ARAMCO es la empresa petrolera estatal de Arabia Saudita. Con una producción diaria de 10 millones de barriles por día (10% de la oferta global), es la petrolera más grande del mundo.
El reciente ataque a su mayor refinería y a uno de sus campos productores más importantes, redujo la oferta mundial de petróleo más de 5% de un momento a otro. Si bien es un porcentaje bajo, que podría ser cubierto por las propias reservas de la empresa hasta restablecer el abastecimiento, generó un escenario de alta incertidumbre en el que se mezclan factores económicos y de geopolítica. Resultado: el precio internacional del barril de crudo se disparó más de 20% en pocas horas.
Esta suba de precios sin dudas favorece a países productores y exportadores netos como Rusia y Venezuela, y perjudica a importadores, pero en particular a China cuyo principal proveedor de petróleo crudo es Arabia Saudita con más de 1,5 millones de barriles diarios.
El efecto final del aumento del precio del barril dependerá si se mantiene en estos niveles en el mediano plazo. Como antecedente a favor de una reducción del precio en el corto plazo está la capacidad que tuvo el mercado internacional de adaptarse a una reducción de la oferta de Venezuela e Irán en casi 3 millones de barriles diarios en los últimos dos años. Por otra parte, juega a favor de un escenario de altos precios el riesgo de que el conflicto a nivel regional escale.
¿Y a nosotros como puede afectarnos?
En Argentina el precio interno de los combustibles líquidos se liberó a partir de septiembre de 2017 y depende de cuatro variables: el precio internacional del Brent, el tipo de cambio, la carga impositiva y, en menor medida, el precio de los biocombustibles a partir del corte obligatorio que hoy se ubica en el 10%.
A partir del 1º de marzo se modificó el impuesto a los combustibles, que pasó de ser una alícuota a ser una suma fija actualizable trimestralmente en función de la evolución de índice de precios al consumidor (IPC).
El 15 de agosto, luego de un resultado electoral adverso y en el marco de una crisis macroeconómica de magnitud, el gobierno decidió establecer que “las entregas de petróleo crudo efectuadas en el mercado local durante 90 días corridos deberán ser facturadas y pagadas al precio vigente al día 9 de agosto 2019”, es decir, aplicando un tipo de cambio de $ 45,19/USD y un precio de referencia Brent de USD 59/el barril.
Al mismo tiempo se estableció un precio tope para naftas y gasoil en todas sus calidades, comercializados por refinadoras y/o mayoristas y/o minoristas, también por 90 días corridos, el que no podría ser superior al precio vigente al 9 de agosto de 2019.
Luego, por resolución 601/19, se ajustó el precio de referencia del petróleo local elevando el tipo de cambio a $46,69/USD. Además, se estableció una transferencia de $2,81 por dólar para los productores de petróleo (con un costo fiscal de $1.500 millones), lo que hace que el tipo de cambio efectivo que reciben los productores será de $49,50/USD por un periodo de 30 días. El mismo decreto postergó la aplicación del aumento del impuesto a los combustibles previsto para el 1° de septiembre y anuló los precios topes al mercado mayorista, manteniendo el congelamiento solo para el mercado minorista.
Sin precios tope en el canal mayorista, las refinadoras aplicaron aumentos al agro e industria en torno al 15/20%, recomponiendo rápidamente el atraso post congelamiento.
Finalmente, esta semana el gobierno ofreció a la industria y a las provincias petroleras un aumento en la compensación al precio congelado del barril, a cambio del desistimiento de futuras acciones judiciales.
En este contexto de idas y vueltas, con parches recurrentes, los actuales precios de los combustibles en el pico del surtidor todavía no alcanzan a reflejar el efecto de la devaluación post PASO, ni la actualización del impuesto a los combustibles, los que deberían aumentar entre un 30%/40% para alcanzar el nivel de USD 59 por barril.
Por todo esto, el escenario más favorable para los intereses locales sería que el precio internacional retornara a la órbita de los USD 60 de modo de no poner más presión a una coyuntura de precios internos que, de origen, se observa muy complicada.
