Visto por la derecha de América Latina como un guerrillero en la presidencia, los estamentos conservadores de Colombia no ahorrarán energías para esmerilar su gobierno y las reformas que propuso para llegar al palacio de Miraflores.
Un presidente que postule reformas en cuestiones sociales (educación, salud y seguridad) parece ser una amenaza para el establishment de nuestra región. Más allá de que se crea en el lawfare o no, los intentos de torcer el mandato popular a través de la opinión pública y las instituciones judiciales, sumadas a la parálisis legislativa son situaciones recurrentes en América Latina. Y Colombia no es una excepción.
En la última semana estalló un escándalo mediático que embarra al presidente Petro y parece condenarlo como a Ernesto Samper a pasar toda su presidencia abjurando de lo que se lo acusa: la eterna corrupción. Esta es frutilla mediática – con consecuencia legales ya ejecutadas por una procuradora expedita para allanar el palacio de gobierno – del postre estructurado en base a la masa de acciones del poder judicial que vienen inhabilitando a legisladores de la coalición petrista: el Pacto Histórico. “A propósito, ¿se han dado cuenta que le están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico, suspendiéndolos con órdenes administrativas? Es decir, están cambiando ‘de facto’ la representación política en el Congreso que el pueblo eligió”, manifestó Petro en su cuenta de Twitter, para cargar sobre la procuradora Margarita Cabello: “es una procuradora que, evadiendo la sentencia de la CIDH sobre mi caso, abre procesos para suspender congresistas del Pacto Histórico y, por esa vía, cambiar la correlación de fuerzas y la representación popular”.
Si bien las bancas vacantes por las medidas judiciales serán completadas por nuevos actores petristas, es clara la intención de introducir ruido en la coalición gobernante, el que se amplificó con el escándalo desatado el domingo pasado desde el portal Semana que publicó una grabación atribuida al embajador de Colombia en Venezuela y mano derecha de la campaña de Petro, Armando Benedetti, histórico operador ecléctico que asesoró tanto al uribismo como al santismo, antes de Petro. Benedetti, a todas luces un hombre sin ideología, aparece en el audio divulgado, profiriendo frases como: “nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos, acabamos toda la hijueputa verga”. Gran batifondo mediático.
El escándalo – sazonado con relatos de una niñera y cuitas de la secretaria privada de Petro – es una especie de golpe de gracia a las pretensiones reformistas de Petro que están estancadas en un Congreso en el que ya no tiene la presidencia del Senado ni una coalición clara, y, además, sus negociaciones de paz con grupos armados se han ido debilitando. Además, aunque todavía no haya una sola prueba de la alegada corrupción, sí hay un escándalo político y, probablemente, una investigación en el Congreso, donde Petro no tiene mayoría.
La acción es clara: desconcierto en el Pacto Histórico y un presidente a la defensiva arrojando manotazos tales como la amenaza de movilizar al “pueblo trabajador” – que está convocado para este miércoles – para coaccionar a los legisladores y repudiar la “intromisión” de la justicia. Esta situación no es nueva para Petro, o para gobiernos vecinos de “izquierda”. Durante su paso por la alcaldía de Bogotá, Petro quedó aislado en el poder y gran parte de su gestión la dedicó a defenderse. Él suele atribuirlo a la reacción que genera el cambio profundo e inédito que propone.
En resumidas cuentas, en Colombia y en muchos países de la región la democracia se debilita y pendula – para decirlo en una forma elegante – entre el respeto a la división de poderes (república) y la efectiva realización de la voluntad popular (democracia) expresada por el voto, presentados como la lucha entre el statu quo y el cambio. Pero fundamentalmente expone sistemas políticos quebrados e incapaces de procesar los intereses para llegar a los acuerdos mínimos.
