A diferencia de otros momentos, en los que hubiera sido rechazada de plano, la propuesta de Javier Milei de privatizar el CONICET suscitó apoyos más allá de sus seguidores incondicionales. Como con otras propuestas, las posiciones posteriores de Milei oscilaron entre una cierta moderación a través de algunos voceros y la persistencia en la afirmación de los criterios básicos por parte del candidato.
Por diferentes razones, la idea y sus fundamentos me parecen desatinados. Para empezar, en ningún país importante los organismos dedicados a apoyar la investigación básica son privados. La NSF estadounidense, la Academia de Ciencias china, el CNRS francés, el CSIC español, el CNPQ brasileño o el CONACYT mexicano son grandes organismos públicos que sostienen la investigación básica, y a ninguno de los gobiernos, de izquierda, centro o derecha, se le ha ocurrido privatizarlos.
Una regla de oro es que cuando una propuesta para la Argentina contradice lo que hacen los países de referencia mundial no son ellos los equivocados.
En esta discusión se mezclan dos cuestiones: una sobre el papel del Estado en el financiamiento de la investigación básica, la otra sobre el funcionamiento del CONICET. Hay diferentes maneras de justificar la necesidad de que el Estado financie la investigación básica.
Como estamos hablando de dinero, conviene empezar por los argumentos de los economistas. La principal justificación económica parte de la existencia de fallas de mercado -Milei cree que no existen-. El progreso científico requiere que el conocimiento se comunique, circule y se comparta; la utilidad social de la investigación depende, en buena medida, de la difusión de sus resultados. No hay investigación básica si todos los resultados tienen propietario.
Además, la investigación es una actividad con resultados inciertos. Para complicar las cosas, no basta con querer que los resultados de un proyecto sean aplicables para que se apliquen y, muchas veces, investigaciones que no tenían un objetivo pragmático alcanzan resultados con enormes e imprevistos impactos tecnológicos, productivos y sociales.
Por estas razones la enorme mayoría de las empresas no invierte en investigación básica. Si no pueden apropiarse totalmente de los resultados de las investigaciones, ¿por qué las empresas financiarían proyectos que podrían beneficiar a otras empresas competidoras que no pagaron por ellos? Si los riesgos de fracaso son altos, ¿cuántas empresas podrían sostener los costos y los tiempos de un proyecto de investigación básica cuando es posible que los resultados no sean los esperados?
Por lo tanto, si se dejara el financiamiento de la investigación básica exclusivamente en manos privadas, concluyen los economistas, tendríamos como resultado una inversión menor que la necesaria para mantener y aumentar el stock de conocimientos científicos, con impactos negativos sobre el progreso económico y el bienestar.
Esta justificación económica explica solo de manera parcial el interés de los gobiernos en apoyar la investigación básica. Hay otras razones, a menudo más poderosas que los argumentos económicos. Para empezar, las políticas. El Congreso de los Estados Unidos aprobó el año pasado la CHIPS and Science Act, un paquete de medidas que involucra 280.000 millones de dólares para los próximos cinco años, para fortalecer las capacidades industriales y de investigación y desarrollo en una serie de prioridades, en primer lugar, los semiconductores.
Dentro de ese paquete hay poco más de 60.000 millones de dólares específicamente destinados a apoyar la investigación básica. La justificación es transparente: la competencia con China.
La investigación básica en temas de interés para la defensa está en el tope de las prioridades estadounidense, china y rusa, y cada vez más en las europeas. Algo similar ocurre con el cambio climático y la transición energética, el sector aeroespacial y, sobra decirlo, con el de salud. Y, probablemente lo más importante, nadie descuida el apoyo a la formación de investigadores y, más aún, la educación en ciencias desde la escuela primaria.
Dicho esto, el apoyo público a la investigación básica no es un cheque en blanco. La CHIPS and Science Act, por ejemplo, es una norma de 394 páginas que define con detalle qué es lo que se espera que cada organismo público de ciencia y tecnología haga, con qué criterios, qué presupuesto y qué cronograma. Es decir, la autoridad legislativa asigna recursos con finalidades muy precisas. Por ejemplo, el Congreso le da el mandato a la NSF de “apoyar la investigación para mejorar nuestra comprensión del impacto de la inflación”.
En el caso argentino, esos mandatos no están claros, ni para el CONICET ni para la mayoría de los organismos públicos de ciencia y tecnología. Los organismos son muy corporativos, con enormes dificultades para salir de un funcionamiento inercial, con diseños institucionales inadecuados y gestiones más preocupadas por satisfacer a los grupos internos que a aquellos que los financian con sus impuestos.
Nada para extrañarse: esta pauta es una expresión particular de un patrón extendido en el Estado argentino.
La propuesta de privatización del CONICET parte del desconocimiento profundo sobre la importancia de la investigación básica y las características de su financiamiento. Pero el cierre corporativo en la “defensa de la ciencia”, sin reconocer errores importantes de los últimos años, contribuye a erosionar la confianza social en el sistema científico argentino.
La propaganda del “gobierno de científicos” y el embanderamiento militante de una parte de la comunidad científica hicieron mucho daño. Como en otros planos de la política, hay que llevar adelante reformas, con firmeza, disposición constructiva y objetivos claros y realistas. Todavía no es tarde.
Publicado en Clarín el 11 de octubre de 2023.
Link https://www.clarin.com/opinion/polemica-conicet-financiar-investigacion-basica_0_0i6dlG59Wn.html
