¿Qué estaría pasando si hubiera ganado Daniel Scioli? A medio camino entre fantasía y realidad, la historia contrafáctica de la Argentina se atisba en la actual situación venezolana.
El kirchnerismo tuvo un mérito: aceptó la derrota. A regañadientes, pero aceptó. La desprolijidad del no traspaso formal, la siembra en el aparato estatal y los intentos desestabilizadores posteriores van al debe. Con esas fallas y todo, perdieron y se fueron.
Los chavistas no.
Cuando un amigo se va
La estructura de poder está crujiendo en Caracas. No sólo por la creciente fuerza opositora, sino por las grietas que comienzan a expresarse, señal que algunos oficialistas empiezan a resignarse. Hasta acá hemos llegado.
El canal Globovisión –comprado por un empresario chavista en 2013 y alineado desde entonces con el régimen– está virando. El martes 11 de abril, su telenoticiero Primera Página arrancó con un twitter del Defensor del Pueblo cuestionando a la policía chavista por rociar una marcha opositora con gases tóxicos desde un helicóptero. Los periodistas recordaron que por la Constitución “se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas” (artículo 68). Y que la ley pena con seis a ocho años de prisión a quienes tiren tales elementos desde el aire.
Otra noticia en Globovisión: Maduro anuncia la convocatoria (sin fecha) a elecciones regionales que fueron suspendidas por él mismo el año pasado. “Lo que diga Nicolás Maduro no tiene ninguna credibilidad”, contesta un líder opositor desde la pantalla que se aleja de un régimen al que ve exhausto.
El descascaramiento del régimen viene de largo. Como siempre, una metida de pata oficialista aceleró la descomposición. Fue el Tribunal Superior de Justicia al suspender el funcionamiento del Congreso. El fallo –por llamarlo de algún modo– “advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga”.
El mamarracho provocó tal repulsa que el oficialismo se agrietó. Los moderados ganaron. Expresión de esa marcha atrás, la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Acusó al Tribunal Supremo de Justicia de “varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución”.
El obispo Diego Padrón disparó: “el gobierno, a través del Tribunal Supremo de Justicia, sustituye a la Asamblea Nacional, expresión de la soberanía del pueblo, por siete magistrados. Eso constituye un golpe de Estado judicial, un delito. Es como si alguien da un golpe de Estado y sustituye al poder ejecutivo por un poder militar o por un cacique. Lo que quiere la Iglesia, en primer lugar, es la toma de conciencia de la población de este hecho extraordinariamente importante, gravísimo, esta anomalía dentro de la vida política del país. Pero no es fácil que tomen conciencia porque están ocupados en buscar la comida o los remedios”. Padrón, quien preside la Conferencia Episcopal Venezolana concluye: “es una guerra aunque no esté declarada. Es un conflicto permanente”. Y llama a la desobediencia civil.
La respuesta oficial resultó patética. El jueves 6 de abril, por cadena nacional, el vicepresidente Tarek El Aissami “explicaba” al presidente Maduro de qué modo el acto opositor había intentado dar un golpe de Estado. Cuatro encapuchados y muy modestas quema de gomas eran presentadas como las barricadas de la comuna de Paris.
Liviano y bisoño, el flamante vicepresidente (asumió en enero último), rodeado de hieráticos generales –su presencia era un gesto, su inmutabilidad también– demostró desconocer las reglas mínimas de la comunicación. Trataba de descalificar las concentraciones opositoras pero sólo lograba enaltecerlas, en tono que buscaba firmeza pero trasmitía inseguridad. Si el mensaje era al frente interno, sobraron los errores.
Si, en cambio, pretendía influenciar al resto del mundo, exhibió un sorprendente desconocimiento sobre lo que la opinión pública internacional (incluyendo la sudamericana) considera aceptable. Un ejemplo: un diputado convocó por mail a siete puntos de concentración para las manifestaciones opositoras. El vicepresidente lo reprodujo, con indignación, marcando que era una marcha no autorizada por el gobierno. Creyó que el argumento descalificaba al diputado y no advirtió que sólo descalificaba a su gobierno por no permitir una concentración política de la oposición.
Maduro, por su lado, intentó burlarse de Henrique Capriles, gobernador de Miranda y candidato del sector moderado. “La locapriles”, dijo, vulgar. Pero le teme. A tal punto que el régimen pretende inhabilitarlo para ocupar cargos ¡por quince años!
La tensión en el oficialismo es evidente. ¿Negociar mientras hay fuerza o aguantar esperando un milagro? Un sector –Diosdado Cabello o el mismo vicepresidente– no tienen retroceso: acusados de delitos, suponen que su destino es el poder o la prisión. Pero otros saben que mientras más tiempo pase, menos cartas conservarán para negociar la retirada.
La prudencia cubana
Venezuela integra el ALBA junto con Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Los miembros llegan a once contando las islas Antigua & Barbuda, Dominica, Grenada, St. Kitts & Nevis, Saint Lucia, St, Vicent and the Granadines. Seis países que suman, apenas, unos seiscientos mil habitantes.
