En el contexto de elecciones, el Gobierno tomó la decisión de repartir. “Platita”, electrodomésticos y buenas noticias. Entre éstas últimas, la más notable es que se acabó la cuarentena educativa. De un día para el otro, las opiniones de las autoridades oficiales cambiaron y hay que volver a la escuela todos los días.
El nuevo ministro Jaime Perczyk, que hasta entonces estuvo a cargo de la Secretaría de Políticas Universitarias cuyas universidades estuvieron cerradas un año y medio, declaró al asumir la necesidad de “recuperar la presencialidad y la posibilidad de jugar, aprender y cantar con otros”.
Silvina Gvirtz, dos días antes de ser elegida viceministra, valoraba en Clarín la presencialidad, y reconocía el impacto catastrófico de un año y medio sin clases, desconociendo que hasta entonces fue la responsable de la educación en el Municipio de La Matanza, en donde no hubo presencialidad plena durante un año y medio, por decisión del gobernador Axel Kicillof.
La secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, luego de reunirse con el presidente, pretendió convencer a la sociedad de que los trabajadores “siempre acompañaron la presencialidad y la importancia que tenía”, cuando aún es posible leer en el sitio de ese sindicato una cantidad de exigencias para volver a clase, entre ellas, “un mayor porcentaje de población con dos dosis en particular niños y jóvenes menores” dado que “está en juego la vida y la salud”.
Apenas mencionar, en este repentino cambio de discurso, las declaraciones del renunciado ministro Nicolás Trotta haciendo explícitas sus diferencias con el presidente y separándose de la decisión del máximo mandatario de suspender las clases, algo que no hizo durante su gestión.
No hacen falta más ejemplos para darnos cuenta de la intención de construir un nuevo relato sobre lo que pasó en la cuarentena argentina, una gestión que fue pésima por cualquier lugar donde se la mire. Con cuarentena estricta de manera generalizada se destruyó la economía, con cierres masivos de comercios y empleos, lo que no evitó los 115 mil muertos.
Además, la escandalosa gestión de las vacunas que priorizó los intereses geopolíticos y de empresarios amigos y no a la salud de la población. En educación, se suspendieron las clases más de un año, sin un retorno planificado, sin adecuar edificios, y hasta hace pocos días con escuelas a medio funcionar, en base a protocolos antiguos y un discurso del terror por parte de militantes de la no presencialidad asociados al Gobierno.
El resultado es un millón de chicos fuera del sistema y grandes déficits de aprendizaje. El común denominador de esa mala gestión de la pandemia que se pretende olvidar fue el desprecio por los datos y la evidencia para tomar decisiones. Hoy sucede lo mismo.
Las decisiones de apertura no se basan estudios, sino en el claro motivo de cambiar el humor social de cara a las elecciones del 14 de septiembre.
La estrategia de repartir más y con el mayor impacto mediático no sólo se anuncia, sino que comienza a implementarse.
Se destinan 5.000 millones de pesos para recuperar a los chicos que abandonaron la escuela. No está claro aún cómo ni quiénes los irán a buscar. El Ministerio de Educación nunca avanzó en la creación de un sistema de información de trayectorias de los estudiantes. El día posterior a la renuncia de Trotta se presentó un Sistema de Indicadores Educativos (SICDIE) con información de 2019 a nivel del sistema y del número de escuelas, que no alcanza para tener una foto de la situación educativa actual.
Además de ese financiamiento, se decide aumentar el tiempo de clase con el programa “Volver a la Escuela” para “tener más días, más horas” de estudio, a través de “contraturnos, los sábados, con escuelas de verano o con clases de apoyo”, porque se busca “enseñar más”.
Y en las últimas horas se anunció la vacunación masiva para chicos de 3 a 11 años. Muchos nos preguntamos por qué en ese anuncio estaba, junto a la ministra de Salud, el ministro de Educación.
Hasta que Perczyk expresó que la medida “tiene que ver con un esfuerzo del Gobierno para la recuperación de la presencialidad plena en todos los niveles educativos”. La vacunación, así, “aporta también a recuperar a los chicos que se fueron, porque invitándolos a vacunarse van a volver a la escuela”.
Al parecer, una nueva etapa comienza de la grieta educativa, ya no a partir de “presencialidad sí o no”, sino entre familias pro y antivacunas no formalizadas. ¿Será que a partir de hoy quienes acusaban de asesinos a los “runners” y a los padres organizados empezarán a señalar como irresponsables a las familias que decidan no vacunar a sus hijos hasta que estén confirmados los pasos necesarios de seguridad y efectividad? .
En el medio de anuncios, acciones distributivas y nuevas discusiones, los actuales responsables de la educación no parecen estar dispuestos a realizar cambios de fondo. No se ha escuchado aún al secretario de Evaluación e Información Educativa, Germán Lodola, anunciar la puesta en marcha de las pruebas nacionales estandarizadas APRENDER.
Habló del desafío y responsabilidad de revincular a las chicas y chicos “que se nos fueron” y profundizar aprendizajes, pero nada dijo acerca de las pruebas que Trotta se comprometió realizar después de una fuerte presión de la sociedad.
Tampoco mencionó si van a avanzar, como política pública, en la implementación de la Ley de Cedula Escolar, a partir de un sistema de información nacional de seguimiento de trayectorias de los estudiantes, algo que hace un año y medio debió comenzar a desarrollarse y no se logró.
Tampoco se ha oído nada acerca de un replanteo curricular en la emergencia. Más que días de clase para que entren con corsé los contenidos de siempre, hoy más que nunca se necesita un cambio cualitativo para recuperar el derecho a la educación, con saberes significativos para la ciudadanía y el trabajo.
Se trata de pensar de qué forma se organizarán los contenidos desde propuestas innovadoras, para recuperar lo perdido de una manera más efectiva y profunda. Hay pérdidas de hábitos, de actitudes, serios problemas de socialización.
Se necesita un plan de reforma de fondo, sobre todo en el secundario y en la formación docente. Está claro que el plan no puede estar de un día para el otro, pero ni siquiera se anuncia la voluntad de avanzar hacia un cambio real a partir de un diagnóstico objetivo compartido.
Temo que las decisiones en educación sean apenas un elemento más en la necesidad de cambiar el humor social de cara a noviembre. Los datos de la baja circulación del virus son similares a los de hace días cuando aún se resistía la vuelta a clase.
Mi sensación es que, así como hoy te dan (“platita”, electrodomésticos, vacunas, días de clase), mañana no. Porque hoy se necesita electoralmente, no porque hay razones basadas en evidencia para ello. Si así fuera, los anuncios y acciones recientes no serían más que otra expresión populista, ahora en educación.
Estamos en un momento en que es cada vez más evidente para la población en qué consiste el populismo. Subestimación de la voluntad de las personas. Mayor importancia al hoy, a cómo salir del paso sin importar los efectos en un futuro cercano incierto.
Irresponsabilidad financiera al emitir dinero sin respaldo que hoy llega a la población, pero que mañana desaparece con la inflación.
Las consecuencias económicas y sociales son graves, pero las educativas no se quedan atrás. La crisis de la educación no va a resolverse con anuncios y acciones agregativas. Sería deseable en este momento, una clara decisión oficial de saber dónde estamos, implementado las pruebas nacionales, y un convencido anuncio de que de la crisis educativa salimos todos juntos, en base a un camino claro, a partir de un plan que debería acordarse en el Congreso. El cambio educativo necesita consensos, porque la crisis educativa no se resuelve en dos o tres años.