En teoría de los juegos hay un problema que se llama Chiken game, en el que dos personas tratan de ver quien arruga primero. Son dos autos en la misma mano, frente a frente y acelerados a fondo, donde pierde el que tiene mas miedo de los dos y se va a la banquina. Esa misma situación se repite en muchas instancias de negociación y lo que nos enseña la teoría es que gana el que logra transmitir mejor al otro su compromiso de ir hasta el final, cueste lo que cueste.
Muchos se preguntan si esto no es lo que está haciendo la provincia de Buenos Aires con el anuncio de que no pagará el BP21 y la apertura de la instancia para que el 75% de los bonos de esa serie acepten el reperfilamiento de ese pago al mes de mayo.
Desde un punto de vista racional, en sintonía con lo que declaró el Ministro Guzmán hace pocos días, la lógica era que la Provincia fuera detrás de la Nación en su renegociación de deuda, porque la menor incertidumbre sobre el sendero fiscal del Tesoro nacional, dejaba claras las posibilidades de asistencia que tendría la provincia y el tipo de acuerdo que podría ofrecer a sus acreedores.
Con vencimientos por 750 millones de dólares en enero y un panorama despejado hasta junio, Kicillof podría haber colocado deuda en pesos en el mercado local, que se mostró sobre ofertado en las emisiones de letras de la nación y la ciudad de Buenos Aires, comprándole luego los dólares al Central. Alternativamente podría haber solicitado a Nación un adelanto de coparticipación para hacer frente a sus compromisos, o haber usado los 30.000 millones de pesos adicionales que le generó la ley impositiva.
Arriesga demasiado al abrir la instancia de consulta para reperfilar ahora, porque le está pidiendo a los acreedores que se tiren a una pileta con los ojos tapados, sin saber si en mayo habrá agua para pagar, o si como dio a entender el Ministro de Economía, se enfrentarán entonces a una propuesta de canje similar a la de la nación.
Si los acreedores sacan el volante y lo arrojan por la ventanilla, no aceptando la reprogramación antes del 5 de febrero, no solo entraría en default Buenos Aires, con posibilidades de contagiar a otras provincias y de complicar el canje nacional, sino que, como ha advertido Daniel Marx, los acreedores que no cobren la amortización del 33% del BP21 podrían solicitar la aceleración del resto del bono, o la activación de las clausulas de default cruzado en otras series. En cualquiera de esos escenarios la posición del Estado provincial en la ulterior renegociación de deuda se debilita.
Como todos entienden esta línea de razonamiento, los acreedores podrían apostar a que sea la provincia la que tenga que torcer el volante e irse a la banquina a ultimo momento y si los poseedores de un 25% +1 de los bonos se lo creen, la solicitud de consentimiento de la provincia habrá naufragado y Kicillof deberá decidir qué cosa paga, si la amortización parcial del bono o las consecuencias del default.
Por supuesto no importa ni es indicativo de nada que Guzman haya jurado y perjurado que no iba asistir a la Provincia o que Kicillof haya dicho delante de cada micrófono que se le puso adelante, que no pagaría; es lo que el manual del chicken game le imponía.
Queda una sola posibilidad para la provincia y es que logre transmitir mejor su compromiso de no pagar. El gobernador podría declarar asueto administrativo el día 5 y 6 de febrero, demostrándole desde ahora a los acreedores que no podrá pagar el bono por mas que quiera y pasarles la pelota para que sean ellos los que decidan si ponen el bono en default por no dar el consentimiento para que el pago sea pateado a mayo.
Si le sale mal, Kicillof habrá rifado su capital político en un mes, tan innecesariamente como lo hizo Cristina con la 125.
Publicado en Clase Media, el newsletter de Martín Tetaz, el 27 de enero de 2020.
