El mensaje se hizo viral en los grupos de inversores que pueblan whatsapp; se trataba del punteo de los principales temas cubiertos por uno de los economistas que mas escucha el electo presidente: el hombre, con experiencia en Cancillería y el Banco Central, habría mencionado en una reunión con empresarios las siguientes novedades:
1- Reperfilamiento de deuda voluntario, pero con quitas de capital e intereses, entre las opciones de un amplio menú, además de la reprogramación de vencimientos “a la uruguaya” que ya había trascendido
2- Subas programadas de tarifas en sintonía con la inflación esperada
3- Plan de convergencia de las principales variables macro; salarios, jubilaciones, gasto público en general y variables monetarias, creciendo a la misma tasa decreciente, año a año, para que sea coherente el proceso de desinflación. Esto podría salir en el marco de una “ley de emergencia macro”
4- Cepo perfeccionado + controles de importaciones
5- Dólar oficial acompañando la inflación
6- Plan de promoción de pymes con tasas subsidiadas y beneficios impositivos
7- Plan monetario para reducir el costo de leliqs y reemplazarlos por encajes remunerados a la tasa pasiva.
8- Offshorización de inversiones extranjeras en energía y minería, con régimen especial de utilidades, precios regulados y disponibilidad de divisas.
El economista relativizó luego, en una conversación personal, algunos de estos puntos y dijo que se concentraba en “un plan integral con presupuesto plurianual, que marque un sendero convergente de las principales variables macro”, pero muchos de esos ítems coinciden con las conversaciones que otros colegas que hoy suenan para conducir Hacienda, han mantenido en off con importantes empresarios, incluido uno con experiencia en negociaciones de deuda.
Es difícil saber si estas ocho líneas de trabajo son efectivamente las que resumen el “plan Alberto”, porque ni siquiera está confirmado el gabinete del nuevo Presidente y porque además mucha de esas propuestas requieren de la aprobación del Congreso, empezando por el cambio en la formula de movilidad de jubilaciones que está supuesto detrás de la idea de convergencia fiscal y monetaria, porque si el plan es que el gasto público crezca nominalmente al mismo ritmo que la cantidad de dinero, de manera decreciente, no será posible seguir utilizando la formula actual dado que los pagos a la tercera edad deberían crecer por debajo de la inflación pasada.
Lo mismo ocurre con el esquema especial para las inversiones externas y también con el re perfilamiento de deuda.
Lo que está claro es que se trata de un combo plausible, porque el nuevo gobierno tendrá que encontrar rápido una formula que le permita recuperar el ingreso de divisas por la cuenta capital del balance de pagos, si es que no quiere verse forzado a tener que decidir entre el ajuste público y el privado.
Partiendo de una ejecución presupuestaria que estará cerrando con un déficit primario del orden de 1% del PBI y un rojo financiero de 4,3%, si no se reabre el acceso a financiamiento por la vía de la deuda o de la inversión extranjera, deberá optarse por un ajuste forzado del gasto público o una combinación de suba de impuestos y emisión monetaria que, trasladando el peso del ajuste al sector privado, financie ese agujero.
De allí que se requiere un acuerdo rápido con el Fondo y un re perfilamiento exitoso, para patear al menos la mitad de los intereses del 2020 y reprogramar antes de verse obligados a entrar en moratoria unilateral.
Esa premura por recibir inversiones externas en energía le pone freno a la pesificación de las tarifas y por eso el dólar no puede correr mas rápido que los salarios y la inflación, porque es el único modo de garantizar que las tarifas aún con el precio en boca de pozo dolarizado, no crezcan en términos reales, algo que es perfectamente posible, partiendo de un tipo de cambio real 75% mas alto que el que había en 2015.
Por eso es inconcebible la idea de un acuerdo social a la Gelbard, que congele jubilaciones, salarios, tarifas, dólar y precios en general, porque implicaría acumular atrasos cambiarios y tarifarios, toda vez que la inercia impediría que la inflación fuera cero, incluso luego del freezing. Pero sí resulta factible un acuerdo de convergencia de nominalidad que permita que salarios, tarifas y dólar, corran a una misma velocidad decreciente.
Por supuesto esto implica que no habrá recuperación de salarios reales ni tampoco de jubilaciones, mas allá de lo que permitan las mejoras de productividad, porque además de presionar sobre las deficitarias finanzas públicas, reducirían el superávit externo alcanzado merced a la devaluación. La única excepción posible a esta regla es que se consiga un ingreso de divisas (por inversión extranjera y nueva deuda) que aprecie la moneda local, permitiendo que la recuperación de los ingresos no haga colapsar el balance de pagos.
Un último punto tiene que ver con el cepo. Desde un punto de vista ideal, el nuevo gobierno debería desdoblar el mercado cambiario de manera formal, ofreciendo dólares para comercio exterior a un precio mas bajo que el del dólar financiero, aprovechando el equilibrio de la cuenta corriente y dejando al dólar financiero como válvula de escape de la desconfianza. Pero es poco probable que eso suceda porque resulta políticamente mas vendible un desdoblamiento desprolijo usando el mercado de bonos, dado que el 90% de la gente no entiende como funciona el contado con liquidación, o el dólar MEP y un desdoblamiento formal blanquearía el precio del dólar financiero.
Publicado en Clase Media, el Newsletter de Martín Tetaz, el 4 de noviembre de 2019.
