Es probable que, en un futuro no demasiado lejano, el volumen de trabajo humano sea mucho menor y en virtud de ello un conjunto de instituciones sociales y hábitos se vean sustancialmente impactados, generando un mundo que a muchos nos cuesta imaginar.
Sin embargo, hoy por hoy, disponer o no disponer de trabajo hace una diferencia sustancial en el modo de integración social de las personas, por múltiples razones que van desde la connotación moral que se le ha asignado al trabajo desde hace siglos hasta la fragilidad económica a la que generalmente quedan expuestos aquellos cuyos ingresos provienen de fuentes alternativas al mundo laboral. Es por eso que se repiten latiguillos como “trabajar dignifica” o “trabajar organiza”.
En la Argentina, desde hace ya muchos años el acceso al mercado de trabajo se ha vuelto dificultoso; se combinan negativamente la baja tasa de inversión, una regulación obsoleta y déficits muy marcados en la preparación brindada por nuestro sistema educativo.
En ese contexto, a partir de la crisis de 2001 y en virtud de la profundidad de esta, el Estado ha incrementado el despliegue de un conjunto de políticas sociales orientadas a garantizar condiciones mínimas de vida. El discurso público reiterado de todos los responsables de las áreas sociales es que el éxito debe medirse por la disminución de su nómina de personas alcanzadas por sus políticas. La idea subyacente es que la estrategia social es provisoria y complementaria de otro conjunto de políticas que deben completar el proceso de integración, lo que es idéntico a señalar que la cronificación es una medida de su fracaso.
El Estado y la sociedad argentina hacen un esfuerzo presupuestario mayúsculo (y justificado) para que quienes no acceden al empleo puedan resolver las cuestiones más elementales de la supervivencia; pero el desempleo de larga duración produce consecuencias extraeconómicas devastadoras que no se resuelven con las transferencias públicas. Hay enorme cantidad de literatura social que exhiben esos efectos en las relaciones humanas, todo ello sumado a la pérdida relativa (con el paso del tiempo) de las habilidades propias del mundo laboral.
Necesitamos producir un shock de empleo. En ese sentido, y dentro del estrecho margen macroeconómico de un país con déficits crónicos, hemos elaborado junto al diputado nacional Federico Zamarbide un proyecto de ley sobre la base de una idea sencilla orientada a facilitar el acceso al mercado de trabajo formal de los ciudadanos más vulnerables.
Hasta la fecha, las transferencias sociales operan (más allá del nombre de los programas) como asistencias al desempleo. Queremos que el Estado cambie el paradigma y oriente el esfuerzo fiscal a promover la generación de empleo.
Básicamente promovemos que los adultos que administran recursos de la AUH (por ser padres o tutores legales de menores a cargo) puedan ser contratados laboralmente de modo formal, tomando aquella transferencia a cuenta del salario de convenio colectivo que les correspondería percibir por el empleo en cuestión. Para el empleador baja el costo efectivo de contratación, el trabajador añade ingresos, pero, sobre todo, rompe la inercia del desempleo o de la “changa” carente de un marco de cuidado propio del empleo formal.
El régimen propuesto tiene una duración prevista de dos años, tiene sesgo hacia las pymes, no puede aplicarse a empresas que han despedido personal y otros cuidados propios de beneficios de este tipo en que recursos públicos facilitan el desenvolvimiento empresarial.
La iniciativa puede ser aprobada, desechada o perfeccionada; porque sin duda se trata de una materia compleja en la que intervienen múltiples factores y en la que los matices son importantes. Pero el tema central que queremos poner en discusión es la insuficiencia (universal) de las estrategias de integración social por fuera del empleo formal. Necesitamos articular herramientas complementarias e incorporar visiones novedosas. Llevamos casi dos décadas de políticas sociales con sesgo en las transferencias de bajo condicionamiento y los resultados no son alentadores.
La pobreza asistida no es un camino idóneo para construir una sociedad cohesionada. El perfeccionamiento de nuestra estrategia social debe movilizar una fuerza más poderosa que cualquier política pública: el deseo de realización personal, algo que muy difícilmente un programa de transferencia pueda proveer.
Publicado en La Nación el 17 de junio de 2019.
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