Charlamos con el politólogo rosarino sobre la coyuntura política actual, el rol del oficialismo y la oposición y, en la semana de un nuevo aniversario de la entrega del informe de la Conadep, sobre el trabajo que realizó en aquellos años en la misma.
Antes del atentado a Cristina Kirchner, el escenario político nacional ya era conflictivo. Este hecho, que por el momento estaría relacionado con un grupo marginal, ¿cuánto agrava el problema?
Efectivamente, el escenario político nacional ya era conflictivo por una extrema polarización entre las dos grandes coaliciones, el oficialismo y oposición, en el marco de la extendida pobreza y de la inflación permanente. De este modo, se dificultan los acuerdos de convivencia democrática para asegurar la gobernabilidad hasta la finalización del mandato de Alberto Fernández. Por supuesto, hay matices en el enfoque de muchos de los actores políticos que componen ambas coaliciones. Luego del atentado, que coincido parece responder a grupos marginales, “la banda de los copitos”, se acentúa la polarización con la doctrina del odio que enarbola el Presidente en su discurso por cadena nacional, y continúa con la propia Cristina Kirchner y sus allegados. La doctrina del odio atribuye la responsabilidad de todas aquellas acciones, como la del atentado, al otro, es decir, a la oposición y a los medios críticos de las políticas oficiales. La intención de esa doctrina es, además, generar miedo, en especial a los jueces que tienen en sus manos los casos de corrupción.
Si bien el gobierno se abroqueló en los primeros momentos alrededor de la figura de la vicepresidenta, no pareciera hasta ahora obtener mejores resultados en las encuestas. ¿A qué crees que se debe esta falta de adhesión y, a la vez, a que amplios sectores sociales duden de los hechos?
Aunque el gobierno buscó obtener una gran rentabilidad política del atentado, no lo ha logrado. Cristina Kirchner continúa con el más alto porcentaje de imagen negativa en la opinión pública, quizá con una baja muy leve. El Presidente Fernández llevó hasta la ONU, en el discurso ante la Asamblea General, el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta, y de nuevo aludió a la oposición cuando se refirió a la violencia fascista que se disfraza de republicanismo. Con este discurso, que hace muy difícil los acuerdos con la oposición, se reafirma la construcción del enemigo: la oposición, los medios y la justicia. La falta de adhesión obedece a una palabra presidencial devaluada, a las acciones de un gobierno que ha empeorado la situación económica y social, y que ahora lleva adelante un ajuste severo. Creo, además, que la falta de adhesión se debe a que una amplia mayoría de la población, que incluye a todos los sectores sociales, dudan de la veracidad de los hechos. Un asesino que no sabe manejar el arma que porta, la custodia de la Vicepresidenta, la policía federal, no se entera que gatillan dos veces en la cabeza de la persona que custodian. Finalmente, el atacante es detenido por un concejal de la Cámpora, lo entrega a la policía de la ciudad, y enseguida encuentra la pistola en el piso. Más tarde por “insuficiencias tecnológicas” la policía federal eliminó los datos del celular del atacante. Todo es muy oscuro.
Al margen de la coyuntura reciente, luego de cuarenta años de democracia pareciera que los principales problemas del país, sobre todo los asociados a la economía, no se resuelven. ¿Es un problema de diseño institucional o es un emergente de la dinámica que los actores políticos le dan al sistema?
En estos cuarenta años la democracia se fue degradando lentamente, se acentuó el malestar de los argentinos, el fastidio de tantos, que ha incrementado el grado de anomia. Nuestra democracia arrastra todavía bienes sociales básicos insatisfechos. No creo que sea un problema de diseño institucional. Quizá nos tendríamos que preguntar acerca de nuestra cultura política democrática y, principalmente, en el arraigo de una cultura política liberal, defensora de la legitimidad constitucional, y no tanto de una legitimidad popular y nacional. Pensemos que el período democrático más largo, anterior al actual, fue de 14 años, entre 1916 y 1930. En ese siglo se produjeron seis golpes de Estado y dos gobiernos civiles tutelados por el poder militar. Con excepción del gobierno de Alfonsín en 1983, que al final fracasó económicamente, no existieron planes de estabilización económica, ni proyectos estratégicos de largo plazo. Me inclino más bien por un enfoque que pone el acento en los actores políticos, y en una crisis de proyectos.
En este contexto, ¿hay lugar para acuerdos creíbles y que a la vez repercutan positivamente en una sociedad reacia a los mismos?
Como dije antes, me parece casi imposible los acuerdos sobre planes de estabilización política y económica, que permita trazar líneas concretas de acción para sacar el país del pantano en el que se encuentra. La sociedad se ha vuelto reacia por la esperanza perdida en términos de la promesa de un futuro razonable. Lo que noto es la ausencia de fuerzas de cambio capaces de dotar a la sociedad de un nuevo estilo institucional y de nuevas vías de reforma social y cultural. Este es el principal desafío que tiene hoy la oposición.
Acordar implica costos para los actores. A la vez, implica que grupos, corporaciones, sindicatos, etcétera, cedan algún beneficio a corto plazo. ¿Crees que los actores y los otros grupos que mencioné están dispuestos a pagar dichos costos?
