Cuarenta y ocho horas bastaron para que el “impuesto a la riqueza” fuera aprobado en la Cámara de Senadores y en la de Diputados. Hasta no hace mucho tiempo los analistas políticos entendían que ese gravamen quedaría en la nada, cajoneado y ya sin vida.
Su autor es Carlos Heller, banquero que está marginado del círculo financiero más poderoso del país. Luego se sumó con algunas ideas y correcciones el diputado Máximo Kirchner, quien deberá pagar, como contribuyente, más de 200 millones de pesos por los bienes heredados por la muerte de su padre.
Heller intentó aclarar en una declaración : “No es un proyecto que vaya contra nadie, no en una confrontación entre los que más tienen y los que menos tienen”. Su nombre es ” Aporte solidario y y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”. ¿Hubiera sido lo mismo sin el peso de la pandemia, pero en una situación económica muy grave en el medio de una negociación con los enviados del Fondo Monetario? Estos, en sus diálogos oficiales no fueron enemigos del “impuesto a la riqueza”.
Estuvieron en algunas sesiones en el Congreso Ministros nacionales que seguían los argumentos y diatribas dé la oposición. Ellos esperaban que, una vez aplicado, ese impuesto podría aportar a las arcas oficiales mucho más que 300.000 millones de pesos -si todo sale bien- como colchón operativo para un país con los bolsillos desfondados. Se supone que lo pagarán 9.389 contribuyentes, en los ámbitos personales o por las empresas que están a sus nombres.
No faltarán ciudadanos que consideren al gobierno y a los congresales oficialistas, como una especie de Robin Hood que le saca fondos a los ricos para entregárselo a los pobres. Una versión romántica. Otra, más realista señala que el total conseguido servirá para satisfacer necesidades provinciales, donde lo que importa es el dedo que señalará ( arbitrariamente, con bastante certeza) quien o quienes serán los gobernadores con coronita.
El rechazo de los empresarios por esa carga fue rotundo. Los dirigentes del área rural pusieron también el grito en el cielo. La mayoría de los que representan a esos sectores esgrimen en su defensa que la presión impositiva ( la más alta en la historia argentina) traba el crecimiento y la expansión en el país. Agregarle otra carga pesada puede terminar mal para los actores de la producción. No lo toman como una emergencia. Sí como exacción. En el pasado, hasta el siglo XVII y XX los reyes o los señores feudales antes de la formación de las naciones no tenían contemplación alguna: imponían costosas gabelas especiales y no contempladas hasta ese momento para financiar las guerras o bien ofrecer en siglos anteriores protección detrás de la murallas de sus castillos en tiempos de invasiones para quedarse con tierras ajenas.
Venimos arrastrando un proceso recesivo sumado a una inflación que no se contiene. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) publicado en el sitio El Auditor.Info reveló que el universo de contribuyentes para este tipo de situaciones excepcionales creció un 214 por ciento.
El nuevo tributo tendría que ser aplicado sobre más de 3.200 personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos.
Tributarían cada uno cerca de los 33 millones de pesos. La base imponible equivaldría a un aumento del 403 por ciento, con respecto a los años anteriores. Por eso mismo el “pago Promedio” sería de poco más de 33 millones de pesos. Sin duda también darán su voz los jueces, el Poder Judicial en general, ante las presentaciones de los afectados por la aplicación dolorosa del impuesto a la riqueza. Se esperan masivas olas de reclamos. El argumento de los perjudicados que el Estado grava dos veces, a través de los Bienes Personales y a renglón seguido el Impuesto a la Riqueza.
La postura oficialista en la Argentina es que varios países aplican gabelas a las grandes fortunas. Mencionan a Suiza, Italia, Brasil, Chile, España. Agregan que el Estado tiene la obligación de equilibrar, ordenar y corregir el sistema para los ricos y otro para cuidar a los muy necesitados, especialmente en la pandemia. Según los cálculos del gobierno equivaldría a 5.600 hospitales modulares y a solventar 21 millones de aquellos que reciben el IFE ( Ingreso familiar por Emergencia).
La reacción de los tributaristas argentinos califican el Impuesto a la Riqueza como confiscatorio pero por sobre todo favorece el éxodo empresario .El miedo a esta falta de reglas, advierten, frena cualquier tipo de inversiones locales o extranjeras. En definitiva Argentina sería país peligroso, inestable, con una carga de desaciertos económicos y políticos y el peso de la corrupción, más injusticias en los Tribunales. Arrastra el país más de 70 años de desconcierto incluso desde el proceso democrático de 1983 hasta estos días. Los tributaristas insisten en subrayar que es un impuesto “político” y que nada tiene que ver para consolidar las políticas administrativas del poder.
El impuesto a la riqueza -adelantan los especialistas- se puede proyectar que tendrá un costo que no se ha previsto, y una deuda que se arrastra tras largos meses de pandemia. Otras víctimas, para los que saben, son los hombres del campo. Para ellos la gabela tiene un fuerte carácter confiscatorio. En los corrillos se conoce un consejo de Pepe Mugica expresidente de Uruguay a Alberto Fernández : “aplica cualquier medida pero por favor con el campo no te metas”.
Publicado en Perfil el 19 de noviembre de 2020.
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