Las dolorosas imágenes del 1-O inundan el mundo. Una convocatoria desprolija, la elección sin controles mínimos, enmascarados que zamarrean viejitas, policías que reparten garrote con entusiasmo. Gobernantes desentendidos de las consecuencias de sus actos. Un partido de fútbol con menos público que un desafío de barrio (¡el Barcelona de Messi!) y otro (el estadio del Real Madrid) rebosante de banderas españolas vividas en Cataluña como la ratificación que quieren ponerles el pie encima.
Primera lección: no ofender al otro.
Todo esto puedo haberse evitado. La estupidez de confundir temas políticos con cuestiones administrativas. La política no debe acudir a los tribunales. Los tribunales no deben reemplazar los acuerdos de la política, que reflejan la voluntad popular.
Segunda lección: en una democracia, la política –que emerge del voto– es la fuente originaria del Derecho.
Un problema de la hostia. Castilla y Aragón. La historia, las mil y una guerras, disputas, reyertas e invasiones, la lucha en el Mediterráneo y las prohibiciones a Indias, los acuerdos y lazos, las traiciones y amores cruzados. La posibilidad de un referéndum consensuado. El espacio a los catalanes anti-separatistas. O los costos materiales de la independencia. Las mayorías adecuadas. De todo esto debía haber hablado y resuelto la política. Y lo había hecho, pero…
El Estatuto de (casi) todos
El capítulo empezó hace una década. Cataluña no era gobernado por partidos independentistas ni regionalistas, sino por el PSOE (a través del PSUC). Gobernaba Pasqual Maragall, reemplazado luego por José Montilla, el andaluz nacido en Iznájar, una aldea cordobesa. Otro símbolo.
El 30 de septiembre de 2005 el Parlamento de Cataluña aprobó la reforma del Estatuto de autonomía. Una negociación de un año y medio entre los tres partidos –Partir dels Socialistes de Cataluña (PSC), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) e Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA)– que apoyaban al gobierno de la Generalitat y por el principal partido de la oposición Convergencia i Unió (CiU). El Partido Popular votó en contra.
El gobierno socialista de Rodríguez Zapatero no está de acuerdo, pero no bloquea la decisión. Inicia una negociación. Y llega a un acuerdo con Artur Mas. Así lo contó El País: “El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de CiU, Artur Mas, alcanzaron a medianoche un ‘acuerdo global’ sobre el proyecto de Estatuto de Cataluña. La reunión, celebrada de forma secreta en La Moncloa, se prolongó durante seis horas, y en el curso de la misma tanto Zapatero como Mas conversaron telefónicamente con el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida. Zapatero almorzará hoy en La Moncloa con el presidente de ERC, Josep Lluís Carod Rovira, y el portavoz de este partido en el Congreso, Joan Puigcercós. Por la tarde se reunirá con el líder de ICV, Joan Saura. Zapatero calificó de acuerdo histórico el logrado con Mas sobre el Estatuto y expresó su satisfacción, según colaboradores de su entorno. Fuentes próximas a la negociación manifestaron que el acuerdo global de Zapatero y Mas recoge como novedad algunos aspectos sobre los dos puntos más conflictivos de la negociación, la financiación autonómica y el término nación. En cuanto a la financiación, Zapatero y Mas acordaron que en dos años habrá una agencia tributaria única consorciada en Cataluña, aunque sin especificar su desarrollo. Adelantó a los dirigentes socialistas reunidos que el resultado del Estatuto de Cataluña integrará mejor Cataluña en España. En cuanto al PP, señaló que la gran mayoría de los españoles debe saber que si no está en el proceso de negociación de la reforma del Estatuto de Cataluña es porque su estrategia es otra” (Luis Aizpeolea, El País, 22 de enero de 2006).
