Los diputados georgianos dieron luz verde a la normativa este martes con 84 votos a favor y 30 en contra, en la tercera sesión de debate del proyecto. Sus críticos, que lo llaman “ley rusa” y señalan una presunta influencia de Moscú en la redacción del proyecto de ley y temen que pueda utilizarse para reprimir las libertades civiles de los conciudadanos de Joseph Stalin.
Miles de personas en la capital, Tiflis, expresaron su rechazo a la medida a las puertas del parlamento, mientras en su interior se vivió una tensa jornada con altercados físicos y verbales entre diputados oficialistas y de la oposición.
El proyecto de ley enfrenta un probable veto de la presidenta de Georgia, Salome Zourabichvili, que no pertenece al partido gobernante Sueño Georgiano. Sin embargo, se prevé que el parlamento anule el veto presidencial y saque adelante la ley.
Propuesto por Sueño Georgiano -que lleva 12 años en el poder-, el proyecto de ley especifica que las ONG y medios independientes que reciban más del 20 por ciento de su financiación de donantes foráneos deben registrarse como organizaciones “que defienden los intereses de una potencia extranjera”.
También estarían sometidos a la supervisión del Ministerio de Justicia y obligados a compartir información confidencial y presentar una declaración financiera anual.
Sus críticos comparan la ley de “agentes extranjeros” con una ley marcadamente autoritaria que entró en vigor en Rusia en 2012 y que el Kremlin utiliza desde entonces para acallar las voces que desafían al poder, desde medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil hasta personalidades del ámbito de la cultura.
Rusia invadió Georgia en 2008 y desde entonces ocupa aproximadamente un 20 por ciento de su territorio reconocido internacionalmente, por lo que en la sociedad georgiana existe un profundo sentimiento de hostilidad hacia Moscú.
Además, en octubre de este año están programadas elecciones parlamentarias en Georgia y muchos temen que el gobierno use la “ley rusa” para reprimir a sus críticos, teniendo en cuenta que varias ONG y entidades de la sociedad civil participarán en el seguimiento de los comicios.
Otra preocupación es que esta ley desvíe a Georgia de su camino hacia la codiciada membresía en la Unión Europea, un anhelo que comparte casi el 80 por ciento de los georgianos según una encuesta del Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos.
Georgia alcanzó el estatus de candidato a miembro de la UE en diciembre de 2023, pero ahora tanto Bruselas como Washington han indicado que la ley de agentes extranjeros sería perjudicial para las ambiciones europeístas del país.
Varios líderes del bloque han advertido que el proyecto de ley es “incompatible” con las normas y valores europeos, entre ellos el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que afirmó que la ley “alejaría a Georgia de la UE en vez de acercarla”.
Tamar Oniani, representante de la ONG Asociación de Jóvenes Abogados de Georgia, definió la ley de “agentes extranjeros” como “una cuestión de política exterior para Georgia, porque nos trasladaría de la UE a Rusia”. Otras voces críticas han señalado la imposición de leyes similares contra la influencia foránea no solo en Rusia, sino también en otros países cercanos a Moscú como Kirguistán o Azerbaiyán.
“A los países prorrusos en la llamada vecindad rusa se les ha pedido que aprueben esta ley, como una forma de crear una división entre ellos y Europa”, alegó Anna Dolidze, del partido opositor Por el Pueblo.
Rusia, por su parte, ha rechazado las acusaciones de intromisión. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, negó que Moscú haya tenido conexión alguna con el proyecto de ley, aunque atribuyó las protestas de los georgianos a fuerzas extranjeras que buscan promover el sentimiento antirruso en el país.
