jueves 30 de mayo de 2024
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Trump: regulaciones para afuera, desregulaciones hacia adentro

La administración de Donald Trump, aprovechó el receso invernal para dar marcha atrás con  regulaciones medioambientales impulsadas por su antecesor, Barack Obama. Las medidas, muy poco comentadas por  los medios, afectan las áreas de energía, minería y transporte.

El caso de la minería es revelador de la insistencia en políticas de desregulación sin re-regulación, lo que deviene en un permiso depredatorio de los recursos naturales y fiscales. Con una de esas medidas, Trump habilitó aquello que Obama había vedado: la renovación del arriendo de casi 95.000 hectáreas con las mayores reservas mundiales de cobre y níquel, en tierras que bordean el refugio medioambiental Boundary Waters Canoe Area Wilderness, al norte de Estados Unidos, protegido desde 1926. La medida favorece a la empresa Twin Metals Minnesota, una filial del gigante minero chileno Antofagasta PLC, controlado por el multimillonario Andrónico Luksic Craig.

Además, Trump, redujo por decreto el tamaño de dos parques nacionales en Utah, la mayor reducción practicada por un gobierno en la historia de los EE.UU. Los monumentos de Bears Ears y Grand Staircase-Escalante se achicaron en poco más de 800.000 hectáreas con lucrativos depósitos de carbón y uranio.

Los hombres de negocio conservadores aplaudieron la noticia, argumentando que los monumentos –similar a parque nacional– infringían la capacidad de aprovechar al máximo los recursos inexplotados. Por su parte, el gobernador de Utah, el republicano Gary Herbert, aseguró que evitará que el achicamiento del monumento perjudique las “oportunidades de turismo y viajes, la agricultura y la ganadería de los residentes locales, para uso múltiple”, algo poco creíble.

Por acción de una ley federal más antigua que el propio Estado de Utah, las mineras podrán extraer recursos por un puñado de dólares, cosechando enormes ganancias en tierras del gobierno federal. Sin estatus de monumento nacional, estas tierras se rigen por la Ley General de Minería de 1872, una legislación vetusta de la época de la fiebre del oro. Bajo su imperio, los mineros originalmente podían reclamar tierras colocando estacas o pilas de rocas alrededor de un territorio deseado, presentando un reclamo en la Oficina de Administración de Tierras y pagando una tarifa máxima de 5 dólares por acre (0,4 hectáreas).

Tal vez esas tarifas fueran un precio justo en 1872, aunque, a todas luces, no lo son ahora. La ley no exige que los mineros paguen regalías, el método que el gobierno suele utilizar para recaudar dinero por los recursos extraídos. En otras palabras, las compañías de extracción esencialmente obtendrán recursos mineros gratis.

Ha habido muchos intentos durante el último siglo y medio para enmendar la legislación. En 2007, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para poner fin a nuevas patentes mineras en virtud de la Ley de 1872 e imponer pagos de regalías sobre las existentes, pero fue cajoneada en el Senado. En 2009, el senador demócrata por Nuevo México, Jeff Bingaman, volvió a intentar imponer el pago de regalías para los minerales de roca dura –el gas y el petróleo sí pagan– pero sin éxito. Más de 150 años después de que la Ley General de Minería entrara en vigencia, las mineras aún no pagan casi nada por la explotación en tierras federales.

Pero existe otro factor que transforma esto en un colmo. No sólo no ingresan a las arcas del Tesoro las regalías, sino que de esas arcas hay que erogar 85 millones de dólares por año en un programa de limpieza de, aproximadamente, 500.000 minas abandonadas a lo largo de los EE.UU.

Ecologistas, demócratas y representantes de tribus afectadas tienen la esperanza de que los tribunales revoquen la decisión de Trump. Numerosos grupos están demandando al gobierno por reducir el tamaño de estos monumentos nacionales, lo que probablemente retrasará la actividad minera durante algún tiempo. Por otro lado, los mineros también podrían perder el interés en el uranio cuyo precio se ha derrumbado. Pero incluso si esos casos judiciales logran revertir la decisión de Trump, eso no cambia el hecho de que los estadounidenses ya están perdiendo millones de dólares en recursos naturales no compensados cada año.

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