El Pacto Zapatero-Mas eliminó competencias del Estatuto, como la gestión de “las infraestructuras de telecomunicaciones situadas en Cataluña”, la posibilidad de expedir licencias para conducir vehículos, la “selección de trabajadores extranjeros en sus países de origen con destino a Cataluña” o la gestión del aeropuerto de Barcelona, una de las principales reivindicaciones de los partidos catalanes. También fueron suprimidas la “autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum” y las selecciones deportivas catalanas.
Marzo de 2006. El Pleno del Congreso de Diputados aprueba la reforma del Estatut con 189 votos a favor (PSOE, CiU, PNV, IU-ICV, CC-NC y BNG), 154 en contra (PP, ERC y EA) y dos abstenciones (CHA y Nafarroa-Bai). El 10 de mayo el Pleno del Senado lo sanciona con 128 votos a favor (PSOE, CiU, PSC, ICV, PNV, CC, IU y BNG), 125 en contra (PP) y seis abstenciones (ERC, PAR y EA).
El nuevo estatuto se somete a referéndum en Cataluña el 18 de junio de 2006. Es plebiscitado por el 72,9% de los votos. El 9 de agosto entra en vigor el nuevo Estatut. Todo parecía resuelto.
Sin embargo, el PP acude al Tribunal Constitucional con un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Estatut al que califica de “Constitución paralela”. Impugna 128 de los 223 artículos del Estatuto. El PP tiene una visión centralista. Sus votos en Cataluña son pocos y sus seguidores en el resto de España celebran los mandobles contra el separatismo, sea vasco o catalán. Y reclaman contra nuevas concesiones a Cataluña.
El PSC ve el peligro. Acusa al Partido Popular de actuar con “falta de respeto hacia los catalanes” que habían aprobado el nuevo Estatuto en referéndum y de “menosprecia” la idea de la “España plural”. Por su parte ERC advirtió que si el Tribunal Constitucional aprobaba el recurso, el nuevo Estatuto “quedará todavía más lejos de satisfacer las necesidades de Cataluña y evidenciará que es necesario otro marco constitucional que respete nuestros derechos”.
La cola de la justicia
El Tribunal Constitucional nunca debió haber intervenido. Su sapiencia está en el marco del derecho, las leyes y la Constitución. Es imposible forzar administrativamente un gravísimo problema de Estado que sólo puede resolver la acción política. Para colmo, estos jueces están tan metidos en visiones ideológica que hay impugnaciones y recusaciones cruzadas, bloqueos parlamentarios para evitar nuevas designaciones y otras lindezas. Con un bloque conservador y otro progre.
Después de cuatro años de deliberaciones, el Tribunal Constitucional recorta 14 artículos del Estatut y somete a interpretación otros 27. Reitera la “indisoluble unidad de la nación española, consagrada en la Constitución”. Los conservadores ganan.
Todo se cae: los acuerdos políticos, las discusiones del Estado central y el estado regional, las decisiones del Parlamento, el voto popular libremente emitido. Cuando la ley destruye la política, la legitimidad puede disolverse. Otra lección.
CiU hizo público un comunicado en el que calificó la situación de gravísima. “España ya ha dictado sentencia”, afirmó Felip Puig, secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña. Por su parte el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, Joan Puigcercós, la tildó de “estocada mortal” y vaticinó el crecimiento del independentismo catalán dado que una parte significativa de la ciudadanía de Cataluña “no cabe en la Constitución” española.
El Presidente socialista de la Generalidad José Montilla se indignó con el fallo y emplazó al presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a que “rehaga” los cimientos del Estatuto y consiga por la vía del pacto lo que el Constitucional ha truncado. “No nos conformamos, queremos el Estatuto íntegro”, afirmó, y a continuación hizo un llamamiento a todos los catalanes para que muestren su rechazo a la sentencia “masivamente” en una manifestación convocada para el 10 de julio. “Andemos juntos unidos todos los que queremos el país. Demostremos que somos una nación y somos un solo pueblo”, dijo.
La Vanguardia, el principal diario de Barcelona, preguntó a sus lectores cuál debería ser la respuesta catalana al recorte del Estatut. El ochenta y seis por ciento de los encuestados contestó Proponer la autodeterminación. Votaron más de setenta mil catalanes, según el periódico.
