La gran cuenta pendiente de las democracias globalizadas es la igualdad.
El compromiso de la Agenda 2030 -asumido por 193 países en Naciones Unidas y plasmados en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)- aborda esta tarea en varios de los enunciados e incluso dedica el objetivo 10 específicamente a la reducción de la desigualdad.
Sobre este tema y el contexto global en que se desarrolla estuve hablando en ocasión del Seminario Internacional de Tribunales de Cuentas y Control Público realizado por la Contraloría General del Estado de Ecuador.
Los ODS tienen un puntal en control social y participación ciudadana, así como también en el fortalecimiento de las instituciones, y por esto involucra muy de cerca a las entidades de fiscalización superior, como la AGN y la contraloría de Ecuador.
Cada vez es más evidente -tanto entre actores académicos como políticos- que existe una relación directa entre la fortaleza de las instituciones y los resultados económicos y sociales.
En sistemas democráticos, con pesos y contrapesos, es importante la rendición de cuentas horizontal entre poderes pero también la rendición vertical en relación a los ciudadanos.
La agenda 2030 aprobada en septiembre de 2015 en la asamblea de las Naciones Unidas es una oportunidad para abordar sistémicamente el desafío de conseguir que el desarrollo se produzca en una articulación virtuosa entre crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental.
El telón de fondo para esta mirada sobre desarrollo sostenible está dado por tres procesos que han estado presentes en los asuntos internacionales en las ultimas décadas: la globalización, la democratización y la desigualdad social.
La globalización, esa creciente integración de los mercados de mercancías y servicios que se ha acelerado con el desarrollo tecnológico de las últimas décadas, impone límites a las acciones de los Estados – Nación. Por eso es necesaria la coordinación.
El segundo proceso global es la oleada democrática. Cuando se constituyó la Organización de Naciones Unidas hace casi 75 años, había 12 democracias en el mundo. Hoy hay más de 100 países que eligen sus gobernantes. En nuestra región todavía queda un país por fuera del sistema democrático y otro en el cual las elecciones no son reconocidas como legitimas.
Esa oleada democrática, acompañada por la integración creciente de los mercados, viene acompañada -en materia de distribución del ingreso- por dos fenómenos que viajan en direcciones opuestas: la reducción de la pobreza y el incremento de la desigualdad.
En 1980, casi la mitad de la población mundial disponía de menos de 2 dólares por día. En 2015 el número se redujo a 15%.
Pero la desigualdad crece de manera rampante. Hace pocas semanas, me llamó la atención un dato de la ONG basada en Londres, Oxfam: una docena de personas posee una riqueza equivalente a la mitad de los ingresos del conjunto de la población mundial.
Los ODS se proponen reducir la desigualdad y tienen, en su gestación, un andamiaje aceitado para lograr el cometido. Hubo un aprendizaje previo por parte de la comunidad internacional; los ODS llegan luego de logros y desaciertos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Tras la formulación de los ODM, vino un período de reducción de la pobreza en el mundo. También nuestra región vio reducir los niveles de pobreza y desnutrición, mejoró la equidad en la distribución de genero en las escuelas primarias, se verificaron reducciones sensibles en la tasa de mortalidad infantil, hay menor incidencia de enfermedades como el VIH y la tuberculosis, y la población sin fuente de agua cercana disminuyó a la mitad.
Eso fue un gran logro, pero hubo lecciones aprendidas también. En aquella formulación de los ODM, faltó una visión integral y sistémica; fue una discusión de tecnócratas que informaron al mundo cuáles eran los objetivos. Esta vuelta, para la formulación de los ODS, se avanzó en reuniones, encuentros y debates entre expertos, hubo espacios de negociación. Hay un involucramiento de la sociedad civil, con actores políticos y sociales. En aquella oportunidad solo actuaban los poderes ejecutivos mientras que ahora hay un reconocimiento del papel decisivo de los poderes legislativos a través de los presupuestos y las audiencias publicas.
También hay un papel para las entidades fiscalizadoras superiores, como las que estuvimos reunidas en Quito.
El INTOSAI, que nos agrupa, ha formulado recomendaciones y promovido la realización de auditorías de sistemas nacionales de seguimiento y de programas gubernamentales que contribuyan a los ODS, así como también ha puesto en marcha mecanismos de apoyo para el cumplimiento del objetivo 16 de instituciones eficaces, responsables e inclusivas en la rendición de cuentas. Esto, para nosotros, implica potenciar los objetivos de transparencia y rendición de cuentas.
Hemos visto de cerca, a través de una auditoría coordinada, con el liderazgo de Brasil y la participación de 11 países, cuán preparada está la región para avanzar en el desarrollo de los ODS. Nos ha permitido identificar algunos temas para mirar con atención: la ausencia de un horizonte temporal a largo plazo por parte de los gobiernos de nuestros países, la falta de datos confiables que permitan hacer el seguimiento de cumplimiento de los objetivos y la fragmentación del Sector Público, que se traduce en bajo nivel de coordinación, sistemas de gobierno desintegrados y políticas públicas desalineadas y en oportunidades opuestas al cumplimiento de los objetivos.
Saber cuáles son nuestras debilidades nos va a permitir corregir el rumbo, fortalecer la democracia, dotarla de calidad, de eficacia, que permita combinar los anhelos de todas las sociedades, de libertad, de progreso y de igualdad.
