¿Tiene arreglo la Argentina? ¿El gobierno sabe el rumbo claro o no hay mago sobre la tierra para sacarle las espinas que no lo dejan poner en marcha? ¿Se puede seguir viviendo como hasta ahora? ¿No hay en ciertos sectores que eligen una negación de la realidad que les impide ver la ola creciente de pobreza o creer que siempre viviremos por encima de nuestras posibilidades?
En los últimos tiempos ¿no se escuchan voces que afirman que a la Argentina siempre la salvará el campo sin medir que eso podría haber sido en un país con 15 o 20 millones de habitantes y no de la actual de casi 45 millones de ciudadanos? ¿Alguien puede administrar un Estado que no es millonario decidido a pagar, subsidiar o alimentar entre 18 y 21 millones de personas que viven de lo que él provee?
Hay muchas razones que llevaron a la huelga e incluso impusieron nuevos números en las paritarias. La pérdida del Estado y de los particulares por un país dominado por el silencio es millonario. Hubo, en la decisión, motivos particulares e interesados pero también existieron razones válidas y atendibles, una buena fatiga de guerra: el costo de vida que se eleva bajo tensión eléctrica, el golpe en la mandíbula por el alza de las tarifas, las cuentas que no terminan de cerrar en materia de subsidios, un espíritu de desazón e impotencia.
De allí que el resto de la CGT y la CTA y la izquierda se sumaran a las filas de los protestatarios en una jornada -como se decía antes de “patio de tierra, gallinero y mate”- pero sin movilizaciones callejeras. Para algunos esta huelga fue un grito emitido con fuerza debajo del puente cuando pasa el tren y para otros un llamado de atención a las autoridades ¿Lograrán modificar el estado de las cosas?
Las consignas verbales contra el FMI parecería que se las lleva a el viento porque sin la ayuda del organismo internacional seguramente estaríamos peor. O aumentaría nuestra soledad en el mundo. La crisis cambiaria que devoró varios millones del Estado fue una explosión de fiebre que mostró que el país está enfermo, que es difícil encontrar el equilibrio, que es complejo contentar a todos. Un ejemplo: los exportadores no están saltando de alegría con un dólar jugoso de 28 pesos cuando durante mucho tiempo exigían una mejora del tipo de cambio. Se verá en las estadísticas si los exportadores pudieron solucionar el déficit de la balanza comercial que es otro destrozo al que hay que poner especial atención.
Huelga sí o huelga no el gobierno tendrá que cumplir con la Carta de Intención que firmó con el FMI que, en lo que resta del año, el oficialismo se verá obligado a correcciones tarifarias para reducir el rojo de las arcas públicas. Con todo ello ahora todos miran el ritmo inflacionario, cerrando el año por encima de las proyecciones optimistas y encajonado en el 29 o 30 por ciento. Solo los optimistas, que los hay, indican que habría que esperar con paciencia a 2019 para recuperar el nivel de salario real promedio de 2015.
La reducción de los ingresos laborales en toda la pirámide social, sin exclusiones, pulverizará la demanda interna. Así se acumularían tres años seguidos de merma. Solo el nivel de dólar frenará a los ciudadanos que entre noviembre pasado y febrero de este gastaron 14.500 millones de dólares en viajes al exterior.
Según un estudio de Orlando Ferreres en 2015 más de 18 millones de personas cobraban (o vivían) del Estado cuando en 2002 eran de 8.700.000. El incremento de los dependientes escandalosamente. En estas se incluyen empleados públicos formales o contratados, jubilados, pensionados, beneficiarios de pensiones no contributivas, las cajas de las fuerzas armadas y de seguridad, seguro de desempleo y asistencia, en todas las jurisdicciones (Nación, Provincias, Municipios) incluidos los excombatientes de las Malvinas (que llegan a 23.500 cuando en el 20002 eran 14.500).
Este nivel de gasto público agota. hiere todo optimismo posible. Despedir a todo este inmenso grupo humano sería imposible porque no encontrarían trabajo en el sector productivo privado. La única posibilidad es crear una infraestructura con eficiencia logística y productiva tanto en Buenos Aires como en todas las provincias, facilitar el nacimiento de fábricas o pequeños talleres, en definitiva, un plan de producción nacional y no de libre importación como el que se asiste hoy por hoy donde gana en el que menos valor tiene su mercadería. Ya se sabe quien es: la potencia industrial asiática que no cesa de lanzar producción al mundo, ganando mercados a fuerza de precios accesibles. Habrá que elegir: ser o no ser el genocida de la industria local, pequeña o grande.
Intentando desmenuzar la carga que ata las manos ante el déficit fiscal, según la Subsecretaría de Políticas y Estudios Laborales del Ministerio Público, las provincias y municipios pagan a 3,6 millones de subordinados. La ANSES cubre las jubilaciones, pensiones y prestaciones social a otros 15 millones de personas. Últimos datos demuestran que entre jubilados provinciales -de cajas no transferidas a la órbita nacional- reciben pagos otros 1,5 millones de personas. Este cálculo pesimista supera los anteriores: se hablaría de 21 millones de personas, casi la mitad de la población argentina.
De todo ello se comprueba la responsabilidad del ANSES, que contaría con un Fondo de Garantía de Sustentabilidad a fines de 2016 de 875.000 millones de pesos. Pero el 60 por ciento está prestado al Gobierno Nacional a través de títulos y Letras del Tesoro. Así, la ANSES dispone del 40 por ciento del gasto anual del Presupuesto Nacional. Aunque al mismo tiempo caen sobre ANSES millares de juicios por reajustes de haberes y que la Reparación Histórica, una movida interesante y elogiada nació con problemas y no conformó a la mayoría. Un último informe de la consultora Econométrica confirma la precaria situación del sistema previsional argentino: con ingresos que representan un 7,1 por ciento del Producto Bruto Interno sus egresos ascienden al 11,7 del mismo.
Resulta imposible, desde el costado financiero que tan sólo 1,4 millones de trabajadores activos o registrado alcancen para pagar los magros beneficios que recibe la clase pasiva. Del mercado total de trabajo el 40 por ciento de los que supuestamente cobran lo hacen en negro, sin protección alguna y sin posibilidad de realizar los aportes a la gran caja de jubilaciones.
El dilema de los ciudadanos que dependen del Estado se arrastra desde hace décadas. Los políticos regalaron jubilaciones, se descuidaron las arcas del Estado, no importaron las estadísticas.
Y la ola fue creciendo hasta convertirse en un tsunami que es difícil de frenar. Esto de vivir de las prebendas del Estado también la utilizaron los empresarios: “vivir de las tetas del Estado” fue su estrategia de crecimiento. La década del 90, la del menemato fue clave al respecto. Los “amigos del poder” fueron los dueños del poder, reflejo maligno que se repitió durante el kirchnerismo y el cristinismo. El Estado daba protección a cualquier que mostrara condición de oficialista en los 2000, exención de impuestos como el caso de Cristóbal López o quedándose con toda la obra pública como Lázaro Báez y otros colegas de su gremio, que están siendo sometidos al dictamen de la justicia.
Publicado en El Cronista el 26 de junio de 2018.
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