El brindis de fin de año es un buen momento de introspección, en donde hacemos un balance de los logros y deudas personales y nos proponemos las metas y deseos para el siguiente. Es una buena ocasión para hacer ese ejercicio en relación a la educación argentina del año que termina y del que nos espera, porque sólo en los fueros íntimos de sus protagonistas, en especial de los tomadores de decisiones, se podrá sortear la grieta que terminó atravesando el debate público sobre lo que pasó y pasará con la educación argentina.
Un 2020 con balance negativo
En la columna del “debe”, habrá que asumir el error de haber cerrado todas las escuelas de golpe, como si el virus se hubiera esparcido por igual en todo el país durante estos nueve meses. Allá por marzo, el recurso a la virtualidad fue la mejor opción. Aun cuando en aquel momento algunos sectores se resistían a este recurso, la educación remota se incorporó a la vida de docentes, alumnos y familias de manera creciente pero desigual. Algunas provincias habían estado sin clases buena parte de 2019 y otras, en el otro extremo, contaban con una base de datos de cada uno de sus estudiantes. Aquella decisión de cierre total se fue prolongando injustificadamente, sobre todo cuando el virus estuvo por meses circunscripto a la región del AMBA. No existió la decisión política de definir un plan de apertura contingente y geográfico cuando ya comenzaban a conocerse los patrones de la propagación.
En la misma columna del “debe” también está haber subestimado la duración de la cuarentena y no haber declarado a la educación como actividad esencial. A diferencia de otros sectores, que se establecieron como esenciales desde el comienzo o a medida que transcurrió el tiempo, la educación no estuvo en la lista de las prioridades. Se fueron abriendo casinos, restaurantes y fábricas. Más cercano en el tiempo se permitieron reuniones en espacios abiertos cuando los patios de las escuelas recién fueron permitidos entrado noviembre. Hasta entonces, la escuela no estuvo abierta para los alumnos, pero tampoco para docentes que no fueran grupo de riesgo, ni para directivos o personal de mantenimiento.
Otro punto del “debe” fue suponer que la educación remota mantendría su efecto positivo – cuando lo tuvo- durante muchos meses. No se evaluó, a la hora de tomar decisiones, el impacto negativo de anunciar antes de las vacaciones de invierno que no se calificaría. Para esa época, estaban los resultados de un estudio oficial encargado a un organismo internacional de renombre, con los resultados más que preocupantes de la educación remota. Con ellos, tampoco se elaboró en julio un plan de apertura contingente para el segundo cuatrimestre.
Allá por agosto se discutía qué hacer en el 2021, cuando aún quedaban cuatro meses invalorables para muchos niños, niñas y adolescentes del país que después del receso, dejaron de conectarse. Se resistió comenzar hasta donde se pudo. El 2020 no sólo podía servir para recuperar algunos aprendizajes, sino que se convertía en una posibilidad clave para ensayar un futuro regreso general. Para ese entonces las resistencias ya no eran pedagógicas ni sanitarias, eran políticas.
Recién en octubre, bajo la presión de la CABA, y con la creación del “semáforo”, se dejó el tema en manos de las provincias remarcándose, desde el discurso, que el sistema educativo era federal. Nada se dijo acerca del decreto presidencial 714/20 y sus ampliaciones, que impedía toda actividad no esencial. Recién en noviembre comenzó a construirse una base nacional de estudiantes para detectar a quienes necesitarían acompañamiento de revinculación, tarea que pudo haberse desarrollado a lo largo del año en el marco de la Ley de Cédula Escolar N° 27489.
El Congreso también tiene deudas que asumir en el balance. No declaró la emergencia educativa en 2020, tal como lo establece el artículo 115, inc. f) de la Ley de Educación Nacional, que hubiera permitido destinar recursos para mejorar los edificios escolares y prepararlos para el regreso, aun cuando se presentaron proyectos en tal sentido. No fue posible de manera sistemática programar la adecuación edilicia en 2020, ni la conectividad en escuelas y en hogares de familias sin acceso, ni tampoco el acompañamiento a docentes con equipos tecnológicos aportados por el Estado.
Pero el Congreso tiene un punto en el “haber”. En el presupuesto 2021 hay una previsión de 19.394 millones de pesos para infraestructura escolar, un rubro con enorme incremento en relación a 2020. Si hay real vocación de ejecutar buena parte de esos recursos en los primeros meses del año que comienza, se torna prioritario ya estar diseñando el plan de infraestructura escolar 2021, lo que implica definir zonas prioritarias, llamados a licitación, y todo lo necesario para tener las escuelas preparadas en marzo.
Otro punto para el “haber” es el impulso de la sociedad civil exigiendo la apertura de las escuelas. Los movimientos de “Padres Organizados” de diferentes provincias, el de docentes “Abramos las Escuelas”, así como usinas de pensamiento tales como “Argentinos por la Educación” y “Fundación Alem”, son señales positivas de que la política educativa es una construcción de muchos actores. A ellos y ellas les debemos relevamientos de testimonios de familias y estudiantes, estudios y análisis, que constituyen un enorme acervo que debería valorarse para las importantes decisiones que habrá que tomar a comienzos de 2021.
Pero hay un último punto del “debe” que quizá no se reconozca nunca. Haber propagado el miedo en la población cuando ya había evidencias mundiales de que la apertura educativa con cuidados no aumentaba la propagación. En Europa, en plena segunda ola de contagios, se han vuelto a suspender actividades, pero las escuelas permanecen abiertas, o apenas suspendidas por plazos cortos. “Esperar a la vacuna” es una vez más una señal de la dificultad para anticiparse a las eventualidades, y depender de ellas. No comprender que hay aprender a convivir con el virus, con los debidos cuidados, es una deuda que lamentablemente pasará a 2021.
Metas y deseos para 2021
En el brindis por la educación los deseos y metas del 2021 deberían visualizar a la escuela como el centro de la recuperación educativa. Para eso, debemos prometernos que nunca más las vamos a cerrar. Es allí desde donde hay que detectar y revincular al millón y medio de niños, niñas y jóvenes que abandonaron la escuela. Y son los docentes y autoridades escolares los protagonistas de esta tarea heroica.
Cada escuela debería planificar su regreso a clases, que no va a ser con todos juntos de una vez. Por eso el plan en cada institución, de acuerdo a la zona, podrá combinar lo presencial con lo remoto, incluso previendo momentos de no presencialidad, para el caso de aumento de la circulación del virus. La contingencia debe formar parte de un plan en el que la escuela no puede dejar de funcionar.
Desde los sistemas provinciales habrá que relevar a docentes, para distribuir tareas presenciales y a distancia, según sean grupo de riesgo o no. Las Juntas de Clasificación en su pleno funcionamiento deberán a la vez asegurar las designaciones de docentes suplentes que reemplazarán a quienes no puedan estar en el aula. Estos últimos pueden asumir el trabajo remoto complementario para lo cual, con tiempo, podría reforzarse la capacitación en educación mediada por tecnologías.
Hay mucho por hacer y en este brindis el deseo y decisión de todos los actores involucrados en la educación tiene que ser el de querer empezar cuanto antes, sin discusiones mezquinas. En el fondo todos lo saben. A veces los fines de año son una buena ocasión para hacer borrón y cuenta nueva. Aprendamos de los errores y vayamos todos juntos hacia el objetivo común que es, sin dudas, recuperar a la educación como derecho. La segunda ola no nos puede encontrar desprevenidos y sin reflejos. La Argentina en marzo 2021 ya no tiene excusas para con la educación.
Publicado en Infobae el 18 de diciembre de 2020.
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