Los gobiernos no definen sus características en cien días, y tampoco lo hacen, siquiera, en el primer año y, además, nunca una administración política es tan monolítica ni tan cerrada como para que su descripción quede cómoda en una sola cartografía.
En el caso del gobierno de los Fernández, la interpretación se hace, al mismo tiempo, más fácil y más difícil. Más fácil porque, en una buena medida, este gobierno es la continuidad de un ciclo que empezó con Néstor Kirchner y se cerró con la victoria de Cambiemos en 2015, y eso genera algunos anclajes y algunas posibilidades de comparabilidad y perspectiva. Más difícil, porque la intensidad de la disputa dentro del Gobierno es lo suficientemente importante como estar librándose 24 horas los siete días de la semana.
Si damos por buena la hipótesis del gobierno en disputa, pero al mismo tiempo no dejamos de considerar la idea de continuidad, aparece una pregunta que se impone y que hace falta tener en cuenta: ¿qué define la disputa interna de este ciclo peronista?
Esta última semana estuvo marcada, principalmente, por la variable económica. Las negociaciones con el FMI y los bonistas y la capacidad y voluntad de pago de la Argentina en el presente y el futuro se situaron en el centro de la escena poniendo a todos los actores en una suerte de sala de espera. Esta espera, para algunos es improvisación y denota una falta concreta de plan de salida de la crisis, y para otros puede ser un ejercicio de romantización en el que el Gobierno impone una suerte de acción pasiva que se lleva a la rastra al resto del sistema político.
Varios frentes. Mientras todos esperamos, el Gobierno, y desde varios frentes, agitó el tema de los presos políticos. Está claro que no es un tema de agenda ni de preocupaciones ciudadanas, pero sí es un tema funcional a los efectos de los posicionamientos internos y que coloca a cada uno en un lugar de comodidad ideológica. A los pedidos del ex juez Zaffaroni de intervenir el Poder Judicial de la provincia de Jujuy se sumó el proyecto de ley que en senadores presentó Guillermo Snopek y que ya logró respuestas fuertes desde el radicalismo, en cabeza del gobernador Gerardo Morales y también del resto de los espacios políticos. La única intención de este insólito proyecto, la única lectura posible, es promover la liberación de Milagro Sala, so pretexto de catalogarla como presa política. El terreno venía preparándose con las declaraciones de Santiago Cafiero, en tibio atisbo de respuesta a los reclamos de Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto en relación con este tema y con la situación de Sala en particular. La versión albertista del fernandismo acuñó, desde el discurso de asunción, la noción de detenciones arbitrarias. De eso habló Cafiero intentando, sin éxito, cerrar el debate hacia adentro del Gobierno. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, cruzó al jefe de Gabinete y llevó el caso de Sala, de la que fue abogada defensora, a escala regional, afirmando que en América Latina hay presos políticos.
Pero el dato central es otro. En medio de la semana y de la clara disputa interna con relación a este tema, el presidente de la Nación emitió un video durísimo contra la administración de Mauricio Macri, cargado de alusiones simbólicas dirigidas al núcleo más duro en este tema. Habló de violaciones a los derechos humanos y de alteraciones en el Estado de derecho durante el gobierno de Cambiemos. Usó la imagen de Milagro Sala para sostener el audio y el texto en el que Fernández mantuvo la idea de las detenciones arbitrarias. En el video, el Presidente se extrema y asume la posición más dura otorgándole alcance regional al tema usando el lawfare como excusa y cargando, además, tratándolos muy poco menos que de cómplices sobre los medios. Unas semanas antes, el proyecto es de diciembre pero se conocieron sus detalles esta semana, un grupo de senadoras kirchneristas presentaron un proyecto de ley en el que se establece que se puede declarar nula la detención y la prisión preventiva cuando se verifique que los medios de comunicación han influido sobre la percepción que se tiene de los acusados. El proyecto generó rechazo de las entidades periodísticas y de la oposición, que lo percibió como un ataque a la libertad de expresión y del trabajo de investigación periodística.
En definitiva, y retomando la pregunta sobre qué define la disputa en el actual gobierno, es posible decir que no se trata de una cuestión de ideas. La hipótesis de moderación que se intentó proyectar sobre Alberto Fernández se ve a cada paso desafiada por sus propios actos y sus propias decisiones. La virulencia de los ataques hacia la administración de Mauricio Macri, las designaciones de lo más discutido del elenco cristinista en lugares de decisión y de manejo de dinero, y la tozuda insistencia en culpar a los medios de lo que sucede, hacen que las diferencias no parezcan tales.
Queda claro que la disputa en el Gobierno no es ideológica ni de principios. Como mucho es de factibilidad. Se trata solo de poder, de poder decidir, de poder mandar y ordenar la política argentina bajo el signo impostor del populismo. Cuando se avanza sobre el Estado de derecho y se pone presión sobre los medios lo que se pone en riesgo es la libertad.
El riesgo de la ignorancia. Los hechos políticos, la presencia de actores polémicos y señalados y la carga simbólica de los discursos van escribiendo el guión de la narración política. Lo sabe el oficialismo desde siempre, y lo ignora la oposición desde hace demasiado tiempo. A Cambiemos, esta ignorancia ejercida desde el Gobierno le hizo pagar un costo enorme, está por verse si quiere corregirlo desde la oposición.
Publicado en Perfil el 22 de febrero de 2020.
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