El 10 de julio de 2010 una inmensa manifestación en Barcelona –entre las mayores de la historia– repudia la sentencia del Tribunal Constitucional. Las juventudes de Convergència Democràtica desplegan una gran pancarta: Catalonia is not Spain. Participan las fogosas organizaciones culturales catalanas (casi un millar), además de los socialistas junto con todos los partidos catalanes a excepción del Partido Popular y de Ciudadanos. El lema dominante: Som una nació. Nosaltres decidim (“Somos una nación. Nosotros decidimos”).
Por primera vez las banderas independentistas fueron mayoritarias. Sólo un ciego podía no ver lo que se venía. Los catalanes devolvieron el poder a un partido regional. Las elecciones del 28 de noviembre de 2010 consagraron a Convergència i Unió. Artur Mas fue investido presidente.
Un año después, la victoria del Partido Popular lleva a la presidencia del gobierno español a Mariano Rajoy. El mismo que, como líder opositor, ha torpedeado el Estatut.
Los catalanes lo advirtieron. El 11 de septiembre de 2012 otra enorme Diada se movió por la independencia de Cataluña. El presidente Artur Mas convocó unas nuevas elecciones, confiando en una posible mayoría absoluta para convocar un referéndum por la autodeterminación de Cataluña. Mas consiguió llegar a un acuerdo de gobernabilidad con ERC. Este acuerdo dio lugar a la convocatoria de un referéndum por la autodeterminación de Cataluña en 2014. Otra vez los tribunales se oponen.
El 27 de septiembre de 2015 se celebraron elecciones autonómicas que las fuerzas independentistas denominaron “plebiscitarias”. Produjeron la ruptura de CiU y la integración de CDC y ERC en una coalición llamada Junts pel Sí, ganadora de las elecciones pero sin mayoría absoluta. Las dos nuevas fuerzas emergentes de Cataluña fueron Ciudadanos (primera fuerza de la oposición por delante del PP y PSC) y CUP (llave de la gobernabilidad en el nuevo Parlament). Desaparece la hegemonía de Convergència i Unió, la fuerza de la burguesía catalana que había ganado, con Jordi Pujol, todas las elecciones desde 1980 hasta 2003, seis mandatos consecutivos.
Luego, lo que hemos visto…
La última lección
La flexibilidad no ha sido el fuerte de Castilla. Olvida que una de sus hazañas militares –la conquista del inmenso imperio azteca por Hernán Cortés– fue posible por la habilidad y valentía de sus tropas, pero sobre todo por la astucia de haber unido a muchas naciones indígenas contra la opresión azteca. Su victoria se debió a la alianza con los indios. Con la mayoría de los indios…
En medio de tanto error, una lección de España a la Argentina.
El lunes 2 de octubre de 2017 los jefes políticos se reunieron con las Juntas Ejecutivas de sus respectivos partidos. El Partido Socialista Obrero Español, Ciudadans, Podemos. Incluso el Partido Popular oficialista tuvo una reunión. La postura del oficialismo se discutió dentro del Partido Popular, y no dentro del gobierno monocolor. Esa comprensión de la democracia interna y del contenido profundo de un sistema republicano. No las de las partes –que al reconocerse tales, evitan la tentación totalitaria de suponerse el todo–.
En cambio, la Generalitat tuvo, hasta donde se sabe, reunión de gobierno. Es otra mirada. Convencida que vive un momento fundacional, lo que define es el Estado y no las partes. Como consecuencia, no hay espacio ni para el debate interno de cada fuerza. Y tampoco para los que piensan distinto. Ahora o nunca.
Ese diálogo y debate de los partidos nacionales españoles debe abrir el camino de la negociación. Si es que todavía queda margen. La Generalitat y La Presidencia del Gobierno, cada uno con su monserga, han cavado sus trincheras, cada vez más profundas. Hay poco espacio para ser flexibles. En la Argentina le decimos la Grieta…