Ideado por Fidel Castro, Cuba lograba con ALBA un cinturón de solidaridad y protección política, además de acuerdos beneficiosos. Exportaba lo que tiene en calidad y buen número –médicos y maestros– a cambio de unos 96.000 barriles diarios de petróleo.
ALBA reunió hace horas en La Habana su Buró Político y respaldó a Maduro. Sin embargo, el estilo del documento evita la convocatoria a acciones de fuerza. Por el contrario, su enjundiosa verbosidad caribeña es un llamado a la paz. Más allá de la obligatoria crítica a la decisión de la OEA y de su secretario general, el ALBA marca un apoyo modesto: “Reconocemos los denodados esfuerzos del gobierno del Presidente Nicolás Maduro Moros y sus esfuerzos personales por impulsar el diálogo nacional y disolver diferencias. Apreciamos la capacidad de resistencia del bravo pueblo venezolano y la unión cívico-militar, baluartes del ideario emancipador bolivariano”.
El XV Consejo Político del ALBA termina así: “reafirmamos que la unidad y los esfuerzos mancomunados nos permitirán enfrentar, en mejores condiciones, los desafíos de toda índole que amenazan a la región. Es impostergable luchar y defender una Latinoamérica y Caribe unida en su diversidad en la que prevalezcan el respeto, las relaciones de amistad y cooperación, como establece la Proclama de la América Latina y el Caribe como Zona de Paz”. Como puede advertirse, un ruego por la coexistencia.
Los cubanos ven que su política de distensión con Estados Unidos pende de un hilo y que Trump no es Obama. El bajo perfil de La Habana marca la prudencia del país que tiene mayor claridad geopolítica, el verdadero inspirador y conductor del ALBA.
De víctimas a victimarios
El mismo martes 11 el oficialismo se concentraba para conmemorar su victoria contra el complot que detuvo a Hugo Chávez antes de un contragolpe exitoso. El intento es obvio: vincular el golpe de 2002 con la situación actual.
Por suerte, aquel golpe anti-democrático fracasó. Fue por la movilización popular y la decisión de la mayor parte de los regimientos. Un Chávez fortalecido regresó al poder. Los golpistas de 2002 favorecieron un derrotero más autoritario. El 10 de mayo de 2002 participé en una mesa redonda sobre ese golpe. Denuncié el papel de los medios en la conjura contra Chávez. A tal punto que, cuando parecían victoriosos, los medios golpistas eliminaron de sus pantallas las imágenes de las marchas chavistas. Habían decidido “no dar informaciones que puedan perturbar la armonía de la sociedad venezolana”.
Hoy, quince años después, la situación es inversa: es el chavismo el que posee todas las cadenas de televisión, el que oculta a la oposición, el que manipula. Víctima del golpismo en 2002, el chavismo devino golpista en 2017.
¿Qué le ha pasado a un régimen que pasó de defender la legalidad a violarla? ¿De víctima de un golpe a golpista él mismo? Muy sencillo. Una deriva que condujo el proceso al estancamiento primero, el fracaso después y la pérdida de sus mayorías hoy. No puede convocar a comicios porque no quiere dejar el poder.
Los golpistas de 2002 y 2017 comparten su desprecio por la voluntad popular. Como no pueden ganar, acuden a la fuerza, los medios y la manipulación.
Hipocresía de Caracas a Buenos Aires
Como queda dicho, los opositores encapuchados son filmados y reproducidos una y otra vez por la prensa chavista para demostrar el carácter golpista de la oposición (en su primera edición, el jueves 6, no pudieron mostrar más de cuatro manifestantes intentando un muy precario amontonamiento que pareciera barricada).
Los chavistas argentinos –es decir, el kirchnerismo– despotrican contra tales encapuchados anti-chavistas pero reivindica a los encapuchados de la Nueve de Julio porteña.
Simétricamente, ciertos argentinos aplauden los piedrazos de los encapuchados venezolanos pero no toleran un corte de calle de sus émulos porteños.
La capucha, por cierto, trae recuerdos siniestros. Como casi todo, depende. Hay capuchas y capuchas. ¿No son siempre delictivas? No siempre. Por ejemplo, los piqueteros de la izquierda se tapaban el rostro durante el cristinismo para evitar las represalias de los matones de ciertas intendencias controladas por el peronismo kirchnerista. El sistema de libertades del conurbano tenía –y muchas veces sigue teniendo– más que ver con el tono de las barras bravas que con la tolerancia democrática.
Uno puede estar a favor o en contra. Resulta fatídico para una sociedad que esté bien o mal según quién protagonice o a quién perjudique.
En el fondo, el problema de los ultras siempre es el mismo. No toleran la existencia del Otro. No imaginan a su bête noire en el poder. Y, sobre todo, les resulta imposible la alternancia. Que gobierne el Otro. Que vaya en serio la democracia…
