Como las golondrinas, cada tanto vuelven a Buenos Aires las tomas de los colegios (que ahora empiezan a ser levantadas). Para los alumnos, hay mucho de hábito y hasta de deber. Cambian los desencadenantes y también los contextos. Pero queda un problema recurrente: la dificultad de las escuelas de gestión estatal para procesar razonablemente los conflictos.
Este año el disparador de las tomas ha sido una reforma educativa presentada de manera confusa y quizás inoportuna. De todos modos, los militantes estudiantiles, como los sindicatos docentes, tienen una aversión visceral por las reformas: cualquier cambio ha de ser para peor. Desgraciadamente, no les falta algo de razón, a juzgar por anteriores experiencias reformistas, encaradas con buena voluntad, arrogante y jacobina, que condujeron a verdaderos desastres, como en la provincia de Buenos Aires.
Aun así, cuesta entender que esta reforma suscite tamaña reacción. Las propuestas didácticas no sólo son antiguas y conocidas, sino que ya están incorporadas a las buenas prácticas de muchos docentes. El movimiento de la Escuela Nueva, de principios del siglo XX, inspiró el Plan Dalton de estudio por proyectos; el “docente orientador” es un tópico en la historia de la didáctica, de Sócrates a María de Montessori. En muchos colegios es usual coordinar las materias afines en torno de proyectos conjuntos, aunque con mesura y prudencia, y sin renunciar a la especificidad del saber disciplinar. En cuanto a enseñar a pensar, es lo que hace cualquier buen profesor, que no prescinde de la transmisión de los saberes acumulados. Quien no enseña a pensar es el docente mal formado e ignorante.
Con las pasantías los argumentos son más doctrinarios, más demagógicos y, sobre todo, mas viejos. Ni limpiar pisos, ni empleos basura ni aumentar el ejército industrial de reserva y la plusvalía. Demasiada artillería teórica para lo que, más modestamente, es una primera y valiosa incursión en el terreno laboral.
La reforma propuesta no justifica tamaño empeño. Pero resultó una buena excusa para movilizarse y sumarse a un estado social de agitación que hoy está a flor de piel. Aunque se adivine la mano de un kirchnerismo que se juega su supervivencia, no es necesario creer en conspiraciones para relacionar movilizaciones, cortes de calles y tomas de edificios o de tierras. Hay un clima, un contagio y un discurso que ampara y unifica todas las protestas, en el que el caso Maldonado y las pasantías son expresiones del neoliberalismo dictatorial.
Los colegios tienen sus especificidades. Participar alguna vez en una toma está tan incorporado a la cultura estudiantil como los festejos violentos del fin de clases. Dados un cierto clima y un tema movilizador, los militantes más profesionales tienen entre sus compañeros una base para hacer sus primeros palotes organizativos y atraer nuevos reclutas.
Todo esto es historia conocida. La novedad de las últimas décadas ha sido la incorporación de un nuevo contingente de activistas: los padres. Hoy proliferan los que discuten violentamente con los docentes por las calificaciones de sus hijos, hasta el punto de que se ha creado una nueva figura penal. En las tomas emerge otro costado: la militancia a través de los hijos. Los padres se suman a las movilizaciones, alientan y acompañan a sus hijos y se incorporan a las asambleas. Su participación es decisiva, por lo que hacen -comportarse como adolescentes- y por lo que no hacen -ser adultos-.
Cuando todo esto se conjuga, en los colegios se reproduce una dinámica bien conocida en la vida universitaria. Asambleas unánimes guiadas por minorías activas, que a mano alzada toman decisiones en nombre de “los alumnos”. Suelen ser pocos, pero el resto acata lo resuelto por sus compañeros. De ese modo, a la hora de decidir, la asamblea habla por todos; en cambio, a la hora de las responsabilidades, nadie es imputable.
Parafraseando a Lenin, es una enfermedad juvenil, pasajera, que hasta tiene frutos positivos: así se formaron muchos de los mejores dirigentes políticos. ¿Donde está la especificidad, hoy y aquí? En la escuálida capacidad que tiene la institución escolar para procesar estas previsibles alteraciones y evitar que lleguen a su extremo crítico y destructivo. En el centro del problema y de su solución no se encuentra la transformación didáctica. Quizá llegue a estarlo, pero antes hay mucho camino por andar. Por ahora, lo más probable es que cualquier cambio sustancial termine convirtiéndose en un Frankenstein, como ya ocurrió en los años 90.
La escuela tiene muchos problemas cuyas soluciones son de largo plazo. Pero en lo inmediato hay uno serio y urgente: el deterioro generalizado de la institución escolar, que opera cotidianamente y se revela de manera desnuda durante las tomas. Entonces se manifiesta sin disimulos la debilidad de la figura del rector o director, quien en definitiva tiene que afrontarlas. Hay instancias previas, como los consejos de convivencia, que son una sabia iniciativa democrática. Pero cuando se llega a la asamblea y a la toma, todo esto se esfuma y queda él, solo, frente al problema.
Allí se notan las diferentes capacidades personales: la convicción, la entereza, la habilidad y hasta el interés, pues muchos optan por lavarse las manos. Algo que no ocurre en los colegios privados, donde a la vez el espíritu sarmientino suele anidar en los rectores propietarios.
La pérdida de autoridad legítima de docentes y autoridades forma parte de un problema del país. Según varios estudios, los argentinos afirman creer en la ley y a la vez estar dispuestos a transgredirla cuando va en contra de sus intereses o convicciones. Desde hace 20 o 30 años las autoridades políticas suelen hacer lo mismo: acomodan a la situación sus normas y protocolos, y hasta sacrifican a sus rectores para calmar los ánimos. Incluso la Justicia se pliega al sentir de la mayoría ocasional: hoy un juez sostiene que la toma de un colegio es un derecho constitucional.
Sin respeto por la ley no hay instituciones. La última dictadura inició su demolición, con la represión clandestina -en la que nadie es responsable- y la corrosión de la ética del funcionario. Desde 1983, en democracia, se completó este derrotero, con la exacerbación del principio de los derechos, la ignorancia de los deberes y la descalificación como “autoritario” de cualquier principio de autoridad. En el medio de este proceso, los rectores de colegios estatales son actores pasivos de un proceso de derrumbe que nadie se propone realizar, pero al que todos contribuyen, seguramente con buena voluntad, de la que está empedrado el camino al infierno.
Las tomas se están levantando, la reforma didáctica quizá pase a segundo plano, la vida pública se tranquilizará y volverá la calma. Pero los alumnos sabrán un poco menos, los colegios estarán peor, en lo material y en lo moral, y el año que viene, o el otro, se reanudará el ciclo. La reforma didáctica puede ayudar, pero el balance que dejan las tomas es otro: la madre de todas las batallas está en la reconstrucción institucional.
Publicado en La Nación el 26 de septiembre de 2017.
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