Los 14 años que median entre 2002 y 2015, se caracterizaron por el congelamiento de precios y tarifas energéticos, que tuvieron dos efectos: generó el mayor atraso tarifario de la historia, incluso superior al verificado en el periodo 1945-1955, y rompió de todo el marco contractual del sistema energético que paso a funcionar a partir de decisiones discrecionales del gobierno nacional.
Estos efectos dejaron entrampado en el corto plazo a un sector que sustenta su producción en decisiones de inversión de mediano/largo plazo. En síntesis “facilismo energético”.
Las distorsiones del sector fueron de tal magnitud que afectaron la macroeconomía en su conjunto y pueden explicar la perdida de los famosos “superávits gemelos” exhibidos por la anterior administración como uno de sus mayores logros.
Esta política energética aplicada durante la administración kirchnerista desincentivo la inversión y sumergió al país en una persistente decadencia productiva de energía – en particular en gas natural – que transformo a la Argentina de un país exportador de gas (USD 6000 millones en 2006) a ser importador neto (USD 4600 millones en 2015), lo que transformo en deficitaria la cuenta corriente del balance de pagos –es decir la diferencia entre importaciones y exportaciones totales del país–.
En la misma línea, al inicio de la administración Macri, un usuario residencial de electricidad pagaba solo el 15% del costo real de abastecimiento eléctrico y el 10% del valor del gas. La diferencia la pagó el Estado Nacional a través de subsidios que llegaron a representar $20 de cada $100 que gastó la Administración Pública por todo concepto en 2014 y que explicó la totalidad del déficit fiscal de ese año (5% del PBI).
En resumen, la verdadera hipoteca que recibió la actual administración estuvo ligada a una política energética “suicida” que explica el déficit fiscal, el déficit externo e introdujo a la Argentina en una indomable estanflación.
Quizás el pecado original de la actual administración haya sido no explicar claramente el grado de deterioro de las cuentas públicas y la profundidad del problema.
De esta forma, Argentina quedó encerrada en un problema de difícil resolución, con alternativas múltiples y resultados contradictorios, pero ninguno satisfactorio para los usuarios. Es decir, un “trilema” que aún no encuentra solución:
- Por un lado, es necesario revertir la decadencia en la producción de energía (en particular en gas natural), que reduzca el nivel de importaciones, para ello se implementa una política de subsidios a la oferta -el Plan Gas-, que consiste en garantizar un precio sostén hasta 2021, de alto costo fiscal.
- Por otro, en el marco de los acuerdos y compromisos fiscales alcanzados con el FMI, resulta impostergable ajustar las cuentas públicas reduciendo uno de sus rubros principales: los subsidios económicos, tanto a la oferta como a la demanda,
- Y es esto último, el punto con mayor dificultad: resolver el atraso tarifario más grande de la historia, de manera socialmente aceptable y en un entorno de alta inflación.
En particular es en este punto – resolver el atraso tarifario – donde el gobierno, a partir de un mal diagnóstico inicial, se ha transformado en un permanente generador de malas noticias, que nunca fueron debidamente explicadas a los usuarios.
Por ejemplo, si bien los aumentos tarifarios iniciales fueron grandes en términos porcentuales, partieron de valores nominales muy bajos (sobre todo en el ámbito de Buenos Aires) por lo que el impacto en la factura final no fue tan significativo.
Luego, el empecinamiento en aplicar un sendero de umbrales crecientes de precios de la energía que solo aplicaba para los usuarios residenciales, puso innecesaria presión sobre los aumentos de tarifas y aumento el mal humor social en relación al tema.
La devaluación del segundo semestre 2018, y su efecto sobre el precio dolarizado del gas natural, no solo hizo desaparecer gran parte del esfuerzo realizado por los usuarios para reducir los subsidios, que todavía cubren el 50% del costo de abastecimiento tanto de gas como de energía eléctrica, sino que obligo al gobierno a modificar el rumbo de política de precios y tarifas energéticas.
De esta forma, del 13 al 15 de febrero se realizó la primera subasta pública de gas destinada a abastecer a los usuarios residencial para el plazo que media entre el próximo 1º de abril 2019 hasta el 31 de marzo 2020.
La aplicación de este mecanismo representa un importante avance normativo, que abandona la discrecionalidad política vigente desde 2002, pero al mismo tiempo logro fijar de manera transparente y a la baja el precio del gas que pagaremos los usuarios residenciales el próximo.
Sin embargo, y finalizando la actual gestión, el trilema energético: Producción de energía, Subsidios y Tarifas aparece sin resolución.
Como aprendizaje nos deja que la política energética (que incluye precios y tarifas), debe formar parte de un plan integral, con bases en una política publica de acuerdo amplio que abandone el facilismo de corto plazo, que sin dudas toda política sectorial es tributaria de la macroeconomía y que la profundidad del problema, hace necesario que cualquier programa de gobierno 2019-2023 explicite claramente cuales serán las medidas tendientes a superar este trilema.
Por lo cual, el camino por recorrer en relación a subsidios y tarifas aparece largo y difícil si los niveles de inflación no bajan significativamente.
Finalmente, y si bien el contexto aparece complejo, comienzan a aparecer datos que dan cuenta que el esfuerzo realizado en pagar facturas más caras comienza a dar resultado. Solo 2 datos como ejemplo: en promedio, tanto la cantidad como la duración de los cortes de energía eléctrica por usuario y por semestre se redujo a la mitad respecto a valores de 2015, y por primera vez desde 2014, se revirtió la tendencia declinante en la producción de gas, a partir del desarrollo de yacimientos en Vaca Muerta.
Comunicar, explicar y escuchar, son tres acciones ineludibles al momento de emprender cualquier proceso de recomposición de tarifas.
El desafío para 2019: aplicar aumentos de tarifas en términos reales (es decir por arriba de la inflación) en un contexto electoral, de alta inflación y sin acrecentar el mal humor social en este tema.
