El 2018 fue el año en que las mujeres tomaron la iniciativa respecto a la defensa y reivindicación de sus derechos, ¿cómo crees que acompañó la política este movimiento?
La política viene por detrás de los acontecimientos, pero la evaluación depende de los ámbitos institucionales. No es lo mismo el Congreso, la Justicia, el gabinete o la administración pública. Diría que acompañaron las mujeres legisladores y algunos legisladores varones que son sensibles a estas cuestiones o forman parte del movimiento por los derechos de las mujeres y la igualdad de los géneros más ampliamente. Esto es esperable que suceda en el poder legislativo antes que en otros ámbitos, en donde cuesta más promover cambios, porque los intereses enquistados son más fuertes y permanentes. En el ámbito político en general los actores operan en base a cálculos estratégicos respecto de los cursos de acción a seguir frente a un tema que emergió desde la sociedad civil con una fuerza inusitada. Es un cambio de una magnitud trascendente para los que tenemos el privilegio de ser contemporáneos a estos hechos y que marcarán un hito en nuestra historia.
Aprobada la Ley de Paridad de Género, cuáles deberían ser los próximos pasos a dar para ampliar los derechos de participación e, inclusive, incentivar a que las mujeres ocupen un rol más preponderante en política?
La implementación de la ley de paridad va a tener un efecto a medida que se vayan renovando las Cámaras, esperemos que tenga un impacto positivo en el Senado que es más conservador. No creo que sea inmediato. Para mi hay que analizar la operatoria al interior del Congreso, en el trabajo en las Comisiones, y también en el lugar que ocupan las mujeres en la organización burocrática de la actividad legislativa. La violencia laboral e institucional que sufren especialmente las mujeres debe estar en la agenda democratizadora del Congreso. La paridad que va a acercar la representación numérica entre mujeres y varones es una gran oportunidad para que se produzcan cambios al interior de la organización y que no sea solo maquillaje. En general vemos a las organizaciones –y especialmente al Congreso por lo que producen hacia afuera, en este caso las leyes– pero debemos tener en cuenta también como operan en su interior. La capacitación y los protocolos contra la violencia de género en todos los ámbitos institucionales son una vía para transformar las relaciones de género.
La otra cuestión sigue siendo la presencia de mujeres en otros ámbitos de poder en donde no existe el mecanismo de la cuota. El gobierno actual invoca el compromiso de las metas de gobierno con la igualdad de género pero las mujeres están casi ausentes de los gabinetes nacionales y provinciales y subrepresentadas en los altos mandos de la administración pública. Se creó el gabinete ampliado pero no sabemos mucho sobre su real incidencia en las políticas públicas.
¿Por qué hacia dentro de los partidos políticos no se replican los espacios de participación como si se da en los ámbitos institucionales?
Como decía antes la presencia de mujeres aumenta claramente en el Congreso y en las legislaturas provinciales porque hay leyes de cuota o paridad que obligan a los partidos políticos a incluir mujeres en sus listas. Pero en todos aquellos espacios en donde no hay obligación de cumplimentar requisitos a las mujeres les cuesta sangre, sudor y lágrimas llegar y mantenerse en puestos más codiciados para la tomas de decisiones. Esto tiene que ver con la desigual distribución de las responsabilidades familiares y domésticas que penaliza desproporcionadamente a las mujeres, pero fundamentalmente con el machismo que existe en las organizaciones. Nos cansamos estos dos últimos años, en donde la agenda de género explotó en los medios y las redes, de ver fotos de reuniones de alto nivel (gabinete, sindicatos, partidos políticos) copadas de varones.
En los partidos políticos, pero también en los sindicatos, el gabinete y en las mesas de todo tipo que se forman ad-hoc para establecer acuerdos, los hombres son los gatekeepers, porque controlan el acceso a esos espacios y sucede que las mujeres están ausentes o pobremente representadas.
En nuestra vida contemporánea esto tiene consecuencias graves para la igualdad y la democracia. Para explicar este fenómeno existe un término académico que se denomina “aniquilación simbólica”, porque solo se ven representadas (y amplificadas a través de los medios de comunicación) las perspectivas de una mitad de la población, la de los hombres, mientras que las de la otra mitad están ausentes, no existen, no sabemos nada. Aumentar la cantidad de mujeres no es democratizador per se, sino que tiene consecuencias sobre la adopción de las políticas públicas y la toma de decisiones en general porque multiplica las perspectivas sobre los asuntos públicos, que de otra forma no son tenidos en cuenta. Pensar que un grupo reducido de mujeres “destacadas” o un grupo que surge del cupo o que incluso un grupo de varones que comparten las perspectivas de las mujeres sobre algunos temas, es suficiente para mejorar la calidad de la representación es asimilar a las mujeres a una minoría con intereses homogéneos. Por el contrario, las mujeres constituyen un sector amplio y diverso de la sociedad, por eso no debemos esperar resultados en un sentido o en otro a priori, no solo en cuestiones de género sino en todos los asuntos de la agenda pública.
¿Qué margen de acción hay para retomar el proyecto de aborto en el Congreso en 2019, o habrá que esperar una nueva composición de las Cámaras en 2019?
Para mi cero margen durante el 2019. No tengo información pero estimo que se volverá a presentar el proyecto IVE el 8 de Marzo, pero no creo que se pueda avanzar mucho teniendo en cuenta que será un año electoral y la composición de las cámaras será la misma que la del 2018. Sí creo se abren grandes oportunidades de avanzar con el tema con la renovación de las Cámaras y la paridad en la representación después del 2019. Pero dado que la restricción federal fue significativo en el resultado el año pasado, en este aspecto no soy tan optimista. Para mí las dos dimensiones de peso para evaluar las chances de que el proyecto IVE avance o no en el Congreso son las mujeres y el federalismo, dejando de lado el rol del gobierno, ya que no sabemos quién ocupará el Ejecutivo.
Sí existe una posible revisión del artículo 86 en el proyecto de Código Penal que el gobierno intenta pasar por el Congreso este año, y en cuyo caso se prevé una especificación y ampliación de las causales para exceptuar a las mujeres de la pena –y que podría generar mucha controversia con sectores de un lado y otro– pero que de ninguna manera implica una ampliación de derechos ya que es muy diferente de lo que se planteaba en el proyecto IVE discutido el año pasado.
¿Qué lugar ocupará la agenda de las mujeres en la próxima campaña presidencial de 2019?
Ojalá que ocupe un lugar destacado. Creo que hay grandes posibilidades de que eso suceda. Además del aborto, la violencia contra las mujeres vuelve a tener un peso destacado pero con ribetes de especificidad que deberían obligar a los y las candidatas a posicionarse. La reciente adopción de la Ley Micaela que obliga a la capacitación sobre violencia integral contra las mujeres a todos los funcionarios y funcionarias y en todos los ámbitos institucionales es un avance que debería estar en la agenda también, porque hay que implementarla y será una tarea monumental.
Me parece fundamental el rol de los medios de comunicación en indagar a los y las candidatas sobre estos temas, organizar debates e incluirlos en la agenda de debates.
