Cargar las tintas sobre los senadores radicales que votaron contra la Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo parecía injusto. Después de todo, el peronismo (contando todos sus bloques) y el PRO mayoritariamente también habían votado contra el proyecto que tenía media sanción en diputados. Sin embargo, esta postura de los senadores radicales hacía ruido basados en la tradición laica y democrática del partido: la UCR había impulsado en los años veinte el voto femenino, lo había implementado en la provincia de San Juan, hace gala de la Reforma Universitaria, impulsó el divorcio vincular y fue el artífice de la consolidación democrática en la década del ochenta.
Se podía entender también la postura individual de algunos de ellos, basada en la adscripción religiosa que pudiesen profesar. Son ciudadanos de provincias donde la Iglesia es fuerte y se formaron desde niños en dicha fe.
Ahora bien, tomando un poco de distancia, vemos que dos senadores radicales, de provincias profundamente católicas, votaron a favor de la Ley y se pronunciaron abiertamente por separar sus íntimas convicciones del Estado. Cumplieron su deber de legislar por encima de su profesión religiosa, anulando el postulado anterior.
Entraba a jugar entonces otra consideración. El cálculo electoral: admitamos que son senadores de provincias donde un cura, desde el púlpito, puede definir una elección. Sin embargo, Mendoza no entra en esa categoría, pero de sus senadores se pronunció no positivamente.
Si insistimos con ese argumento, googleando brevemente encontramos que que cuando se discutió la Ley de Divorcio Vincular, el entonces senador por la Capital Federal, Fernando de la Rúa, votó en contra. Eso no impidió que el expresidente ganase posteriormente todas las elecciones a las que se presentó en dicho distrito, incluso las internas partidarias. El progresismo capitalino perdonó su postura.
Hace dos décadas militnates radicales de una provincia donde se repetían elecciones para gobernador estaban preocupados por el presupuesto para la choriceada no alcanzaba. Imitaban las conducatas peronistas pero los resultados eran contrarios. De diez “invitados” a sus choriceadas, solo uno se inclinaba después por el viejo partido. Del lado peronista la relación se invertía. Un par de años después, intervención mediante, un radical fue elegido gobernador y, ya con la caja del Estado en su poder, replicó, hasta el día de hoy, cada una de las prácticas peronistas para mantenerlo. En definitiva, no eran los choripanes, era el Estado.
Volvamos al pasado inmediato. Pese al cálculo electoral que seguramente hicieron los senadores, o a sus convicciones religiosas, votar contra la Ley o a favor de las posturas clericales no les garantizará a estos ser gobernadores en el 2019. El gobernador de Jujuy será reelegido en base al éxito de sus políticas en dicha provincia y no por el voto de los senadores de dicha provincia. En Mendoza son altas las posibilidades de cualquier candidato radical (no solo de Cobos) por los mismos motivos anteriores y por la alianza electoral que se conforme para tal fin. En La Rioja será la fortaleza de un candidato que venció por primera vez en la historia al peronismo de una provincia que dio dos presidentes de ese signo. En Chaco, no solo los dos senadores peronistas votaron a favor, sino que además los colores partidarios es probable que los encabece una diputada que se pronunció también a favor de la Ley. En La Pampa, se dio una situación similar: los peronistas en diputados y senadores votando a favor y el radical en contra. Detrás de todas estas competencias estará también la performance del gobierno nacional y sus posibilidades de llegar con números positivos al segundo trimestre de 2019, cuando comience el año electoral.
Votar a favor de la ley, el caso De la Rúa invertido, como mencioné antes, tampoco les cerraba la puerta para ganar esas gobernaciones.
Si el cálculo electoral no es relevante, entonces analicemos el cálculo político. Al fin y al cabo, los senadores son tiburones huelen la sangre a kilómetros.
En el mediano plazo veremos si la caída de la ley afecte negativamente al gobierno. Pero la aprobación hubiese dado un fuerte espaldarazo a Macri y a varios de sus ministros, justamente aquellos que vienen mostrando una postura moderna y gestiones positiva en sus carteras, como el de Salud, un radical. Pero lo más destacable es que hubiese reimpulsado al partido: los votos radicales definían la aprobación de la ley. El partido se reposicionaba en Cambiemos a la vez que no perdía potencia competitiva en las provincias que hoy gobierna y en las que pretende gobernar, sino que también relanzaba los colores entre los porteños y bonaerenses que vienen movilizándose a favor de la ley desde hace algunos meses. Y, lo que no es menor, se garantizaban el apoyo de los dinámicos sectores juveniles del partido y de la universidad, que en 2019 necesitarán para poner en marcha la maquinaria electoral.
Eligieron votar de acuerdo a un cálculo electoral enmascarados en “sus convicciones”, olvidando que forman parte de un partido de alcance nacional, que podía reposicionarse competitivamente con esta ley, olvidando el cálculo político.
