Detrás del ajuste tarifario que está en proceso en la Argentina hoy en día, hay quince años de una política de subsidios que quebró a las empresas de servicios públicos y al Estado Nacional.
La factura de gas y electricidad tiene tres componentes: 1) el precio de la energía, que es el mismo para todo el país y que debería determinarse en condiciones de mercado; 2) la tarifa de transporte de distribución de esa energía, que es un servicio público regulado por el Estado Nacional en el caso del gas natural y por las provincias en el caso del servicio eléctrico; y 3) el componente impositivo.
Entre el 2002 y el 2015 el precio de la energía y las tarifas de los servicios en la zona metropolitana de Buenos Aires estuvieron congeladas. Por esa razón, en diciembre del 2015, el monto facturado a los usuarios sólo cubría el 10% del costo de producir gas natural y el 15% de generar electricidad. La diferencia: subsidios que pagó el Estado Nacional y lo quebraron. También quebraron las empresas de servicios que tuvieron sus tarifas congeladas desde el 2002 al 2015 y no recibieron subsidios. En resumen: populismo energético.
¿Qué pasó en 2016? Se volvió a cumplir con el marco regulatorio vigente y se terminó con la intervención de los entes reguladores. Después de más de 15 años, se volvieron a revisar las tarifas de los servicios públicos y los costos de las empresas, audiencias públicas mediante.
Finalmente, después de un enorme esfuerzo, pagando facturas más caras, se cubrió la mayor parte del subsidio. Falta el último tramo, el más difícil. Todavía hoy entre un 30 y un 35% del valor de la energía lo subsidia al Estado Nacional. Cubrir estos subsidios sólo será posible en un contexto de estabilidad económica.
