miércoles 11 de diciembre de 2024
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Si hay armas, hay muerte

Nikolas Cruz, el joven que masacró a sus antiguos compañeros de la secundaria Marjory Stoneman Douglas de la localidad de Parkland al sur del estado de Florida, llevó a cabo su loco plan porque el acceso a las armas en ese país es sencillo y cotidiano. El joven perturbado es responsable, pero existe un contexto que facilitó su acción.

Cientos de fusiles de asalto AR-15, como el que utilizó Cruz, se exhiben hoy en la expo armas, a una hora del colegio que acaba de ser escenario de la demencia. Se trata del Florida Gun Show que se celebra, como todos los años, en Miami y que sus promotores anuncian a tambor batiente.

El senador demócrata por Connecticut, Christopher Scott Murphy dijo en el Congreso: “Esta epidemia de matanzas masivas, este azote de balaceras de escuela en escuela solo sucede aquí no por coincidencia, no por mala suerte, sino como consecuencia de nuestra inacción. Somos responsables de la atrocidad masiva que ocurre en este país sin paragón en cualquier otro lugar del mundo”.

Murphy ha sido partidario activo de la legislación de control de armas durante años, representando al Estado donde ocurrió el tiroteo en la Escuela Primaria Sandy Hook,en 2012, en el cual veinte niños fueron muertos por las balas de una AR-15. Murphy comenzó su discurso el miércoles pasado destacando que “esto no sucede en ningún otro lugar que no sea Estados Unidos”.

Según la organización “Gun Violence Archive”, ya han muerto en los EE.UU. más de 1.900 personas por heridas de bala en los casi dos meses de este año 2018.

En países de cultura anglo sajona, tales como Australia y el Reino Unido, que en el pasado fueron escenarios de tragedias similares, el problema fue abordado mediante políticas públicas que combinaron leyes que restringieron severamente la tenencia y la portación de armas, además de promover el retiro de circulación de armas automáticas en manos de civiles.

En 1996, en Port Arthur, Australia se registró la última y más grave matanza de este tipo, a manos, aparentemente, de un esquizofrénico llamado Martin Bryant. A partir de ese episodio todos los Estados australianos –a instancia del gobierno Federal– restringieron la propiedad legal y el uso de armas automáticas, al tiempo que hicieron más rigurosos los controles sobre los tiradores deportivos y recreativos.

El gobierno inició un esquema obligatorio de “adquisición” de armas que le costó al Estado unos 350 millones de dólares. Unas 643.000 armas de fuego fueron entregadas bajo este programa. Los medios de comunicación, los activistas, los políticos y algunos familiares de las víctimas hicieron una gran campaña favor de estas medidas. Luego de diez años de las restricciones, los homicidios por arma de fuego habían caído 59%.

Ese mismo año de 1996, en la ciudad escocesa de Dunblane, Thomas Hamilton entró en un instituto primario y mató a 16 niños y a su maestra –allí salvó su vida el entonces niño Andy Murray– produciendo la mayor masacre de este tipo en el Reino Unido.

De la matanza surgió la determinación de hacer algo para evitar la repetición de una tragedia de ese tipo. Se inició una campaña para prohibir la posesión privada de armas de fuego. Los movimientos civiles reunieron 700.000 firmas y las leyes cambiaron. Los legisladores abocados a la solución vieron la correlación directa y positiva entre la disponibilidad de armas de fuego y el número de personas muertas a tiros. Después de los sucesos de Dunblane se llevó adelante un plan similar al australiano. Se destinaron 250 millones de dólares para que el gobierno adquiriera armas y municiones en manos de civiles y hasta se prohibió la caza deportiva en todo el territorio del Reino Unido.

En los últimos diez años, los crímenes con armas de fuego en Escocia se han reducido en un 75%, de acuerdo a los datos del gobierno de ese país.

Hoy, el gobierno de Donald Trump, pone el acento en la salud mental del portador de armas, es decir, lo consideran un problema individual y no colectivo. La razón de esta forma de pensar es que la Segunda Enmienda, cuya derogación sería harto difícultosa –tras la cual se escuda una enorme industria armamentista–  limita cualquier política pública como al aplicada en los casos de Australia y el Reino Unido. Las respuestas son individuales: mochilas antibala para los niños, prohibición de venta de aceleradores de disparo de armas automáticas, etc. El propio Trump ha sugerido armar a los maestros.

Los jóvenes sobrevivientes de la masacre y sus familias han iniciado un movimiento para poner fuertes controles a la tenencia y portación de armas. Ese grupo, aún pequeño, acaba de convocar a marchar en todo el país el 14 de marzo, en conmemoración del primer mes de la matanza en Parkland e invitado a sumarse a toda la ciudadanía a una protesta masiva el 24 de marzo en Washington, una fecha cara para la historia argentina.

Personalidades como Steven Spilberg, la ascendente Oprah Winfrey y George Clooney ya anunciaron una donación de medio millón de dólares cada uno para apoyar esta protesta en la capital, denominada “Marcha por nuestras vidas”. Durante el gobierno de Barak Obama, la legislación limitante de armas no prosperó, no parece que la administración de Trump sea el ambiente más propicio para que ahora suceda.

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