿Qué es el Laboratorio de Políticas Públicas hacia la cuestión Malvinas y cómo funciona?
El laboratorio existe en el marco de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata y surgió bajo las expectativas y el objetivo de analizar o abordar Malvinas entendiéndola como una política pública es decir, entendiendo la política exterior como una política pública y, por lo tanto, Malvinas es una política pública, y tratando de aportar visones heterodoxas sobre el tema, es decir, estudios sobre la política educativa sobre Malvinas, la política de género vinculada a Malvinas, la identificación de los cuerpos, el rol del Poder Legislativo y otros temas. La idea es tratar de corrernos un poco del conflicto o la Causa Malvinas (la disputa de intereses de la soberanía) y concentrarnos en otras dimensiones no tan ortodoxas. A su vez, el laboratorio forma parte de una red que es la Red Federal de Estudios sobre Malvinas (REFED) que está compuesta por investigadores de muchas universidades públicas y privadas del país que intentan aportar sobre Malvinas desde una visión heterodoxa ya que la red y el laboratorio tienen una historia muy reciente -dos o tres años. A partir de jornadas, publicaciones e intercambio intentamos aportar nuevas visiones, poner en tela de juicio cosas que tal vez estaban cosificadas como la existencia o no de mujeres en Malvinas, su accionar y su rol o la vida no sólo de los ex combatientes, sino también de sus familiares. Ampliamos el espectro analizando a nivel educativo la generación de manuales, los trabajos en clase, la representación de los actos vinculados a Malvinas. Tratamos de desentrañar algunas cosas que se han naturalizado y de analizar cómo estuvieron construidas.
¿Qué expectativas generó la identificación y el reconocimiento de los soldados argentinos caídos en la guerra, que estaban enterrados en las islas, para la política exterior con Gran Bretaña?
Desde el sector asociado al oficialismo y sus asociados, creería que lo ven como una primera medida exitosa de vinculación con el Reino Unido, como un paso previo a volver a entablar un diálogo sobre la soberanía. Es decir la vía humanitaria sería un paso previo que permitiría ampliar el aspecto y generar condiciones para, en algún momento, negociar el tema de la soberanía. Desde la óptica opuesta se ve como una sesión del gobierno argentino de, por ejemplo, acuerdos pesqueros para lograr este hecho. Sin embargo, esta supuesto cesión no se terminó de concretar. Lo resaltable de la vía humanitaria es que se desarrolló un proceso exitosos a las partes y, desde mi punto de vista, ha sido muy positivo porque ha permitido subsanar algo que durante 35 años no se había subsanado, que es muy bueno y que abre la puerta a tener una agenda que lleve en algún momento a hablar de la soberanía. Esto último no debería ser excluyente de ir resolviendo otros temas.
En el informe que realizaron sobre las campañas electorales de 2015, encontraron que todos los partidos políticos que se presentaron tenían alguna propuesta en torno a Malvinas. Algunos con una propuesta más concreta, otros simplemente levantando la bandera de la soberanía nacional sobre las islas. La mayoría proponía siempre hacerlo a partir de la diplomacia. ¿Qué rol podría jugar el Congreso Nacional para la resolución del conflicto que, evidentemente, no lo está jugando?
El artículo 75 inciso 22 de la Constitución otorga potestades al Poder Legislativo en términos de política exterior general. A su vez, hay algo dentro del Poder Legislativo que es el Observatorio Parlamentario de la Cuestión Malvinas que está integrado por ciertos legisladores y académicos. Es decir, en términos generales el Poder Legislativo tiene una agenda reactiva. Siempre este último es reactivo frente a lo propositivo que es el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo tiene grupos de amistad parlamentaria y puede hacer lo que se determina “Diplomacia Parlamentaria”, es decir tiene mucho por hacer y puede hacer mucho más de lo que hace. Hay un discurso homogéneo con respecto a Malvinas y, en la práctica, los propios juegos políticos hacen que no haya una cohesión suficiente para no tener una agenda propia paralela a la del Poder Ejecutivo o no respecto del reclamo. Cancillería establece concretamente que los legisladores pueden opinar lo que quieran siempre y cuando no sea en contra de la política exterior oficial, que es la que hace el Poder Ejecutivo. Y esto por una cuestión de preeminencia porque nuestro país es presidencialista. No obstante eso los legisladores individualmente o como cuerpo pueden tener su propia posición y hacer su propio planteo y propuestas que, hasta ahora, no las ha habido. En términos de que esas propuestas se traduzcan en algo práctico, hay muchos proyectos de resolución o de declaración muy interesantes pero que no han tenido por número o por juego político el apoyo suficiente para transformarse en algo que realmente pueda establecerse en la práctica. Termina siendo todo meramente declarativo. Pero el Poder Legislativo tiene un rol enrome en esto para construir en muchos lugares. Sin ir más lejos, el miércoles pasado el Congreso de la Nación en la Cámara de Diputados le dio un reconocimiento a la comisión de familiares, al Equipo Argentino de Antropología Forense, a la Cruz Roja internacional, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y, la semana pasada, se lo dio a Geoffrey Cardozo, el militar británico que permitió que todo esto tuviera lugar. En este reconocimiento estuvo el embajador británico. Hay muchas cosas que se pueden hacer en conjunto y que el Poder Legislativo puede hacer para trazar puentes. Nuevamente, esto va a estar sujeto a un juego político oficialismo-oposición y a una superposición de intereses. Habrá que ver hasta dónde son capaces de llegar y cuántas voluntades pueden juntarse. El rol del Congreso está infra-utilizado, de acuerdo a lo que la Constitución le otorga como competencia: de acuerdo a lo que puede hacer, termina haciendo mucho menos.
