sábado 15 de junio de 2024
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Informalidad urbana, realidad y desafío

El pasado 5 de julio la Cámara de diputados de la Nación dio sanción a un proyecto orientado a regularizar la situación de villas y asentamientos y a facilitar la integración socio urbana de las mismas. Se trata de una definición inédita en la historia Argentina en relación a la magnitud de la iniciativa tomada; por primera vez el país se propone enfrentar esta verdadera patología cívica Qué es la informalidad urbana.

El debate en el recinto resultó absolutamente enriquecedor y el sentido cooperativo del trabajo en el plenario de comisiones que antecedió al tratamiento de la Ley posibilitó que la misma fue aprobada por unanimidad.

El recorrido de este proceso comienza hace aproximadamente dos años, cuando el gobierno nacional (a través de la jefatura de gabinete) puso en marcha una operación que resulta esencial para poder llevar adelante la iniciativa legislativa en cuestión. Se constituyó el “Registro Nacional de barrios populares” mediante el cual se realizó un ejercicio de aproximación territorial qué posibilitó la conceptualización, la recogida de información y la validación de datos que nos permiten decir que disponemos de un fundamento informativo que posibilita el diseño de una política pública consistente.

Sabemos qué en las ciudades de más de 10000 habitantes en Argentina (ese es el universo de trabajo qué tomó el registro) hay más de 4000 barrios populares en los que viven casi 4 millones de habitantes. Las situaciones en los mismos es absolutamente disímil de un lugar a otro: desde barrios de baja densidad hasta barrios de altísima densidad, desde barrios cercanos a la trama urbana hasta barrios lejanos a la trama urbana formal, desde barrios en zonas de riesgo hídrico o ambiental hasta barrio locados en lugares excepcionalmente buenos, etc.

El sentido del esfuerzo público propuesto respecto del cual la norma es sólo un marco de trabajo, es facilitar la construcción de ciudadanía en situaciones en las cuales hasta la fecha la acción estatal ha mostrado una gran impotencia. No es ocioso afirmar que existen indicios claro que el resto de las políticas públicas será más eficiente en la medida en que la integración socio urbana posibilite la constitución de un entorno de derechos igualador y dignificador. Más del 50% de las personas que viven en los barrios populares son menores de 18 años y el solo hecho de habitar lugares carentes de servicios y sometidos a todo tipo de riesgos los hace extremadamente vulnerables.

La condición propietaria, que en este caso resultará fruto de una contraprestación prevista en la ley, cambia de manera decisiva el posicionamiento de las personas y sus preferencias. Está reiteradamente estudiado que a partir de la “condición propietaria” aumenta la inversión en su propio hábitat de parte de los titulares de derechos, mejora el rendimiento educativo de sus hijos, mejora el presentismo laboral, mejora la densidad asociativa en sus Barrios, obviamente los titulares se constituyen en sujeto de crédito, se perfecciona la relación entre ciudadanos y el Estado. En suma una serie de objetivos, que para materializarse necesitan como condición inicial un “entorno” adecuado.

Argentina no puede seguir ignorando una situación de informalidad urbana Qué a su vez es la derivación de un conjunto de insuficiencias institucionales que el país ha tenido en el último Siglo, básicamente tres circunstancias: desarrollo desigual, inestabilidad macroeconómica qué ha impedido el sostenimiento de los loteos populares y la informalidad laboral que le ha impedido a los trabajadores menos calificados poder acceder a las pocas oportunidades de crédito que han existido.

Este verdadero blanqueo urbano no es la panacea porqué nace de un déficit estructural y porque su resolución depende de cuestiones que exceden el marco normativo, entre otras la vocación colaborativa que las distintas jurisdicciones tengan con relación a este tema.

A priori, nadie en su sano juicio hubiese querido que la evolución urbana argentina llegará a este punto. Pero superar esta situación requiere, asumirla y construir los instrumentos necesarios para resolverla con realismo.

Por ello debe destacarse este verdadero hito social, porque : a) pone en agenda el tema, b) afecta recursos públicos para los (eventuales) procesos expropiatorios, c) posibilita discutir los mecanismos de transferencia propietaria, d) perfecciona el diálogo con las organizaciones sociales con fuerza en el territorio, e) vincula a los gobiernos locales y sus facultades planificadoras con los gobiernos provinciales y nacionales, y genera condiciones para ensayar una mirada que permita superar esta patología. Se trata de un buen punto de arranque.

Superar la informalidad urbana, además mejorará nuestras ciudades, posibilitando una mejor planificación en los servicios públicos, un marco fiscal más equitativo, mejores prestaciones ambientales y una movilidad más racional.

El proyecto va en la dirección correcta, y nos corresponde a nosotros como generación seguir dando los pasos que esta epopeya nacional exige.

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