Totalmente, acordar implica costos, significa que cada uno de los participantes del juego político ceda una parte de sus pretensiones. De otra manera, no hay acuerdo posible. No olvidemos, además, que la sociedad argentina es una sociedad muy corporativa. Los dirigentes sindicales de los grandes gremios son empresarios, algunos de ellos dirigentes de equipos de fútbol. Una buena parte de los empresarios argentinos no son schumpeterianos, no están dispuestos a invertir, dispuestos a arriesgarse, buscan más bien las ganancias pingües, que el Estado les garantice los beneficios.
¿Quién tiene más que perder y que ganar en este caso? ¿El gobierno o la oposición?
La oposición tiene que buscar acuerdos de convivencia democrática, pero fundamentalmente tiene que prepararse para gobernar. La oposición estará sometida a una prueba extrema, la de estar preparada para afrontar una crisis de gran envergadura, y así evitar el derrumbe. Quizá tenga por delante la responsabilidad de gobernar, y para ello hay que concentrarse en las estrategias político-económicas de largo plazo. Ya no hay lugar para las improvisaciones.
Quiero preguntarte sobre una cuestión que muchas veces no aparece en nuestras entrevistas y es sobre la inseguridad y la violencia. Dado que vivís en Rosario y que la situación allí es preocupante, ¿crees que desde el Estado nacional y básicamente desde Buenos Aires no se dimensiona la gravedad del problema?
En Rosario, especialmente, pero también en la provincia de Santa Fe, la violencia urbana se ha instalado de una manera insólita, nunca antes conocida. Ese espiral de violencia, vinculada centralmente al narcotráfico, se ha cobrado en Rosario, en lo que va del año 2022, más de 200 muertes. La inseguridad es uno de los temas más preocupante en esta zona, por los crímenes, asaltos, robos, por encima incluso de la inflación. A este fenómeno tan extendido hay que sumarle hoy los incendios en las islas del Delta del río Paraná, que provoca un humo intenso en Rosario y la región que se vuelve irrespirable. La contaminación aérea afecta las vías respiratorias de una gran parte de la población. Ante estos dos graves problemas, el gobierno nacional parece sordo a las quejas y protestas. Hay pasividad en Buenos Aires y en algunos jueces de la provincia de Santa y Entre Ríos (que tiene casi toda la jurisdicción sobre las islas del Delta). En este contexto, un grupo de intendentes y de jefes comunales, encabezado por los intendentes de Rosario y de la ciudad de Santa Fe, protestaron en el Obelisco de Buenos Aires para ser escuchados por el Estado nacional y para dar visibilidad al grave problema que genera los incendios provocados en las islas. La sanción de la ley de Humedales daría un principio de solución a los daños de todo tipo que provocan las quemas.
Por último, quiero preguntarte algo que tiene que ver con una experiencia personal que nos enorgullece. Trabajaste en tu juventud como parte de la CONADEP. Me gustaría que nos cueste brevemente cómo fue tu experiencia y cuál es el legado del trabajo de la Comisión en ese primer año de democracia.
Agradezco tu pregunta final, porque me toca muy cerca en lo personal y también como ciudadano. La Comisión fue creada por el Presidente Raúl Alfonsín por decreto del 15 de diciembre de 1983, a solo cinco días de haber asumido. La finalidad fue la de recibir denuncias y buscar pruebas de los actos criminales de la dictadura para ser remitidos a la justicia. El Informe de esa labor titulado Nunca Más fue entregado al Presidente Alfonsín el 20 de septiembre de 1984. Así que estamos viviendo la semana del Nunca Más, uno de las actas fundacionales de la democracia, junto al Juicio a la Juntas Militares. Fue un pacto de convivencia democrático contra la violencia política, el terrorismo de Estado y por la defensa de los derechos humanos. Ernesto Sabato, presidente de la Comisión, calificó la dolorosa tarea realizada como el “descenso al infierno”, tarea que promovió el más grande acto de conciencia de una sensibilizada sociedad. La CONADEP se constituyó con doce miembros, y cinco Secretarías. Con un criterio pluralista y democrático fueron seleccionados todos sus integrantes. Sin embargo, el peronismo nunca aceptó participar en la CONADEP. Decía que esta fecha me toca muy de cerca en el terreno personal, porque a mi regreso del exilio en Francia comencé a trabajar en la Secretaría de Procedimiento que dirigía Raúl Aragón en febrero de 1984 hasta la finalización de la Comisión. La función de esta Secretaría era la de efectuar reconocimientos in situ de los centros clandestinos de detención junto a los familiares de las víctimas y también con aquellas personas que habían sido liberadas de esos centros. Para terminar, no quiero dejar de mencionar a Graciela Fernández Meijide, que dirigió la Secretaria de Recepción de Denuncias, y a Magdalena Ruíz Guiñazú, miembro de la Comisión, quien nos dejó recientemente. Por supuesto, la labor de la Comisión recayó en la espalda de muchísimas personas que entregaron horas de sus vidas por esta tarea democrática.
