Desde la liga de millonarios que impulsan un impuesto a la riqueza similar al votado en la Argentina, hasta iniciativas para gravar a las tecnológicas que pagan poco y nada, el tema tuvo un capítulo interesante en la última votación presidencial.
La salida de la Gran Depresión del siglo XX, en los EE.UU y en otros países desarrollados, se logró a base de proteccionismo, aumento de impuestos y regulación económica por parte del Estado –en menor medida con el liderazgo de Herbert Hoover, con más profundidad bajo la presidencia de Franklin D. Roosevelt. La crisis actual –comparable con aquella en magnitud e intensidad y acelerada por la pandemia- está llevando a soluciones similares. En ese menú, luego de años de reducción de impuestos, los norteamericanos están tratando de revertir la creciente desigualdad, mejorando la educación y la salud pública para lo cual necesitan financiamiento, ergo, recursos que sólo se obtienen con impuestos sobre aquellos sectores que tienen mejores ingresos.
En la última elección varios estados incorporaron propuestas de aumento de impuestos junto con la boleta. El estado de Arizona ha pasado de ser republicano a demócrata. Junto con la elección que determinó ese cambio, los votantes aprobaron, en la misma elección, un aumento masivo del impuesto sobre la renta estatal para los que ganan más. En los números, implica un aumento de ese impuesto del 3,5 por ciento. El voto fue 53 por ciento a favor y 47 por ciento en contra de la propuesta, llamada: Proposición 208.
En Arizona, los ingresos anuales adicionales recaudados -estimados en mil millones de dólares- se destinarán a la educación. El 50 por ciento se destinará a aumentar el salario de los “maestros” en Arizona, como lo describe la ley estatal. El 25 por ciento a aumentar el pago del “personal de apoyo del aula”, según lo describe la ley estatal. El 10 por ciento se utilizará para orientar y retener a los nuevos maestros en su primer, segundo y tercer año de enseñanza. El 12 por ciento se destinará a programas de formación profesional y de la fuerza laboral para estudiantes de 9 a 12 años, incluido el desarrollo o la expansión de programas vinculados a carreras de salario medio a alto o de alta demanda. Y, 3 por ciento irá a la Academia de Maestros de Arizona y aumentará la cantidad en dólares de las becas disponibles a través de esa institución.
El aumento del impuesto alcanzará a individuos con ingresos superiores a 250.000 dólares y contribuyentes conjuntos –matrimonios- con ingresos superiores a 500.000 dólares anuales.
Otros dos estados, que tenían propuestas similares de aumento de impuestos estatales sobre la renta en la boleta electoral del 3 de noviembre —Colorado e Illinois— tuvieron otra suerte. Colorado, a través de la Proposición 116, redujo –casi en forma simbólica- su tasa impositiva fija del 4,63 por ciento al 4,55 por ciento, e Illinois rechazó un cambio de la tasa.
En Massachusetts, se está considerando agregar a la próxima boleta electoral -en noviembre de 2022- un impuesto a los millonarios, que gravaría las fortunas de más de un millón de dólares de ingreso anual, con un 4 por ciento. El impuesto se agregaría al impuesto estatal sobre la renta del estado. Lo recaudado se destinaría a la educación pública, construcción de carreteras, puentes y al mejoramiento del transporte público.
Mientras tanto, en el estado de Washington, uno de los pocos estados que no tiene impuestos estatales sobre la renta, hay esfuerzos para prohibir cualquier intento de aplicarlo.
Lejos está, la ciudadanía –y los grupos de intereses– un acuerdo sobre aumentar los impuestos en una sociedad que todavía tiene una creencia extendida sobre el libre mercado como motor del desarrollo. De hecho, en Arizona ya se ha judicializado el resultado de la voluntad popular que determinó el mayor aumento de impuestos en la historia de ese estado, y es una advertencia para el resto del país, o al menos para aquellos que se preocupan por proteger a sus estados de una avalancha de políticas progresistas que “destruyen el empleo”, según declaró el ex vicepresidente de George Bush, Dan Quayle.
A fines de diciembre, una coalición de legisladores, contribuyentes y grupos de pequeñas empresas presentó una demanda desafiando la constitucionalidad de la Proposición 208. “La Constitución de Arizona limita claramente cómo el estado puede recaudar y gastar dinero en educación. La Proposición 208 intenta evadir esos límites”, asegura Quayle, hoy residente de Arizona y presidente de Cerberus Global Investments.
¿Cómo pudo un estado tradicionalmente conservador desde el punto de vista fiscal haber dado un giro tan drástico hacia la izquierda?, se pregunta compungido, Quayle. Y se responde: Desafortunadamente, Arizona puede convertirse en víctima de su propio éxito. Una población en rápido crecimiento, incluidos los emigrados de California con altos impuestos, ha traído consigo su política, lo que convierte al estado en un objetivo principal para aquellos que desean imponer un nuevo orden en el desierto.
No es la primera vez que esa nación debate sobre cómo salir de una crisis. Y no será la última.
