La emergencia en la Argentina ya es una tradición, una tradición negativa: no resuelve nada y decora con adjetivos grandiosos cada iniciativa, al punto que la búsqueda de celeridad nubla las prioridades. Se ha dicho muchas veces, el país necesita crecer sostenidamente, para generar empleos de calidad, facilitar la distribución del ingreso y la cohesión social. Sin empleos dignos nuestra sociedad será cada vez más segmentada y posiblemente más violenta.
Para crecer, se necesita inversión. Para que alguien abra un local comercial, habilite un galpón industrial, siembre un campo o se equipe para prestar un servicio. Necesitamos invertir mucho más. Pueden invertir quienes disponen de ahorro, quienes pueden acceder al crédito o el Estado (cuando dispone de cierto margen). No se puede obligar a alguien a invertir, corresponde crear “marcos institucionales” para que invertir resulte atractivo.
Las personas y las empresas para invertir atienden su expectativa de rentabilidad y que el contexto en el que desempeñan su actividad no cambie día a día. Necesitan conocer sus costos, cómo van a poder contratar y manejar su dinero, y que sus impuestos tampoco sean una incertidumbre.
La incertidumbre desalienta la inversión. Por eso la historia señala algunos acuerdos políticos como el primer paso de una significativa recuperación económica.
Si las cuentas públicas están desfinanciadas sistemáticamente, es muy difícil construir confianza. Porque ese déficit presagia o bien nuevos impuestos, o bien un ajuste del gasto público. Si para evitar esa amarga medicina, se apela al endeudamiento o a financiar el tesoro con emisión, todo va a peor; porque son placebos que ocultan el problema por un tiempo, pero el mismo sigue creciendo.
El circulo virtuoso es ordenar las cuentas, no un mes o un año excepcionalmente, sino sistemáticamente; generar estabilidad, recrear la confianza, recuperar el crédito. Todo ello facilita la inversión y la inversión nos ayuda a crecer.
El desequilibrio en las cuentas públicas, son un mal arraigado en el país. Nuestro último episodio puede resumirse así: en la salida de la crisis del 2002, facilitado por precios extraordinarios de nuestros productos de exportación, ampliamos excesivamente el sector público, e incrementamos los ingresos públicos desmedidamente. El ciclo cambió, los precios bajaron y hace años que arrastramos un déficit importante.
El camino para salir de esa situación, es pedregoso. El gobierno de Macri intentó (y logró) bajar el gasto público y la presión fiscal, y de hecho hasta la crisis de abril de 2018 la inversión venía recuperándose.
El gobierno de Fernández impulsó la ley de emergencia que se acaba de aprobar, que implica un gran ajuste al sector privado (empresas y familias) aumentando impuestos, y que usando el término “solidaridad” como paraguas protector, pretende concentrar poder y disminuir controles.
El único gasto público que se afecta de manera sustantiva es el ingreso de los jubilados y pensionados, además haciendo distingos inaceptables.
Es necesario que salgamos de la trampa semántica de decir que este esfuerzo es solidaridad, y el intento de bajar el déficit cuando lo hace el otro es ajuste.
La construcción sensata de unas cuentas públicas razonables, que ocasionalmente pueden ser deficitarias, pero que por regla general deben ser equilibradas, y que en años ventajosos deben permitirnos desendeudarnos, bajar impuestos o fortalecer nuestras reservas; debe constituirse en un “fundamento de una nueva institucionalidad económica” en el mismo rango de relevancia que tiene la periodicidad electoral.
Hace muchas décadas que Argentina no vive los beneficios de una estabilidad cementada en fundamentos económicos sólidos. Ello nos impide tener un mercado de capitales, y quienes más sufren son los pequeños productores, los profesionales, los emprendedores.
Sin un mínimo de previsibilidad, las únicas inversiones que generaremos son las inevitables (por locación de recursos naturales), o las “de oportunidad” que invitan a ganancias extraordinarias generalmente fruto de ventajas regulatorias y situaciones monopólicas.
El gran problema de este arduo camino, es que para andarlo se necesita priorizar. El Estado debe jerarquizar lo imprescindible y recrear una visión. No podemos atender todos nuestros deseos, sencillamente porque no disponemos de recursos para hacerlo. Nuestros ciudadanos lo saben mejor que nosotros, por eso no creen nuestras promesas, por eso saben que casi toda iniciativa pública está condenada a ser discontinuada.
El fin del ciclo de la política vacía y sin sentido empieza por un ejercicio de sinceridad: necesitamos décadas de estrictez fiscal y de incentivos adecuados a la inversión y de discutir abiertamente cuales son nuestras prioridades y como las vamos a atender.
Necesitamos construir un Estado mucho más profesional (y menos vulnerable a las pulsiones partidarias), y debemos hacerlo con austeridad. Por lo demás, la experiencia comparada indica “sin burocracia de calidad, no hay democracia de calidad”.
No seremos una sociedad más integrada, si no tenemos moneda, sin crédito, sin estabilidad, sin rentabilidad en las empresas, con desánimo en los profesionales, sin incentivos adecuados, y sin generar las condiciones para alumbrar una clase emprendedora más global y responsable.
La Ley de Emergencia, va en el sentido contrario de todo esto. No añade transparencia, desanda el camino del control del gasto provincial, genera o incrementa impuestos a todo lo que se mueve.
El país está en una situación difícil, y el gobierno necesita instrumentos, pero ¿necesita obviar al Congreso? Un congreso, donde domina una de las cámaras y es primera minoría en la otra.
Debemos andar sin mentiras el camino largo de tratar de ser mejores cada día: establecer prioridades públicas que se sostengan, medir el resultado de las políticas y estar dispuestos a cambiar si no se logran los objetivos. Recuperar instrumentos públicos y la capacidad estatal de incidencia, a partir de una cultura de austeridad, y promover el desarrollo económico como fundamento de una sociedad más abierta y de oportunidades.
No es casual la relación entre bajo desempeño económico, estratificación social y mala calidad institucional. Es la calidad de la democracia la que está en juego, debemos animarnos a la verdad, a un manejo racional del Estado y a construir los fundamentos de un nuevo tiempo económico y político.
No es de derecha tener un modelo fiscal estable, que premie a los que invierten. Promover, premiar y estimular el talento creativo debe ser parte del ADN argentino; al final del camino la economía también es subsidiaria de la cultura. Honremos nuestra propia fama de innovadores, disruptivos, creativos, emprendedores.
Podemos y debemos ser mejores. La hipocresía política alimenta las peores emociones, genera irritación social, quitan el sentido al esfuerzo por lo público.
El Presidente, el Estado argentino, todos, necesitamos cuentas ordenadas. Lo que no necesitábamos era superpoderes, asfixia a la producción y una semántica tan cargada de épica como de mentiras.
Publicado en La Nación el 23 de diciembre de 2019.
Link https://www.lanacion.com.ar/opinion/emergencia-prioridades-nid2318199
