lunes 20 de mayo de 2024
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Las heridas nunca cerraron

Una de las decisiones políticas de la transición democrática en España fue la de sepultar los horrores del franquismo, entendiendo que la gran grieta no contribuiría a los inicios de dicho amanecer político y económico. Sin embrago, desde hace años, miles de españoles han desenterrado a sus muertos, que yacen en fosas comunes y centros de detención de la dictadura sangrienta del Generalísimo, presionando cada vez más sobre la justicia y la sociedad para hallar la verdad y dar sepultura digna a sus deudos.

En esa lucha, el Valle de los Caídos, un monumento macabro que Francisco Franco ideó junto a la Iglesia para “saldar” la guerra civil española, es un lugar que propone el olvido y entroniza a Franco en la historia española con jerarquía de Cardenal. Por esta razón, remover sus restos de allí es el comienzo del desmantelamiento de un siniestro lugar.

Esta semana, el Tribunal Supremo español rechazó un recurso de los familiares descendientes de dictador Francisco Franco que se oponían a que su cadáver fuera removido de su tumba actual. De modo que la decisión judicial avaló la exhumación aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez, que lo celebró –vía twitter– como una “gran victoria de la democracia”.

Los seis magistrados, encargados de este sensible caso, decidieron “por unanimidad desestimar en su totalidad el recurso” y dio luz verde al proyecto del gobierno de trasladar los restos del dictador del mausoleo del Valle de los Caídos, en las afueras de Madrid, al cementerio de El Pardo, para que sea enterrado en el panteón familiar junto con su esposa Pilar.

Sin embargo, este fallo no pone fin al pleito, porque el Supremo deberá expedirse sobre otros tres recursos presentados por la Fundación Francisco Franco –ONG que recibe subvenciones públicas para promover “la obra” del dictador–, la comunidad benedictina que gestiona el mausoleo –y que factura dos millones de euros al año– y una asociación de defensa del Valle de los Caídos, aunque, según un portavoz del tribunal, todos los fallos deberían ir “en la misma línea”. En otro frente, un juez administrativo madrileño, hijo de un almirante franquista, suspendió cautelarmente los permisos necesarios para abrir la tumba del dictador, otra barrera que el gobierno deberá sortear.

Por su parte, la familia del dictador tampoco se da por vencida e interpuso recursos ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta ofensiva judicial retrasó constantemente los planes de Sánchez que, desde su llegada al poder en junio de 2018, ha hecho de este proyecto una prioridad.

Como todas las cuestiones de memoria histórica, el caso es sumamente delicado en un país que todavía está dividido entre “rojos” y “fachas”, donde la derecha acusa al PSOE de reabrir heridas del pasado y los familiares de las víctimas del franquismo lamentan no haber sido reparadas y recuerdan que decenas de miles de fallecidos siguen desaparecidos.

La transición ya terminó, la consolidación democrática de España requiere que haya justicia y memoria para los más de 200.000 muertos que contabiliza la dictadura franquista, para sus deudos que reclaman y que son la verdadera herida abierta que algunos pretenden cerrada.

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Veinte Manzanas

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