La pandemia ha revelado lo mejor y lo peor de la especie humana: frente a una situación límite, el mundo pudo sobreponerse y desarrollar en tiempo récord los insumos y las tecnologías para mitigarla. Las vacunas para prevenir el Covid-19 son un claro ejemplo de esto: en menos de un año se lograron producir vacunas seguras y eficaces.
Sin embargo, el entusiasmo inicial que siguió a la publicación de los resultados preliminares que permitieron autorizar las vacunas, se vio empañado por la desigualdad global para su acceso, el nacionalismo vacunológico, los crecientes grupos antivacunas a nivel mundial, y, últimamente, la aparición de variantes como la Omicron, que evade parcialmente la respuesta inmune producida por las vacunas.
Todos estos factores relacionados contribuyen a la morbilidad, la mortalidad y la profunda disrupción económica, social y emocional relacionadas con el SARS-CoV-2 en casi todo el mundo.
En este momento tan crítico es fundamental encontrar el delicado equilibrio entre el respeto por las libertades individuales y la defensa de los derechos colectivos y la protección de la salud pública.
Partiendo del hecho de que la pandemia no puede servir de excusa a los gobiernos para tomar medidas autoritarias o violatorias de los derechos humanos, es importante analizar este escenario.
Más allá del uso y, en gran medida abuso, de medidas controvertidas de salud pública en nuestro país y en el mundo, tales como el aislamiento obligatorio o el pase sanitario, hay otras como la vacunación que hoy lamentablemente están desafiadas y discutidas por minorías sociales muy intensas.
Las vacunas, junto al mejoramiento de las condiciones y los estilos de vida, forman parte de la estrategia de salud pública más exitosa y costo-efectiva que se conoce desde hace más de un siglo.
Una vacuna efectiva protege al individuo y también a la población, por su potencial efecto rebaño, de las complicaciones y las muertes, y en el caso del Covid-19, la evidencia respecto a la fuerte reducción de complicaciones graves tanto a nivel individual como poblacional es enorme. Aquí es donde se alinean los derechos individuales con los colectivos. No hay ninguna otra intervención en salud pública con externalidades positivas tan contundentes como la vacunación.
Entonces ¿podemos obligar a la gente a vacunarse contra el Covid-19? Yo creo que no por el momento, y tampoco sé si deberá realmente indicarse en el futuro. Casi todas las vacunas han recibido sólo autorizaciones de emergencia por parte de las agencias regulatorias de sus respectivos países.
Y esto ha sido así porque nunca en la historia una vacuna se desarrolló y se produjo a escala al mismo tiempo en que ocurría una epidemia.
Por eso, los procedimientos de autorización fueron en general un poco más laxos y con evidencia científica proporcionada por períodos de seguimiento más cortos. Pero hay otra razón casi tan poderosa como la anterior.
No sabemos si se necesitará una vacunación periódica como con la gripe, si esta se indicará para todos, o sólo para grupos de riesgo, y si incluirá por ejemplo a los niños sin comorbilidades, que actualmente se vacunan más para frenar la circulación viral que por su riesgo individual.
Tampoco sabemos a ciencia cierta si se necesitarán más refuerzos o tal vez el virus devenga en una afección respiratoria leve. Por eso es aún prematuro incluirla en el calendario de vacunación obligatoria.
Sí creo que se puede persuadir a la gente a que se vacune y disuadir con medidas antipáticas pero efectivas, como el certificado de vacunación para realizar algunas actividades. ¿Es esa una medida violatoria de los derechos individuales?
En mi opinión no, porque en este caso estos derechos entran en colisión con los derechos colectivos, que como sociedad y en el medio de la pandemia tenemos que priorizar.
Por supuesto, toda medida que se supone protectora de la salud pública, debe guardar proporcionalidad en su implementación, y un gobierno que ha perdido credibilidad, que ha incurrido en groseras equivocaciones, soberbia, falta de empatía y desprecio por los datos y la evidencia científica no genera confianza para que supongamos inocentemente que sólo tiene buenas intenciones y que no persigue algún otro fin inescrutable.
Y aquí es donde surge a mi juicio el gran dilema: estamos tan atravesados por la grieta política y por la creciente polarización que nos empezamos a volver irracionales en nuestros juicios. Y si “ellos” dicen una cosa, “nosotros” tenemos que decir lo contrario.
Parafraseando a Yuval Harari, el reconocido antropólogo israelí autor de “Sapiens”, la pandemia ha visibilizado la lucha entre la vigilancia totalitaria como producto de gobiernos con sesgo autoritario y el empoderamiento ciudadano, como ejercicio de la democracia liberal.
Tengamos mucho cuidado con las falsas disyuntivas entre libertades individuales, derechos colectivos y protección de la salud pública. No son condiciones mutuamente excluyentes. Busquemos un sano equilibrio para salir mejor de esta crisis. La vacunación es un tema de salud pública y responsabilidad social que requiere un debate serio. No fulbito para la tribuna.
Publicado en Clarín el 3 de febrero de 2022.
Link https://www.clarin.com/opinion/derechos-individuales-colectivos-pandemia-limite-_0_H9nANVkh3x.html
