Los países de América Latina están azotados por tres males que se acentúan en tiempos de emergencia y gobiernos populistas: la violencia, la desigualdad y la falta de instituciones sólidas. Reconstruir la confianza social, desde la ejemplaridad de los gobernantes y la transparencia de los actos, es la principal condición para progresar y combatir esos males.
Recientemente tuve el agrado de participar del “10º Seminario Internacional Corrupción y política en América Latina: pesos sin contrapesos” de la Universidad de Guadalajara y el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, que contó con el auspicio de prestigiosas instituciones académicas, organismos internacionales, integrantes de la sociedad civil y público interesado en el tema, como la AMEXCID (Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo), la Red por la Rendición de Cuentas, Friedrich Ebert Stiftung, el Instituto Nacional Electoral de México, la GIZ y el World Justice Project.
En este seminario se pusieron a consideración diversas experiencias y abordajes referidas a la problemática de la corrupción en la región.
Tan distintos, tan iguales
Los países de América Latina presentan diferencias muy marcadas en algunos aspectos, no obstante lo cual existe una tríada de males que nos hermana en términos políticos, institucionales, sociales y económicos: la violencia, la desigualdad y la falta de instituciones sólidas.
La pandemia que se inició a fines de 2019 con el caso cero de COVID-19, y que aún transitamos, es la peor crisis sanitaria que nos ha tocado enfrentar en tiempos contemporáneos y traerá aparejada una de las peores crisis económicas y sociales que hayamos sufrido.
En términos regionales, si bien América Latina alberga algo menos de un 10% de la población global, concentra tanto como 1 de cada 5 casos registrados y más del 30% de los fallecidos por COVID19. Las consecuencias de este escenario configura lo que CEPAL ha denominado una nueva década perdida ya que por primera vez en 30 años el índice de desarrollo humano que elabora ONU dará negativo.
Esta crisis y sus consecuencias aumenta los miedos individuales a la vez que alienta las incertidumbres sociales. En este contexto, algunos gobiernos han pretendido hacer de situaciones excepcionales la regla para pasar por alto los controles institucionales previstos en cada país, una constante en este último tiempo, principalmente en los países con gobiernos de tinte populista, sin importar su inclinación ideológica.
Controlar en pandemia
Recientemente el filósofo político Daniel Innerarity decía “Las sociedades maduras están más interesadas en dar una forma institucional a sus propias limitaciones que en procurarse poderes absolutos; prefieren el control y el equilibrio a la excepción y la imposición…” Este punto de vista es central para lo que quiero expresar ya que ante la pregunta ¿Se vincula el desarrollo económico de un país con la fortaleza de sus instituciones? la respuesta es sí. Existe una relación de asociación positiva y causalidad entre la fortaleza de las instituciones y los resultados económico-sociales, quizás así podamos explicar las diferencias entre Corea del Norte y Corea del Sur o aquí, Río de la Plata mediante, entre Uruguay y Argentina.
El desprecio que los gobiernos populistas muestran hacia las instituciones socava la confianza social en el sistema y a su vez debilitan la democracia. Esto incluye a la Argentina, que en un reciente informe de la International Budget Partnership aparece en una mala posición en términos relativos con otros países respecto a la administración de los gastos para afrontar la pandemia, destacando a nuestro país como de “transparencia limitada”, una categoría donde los gobiernos eluden los trámites parlamentarios, relajan los procesos de compras y no hacen frente cabalmente a su obligación de rendición de cuentas.
Estas cuestiones se enmarcan dentro de una fuerte tendencia del gobierno actual a recurrir a Decretos de Necesidad y Urgencia, algo que al decir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es peligroso y en cierta medida afecta la vigencia plena de los derechos humanos, ya que el control es una noción clave en una sociedad democrática.
Por estas razones se vuelve vital recuperar las instituciones en base a la confianza y para eso hay que tener mejor control y auditar el Estado en sus gastos, incorporando distintas visiones y la participación activa de la sociedad organizada.
Conclusión
La matriz de progreso o atraso en un país viene dada por el factor confianza social. Este es un factor que muchas veces parece ser secundario pero a rigor de verdad, forma parte de la columna vertebral del progreso. ¿Cómo se genera confianza social? Bajo dos premisas básicas: ejemplaridad de los gobernantes e instituciones robustas, abiertas y transparentes. De la primera premisa no podríamos decir mucho más que no se haya dicho, debería ser algo simple y regla básica, sin embargo, muchas veces no lo es y afecta la segunda y más relevante premisa dada por la fortaleza de las instituciones.
Reconstruir la confianza social en las instituciones debería ser la obsesión democrática de los tiempos que corren, para eso el control y la participación ciudadana deben ser un factor fundamental y es relevante trabajar sobre ello porque la situación de emergencia en pandemia es aceptable, lo que no es aceptable es la renuncia al control.
