El etiquetado frontal de advertencia (EFA) es una herramienta clara y sencilla para promover opciones saludables al momento de la compra de alimentos o bebidas. Se basa en la inclusión de sellos cuando el producto tiene exceso de nutrientes críticos potencialmente perjudiciales para la salud, como grasas, sodio o azúcares. El EFA no tiene nada que ver con la tabla de valores nutricionales que se encuentra al dorso del envase y cuya información en general es muy difícil de comprender.
Este proyecto de ley, que cuenta con media sanción del Senado y dictamen en Diputados, ha sido fruto de la colaboración de legisladores del oficialismo y la oposición, con participación de ONGs, sociedades científicas y organismos internacionales. ¿Por qué entonces encuentra tantos obstáculos para su tratamiento?
Según Kingdon, un prestigioso politólogo norteamericano, las políticas públicas encuentran su ventana de oportunidad para entrar en la agenda gubernamental cuando la sociedad reconoce un problema que hay que resolver, se dispone de instrumentos (políticas) para dar cuenta de ese problema, y los diferentes actores, ejerciendo su posicionamiento, influencia y poder, dan forma a las alternativas que están sobre la mesa. En este caso, la sociedad reconoce al sobrepeso y la obesidad asociados a la malnutrición como problemas de salud que aumentan las chances de enfermedades crónicas, más de 70% de la carga de enfermedad en Argentina. El EFA es efectivo para modificar las decisiones en el punto de compra, encontrándose amplia evidencia científica de los países de la región que ya lo están implementando, como Chile, Uruguay, Perú y México.
La introducción de políticas que cambien el “status quo” suelen tener costos concentrados que afectan a grupos organizados y beneficios dispersos en grupos no organizados. Estas políticas son llamadas “emprendedoras” y pocas veces resultan atractivas. Por eso es importante efectuar un mapeo y análisis de los jugadores, ver cómo se distribuyen los costos y beneficios, y evaluar el poder, posición y percepción que el público tiene sobre cada actor. En el caso del EFA, vemos dos narrativas diferentes: la defensa de la salud pública y la defensa de la producción y el comercio. ¿Se contraponen? Argumentaré que no.
En el proyecto de EFA los beneficiarios (la sociedad en general, y en particular los niños y los más pobres) no se encuentran organizados sino dispersos. Los medios de comunicación masiva, por su influencia, son clave para mover la percepción social. La alimentación saludable es un tema que despierta interés, en especial en la clase media, por lo que en general tienen una mirada positiva. Por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil o algunas organizaciones internacionales como OPS/OMS o UNICEF apoyan fuertemente, pero su voz es más débil.
Del lado de los contendientes encontramos a la industria, representada por la poderosa cámara de empresas de alimentos y bebidas (COPAL) y las provincias azucareras del NOA. Muchas veces los actores gubernamentales (en especial aquellos a cargo de la producción y el comercio, pero también algunas autoridades sanitarias) tienen posiciones ambiguas o se encuentran cooptados por la industria.
¿Cuáles son los argumentos para oponerse al EFA?: 1) trabas comerciales y barreras para-arancelarias en el ámbito de la OMC y Mercosur; 2) costo del reetiquetado de productos; y 3) retracción de la demanda con caída de la producción, fuentes de trabajo y exportaciones, perjudicando a uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía. Sin embargo, no hay evidencia de que esto sea cierto. Veamos.
La OMC reconoce la legitimidad de la defensa de la salud pública de un país por sobre los reclamos comerciales. Uruguay ya cuenta con EFA y en 2022 lo tendrá Brasil, aún sin norma Mercosur. Por otro lado, hay evidencia de que los costos del reetiquetado por cambios normativos son inferiores a los costos por relanzamiento o rediseño del producto, estrategias habituales de marketing. Finalmente, el EFA no reduce la demanda general de productos, sino que promueve la sustitución de aquellos con sellos, por otros más saludables ofertados dentro del mismo sector. Es, además, un fuerte estímulo hacia la reformulación.
La malnutrición infantil por exceso, en un país con más de 50% de niños pobres, es hoy el problema de salud pública que más condiciona nuestra agenda de desarrollo sostenible en las próximas décadas. Si no actuamos ahora, estos niños tendrán no sólo más chances de padecer enfermedades crónicas cuando sean adultos, sino que también estaremos comprometiendo el capital social, las oportunidades, el desarrollo económico y el futuro del país. Y así como la pobreza genera enfermedad, la enfermedad perpetúa la pobreza. Parafraseando a Primo Levy: Señores legisladores, ¿si no es ahora cuándo?, y si no son ustedes, ¿quiénes?
Publicado en Perfil el 26 de octubre de 2021.
