“Mi gobierno garantiza el orden, la paz y la estabilidad social, pese que a fuerzas extrañas propician el desorden y atentan contra la tranquilidad y el bienestar”. ¿Quién dijo esta frase? ¿Anastasio Somoza o Daniel Ortega? Hoy es difícil decirlo, ambos la podrían haber dicho, aunque la frase pertenece al primero. La ideología del poder es la misma, la que se utiliza para llegar a él, puede variar.
Cuenta Alberto Barrera Tyszka –colaborador del New York Times, que hace cuarenta años conoció al hoy presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, de gira revolucionaria por Venezuela, en su lucha contra Anastasio Somoza, fue recibido por Carlos Andrés Pérez, a la vez que organizó reuniones con jóvenes deseosos de ayudar al Frente Sandinista, entre los cuales se encontraba Tyszka y un grupo de entusiastas que acercaron a Ortega una suma de dinero para ayudar al Frente–: “El comandante Ortega llegó al lugar y nos miró con cierta piedad, nos saludó amablemente y, luego, nos dijo que en tiempos de guerra las ideas no importaban demasiado. Que tal vez él estaba ideológicamente más de acuerdo con nosotros que con el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. Pero que, el día anterior, Pérez le había dado una enorme cantidad de dinero. Que la prioridad era tener armas, municiones, uniformes y botas. La revolución vendría luego”.
Esa revolución triunfó en 1979 y resistió los embates norteamericanos de la administración de Ronald Reagan. Sin embargo, no pudo hacer una transición a la democracia y en 1990 el Frente Sandinista perdió las elecciones, porque los revolucionarios como los Castro o los Chávez han nacido para conquistar y ejercer el poder, más no para delegarlo.
Tras un sangriento fin de semana que dejó 12 muertos en Nicaragua, la comunidad internacional se prepara para pronunciarse acerca de la represión de las protestas que desde hace tres meses exigen que el presidente Ortega deje el poder.
Este domingo, policías y paramilitares arremetieron contra Masaya y comunidades vecinas para remover los piquetes –tranques, los llaman ahí– en las rutas, levantados por manifestantes antigubernamentales. La operación dejó 10 muertos, entre ellos cuatro paramilitares, y 20 heridos, según Álvaro Leiva, secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
Un día antes, 200 estudiantes lograron salir de un asedio de 20 horas de fuerzas gubernamentales en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en Managua, y un templo vecino, en una acción que dejó dos estudiantes muertos.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la represión del gobierno de Daniel Ortega ha dejado 264 muertos en 86 días de protestas. Los reclamos inicialmente eran en contra de la reforma del sistema de pensiones –reducirlas un 5 por ciento– que fue revertida por el gobierno, pero que derivaron en una demanda para la salida del poder de Ortega, quien cumple su tercer período consecutivo en el gobierno, desde 2007. La oposición lo acusa de instaurar una dictadura y quiere anticipar para marzo próximo las elecciones presidenciales de 2021. Por su parte, el oficialismo argumenta que las protestas opositoras tienen un fin golpista, al buscar alterar el orden constitucional.
Desde las masacres perpetradas por el somocismo, Nicaragua no vivía una tragedia de este tipo.
Las autoridades nicaragüenses solicitaron la mediación de la Unión Europea, indicó a la agencia AFP una fuente diplomática europea, para quien aceptarlo sería “una pérdida de credibilidad” ante un “régimen autocrático y cleptocrático” y cuando “todos los días hay muertos.”
Nicaragua forma parte de los países del ALBA, como Venezuela, al que la UE impuso un embargo de comercio de armas y una serie de sanciones contra 18 funcionarios, entre ellos la vicepresidenta Delcy Rodríguez, por la situación que vive el país.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaró: “Es absolutamente esencial que cese inmediatamente la violencia y se revitalice el diálogo nacional, porque solo una solución política es aceptable para Nicaragua”. Trece países latinoamericanos reunidos en Bruselas exigieron en una declaración conjunta el “cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas” en Nicaragua, así como el “desmantelamiento de los grupos paramilitares” a los que se atribuye la mayor parte de la violencia.
