Un país azotado por las catástrofes naturales y artificiales, es, según el banco Mundial la economía más desigual del planeta.
El 60 por ciento de los haitianos viven –o sobreviven– con menos de dos dólares por día, es decir, son pobres. Imaginemos que en ese contexto, el gobierno aumenta el 38 por ciento el precio de la nafta, 47 por ciento el gas oil y de 51 por ciento el kerosene, este último el combustible que más consumen los pobres, bajo el argumento de que uno de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es eliminar los subsidios a los combustibles. Además, con el FMI, Haití se comprometió a llevar la inflación a un dígito, cuando desde 2015 oscila entre el 13 y el 14 por ciento anual.
Sin embargo, este verdadero “rodrigazo caribeño” desencadenó la furia de la población, este viernes, tras el anuncio. Durante todo el fin de semana las calles de Puerto Príncipe fueron tomadas y anuladas con barricadas. Decenas de comercios fueron saqueados y muchos automóviles resultaron quemados, actos violentos que dejaron un saldo de 4 muertos, frente a una relativa pasividad de la policía.
Frente a los restos de una barricada ubicada sobre un cruce importante de la capital, con el rostro camuflado, un hombre que dijo llamarse Rubens testificó sobre la determinación de ciertas personas a hacer lo posible para lograr la salida del poder del presidente Jovenel Moïse. “Si el presidente se queda un día más, el juego será distinto: cortaremos las rutas y quemaremos todo, porque nosotros no tenemos más que perder”, aseguró entre un grupo de jóvenes enmascarados que asentían.
“Todos los que se fueron a Chile fueron inteligentes porque las cosas recién empiezan”, añadió en alusión a los más de 100.000 haitianos que emigraron hacia ese país, tan solo en el año 2017, bajo cierta permisividad que el gobierno actual, de Sebastián Piñera, se ha encargado de eliminar con nuevas disposiciones sobre inmigración.
Para Luckner Michel, un mototaxista entrevistado por la agencia AFP cerca del palacio presidencial, este aumento era inadmisible: “Ya era demasiado caro, la vida es demasiado cara: nos quieren matar, simplemente. Incluso aunque pudiera pagarlo, tendría que aumentar el costo de mis viajes, la gente no podría pagarlo y yo no tendría clientes”, razona implacable.
Habiendo anulado el aumento, tras la revuelta, el gobierno comenzó a pensar dónde realizará el ajuste de unos 300 millones de dólares –más del 11 por ciento del presupuesto nacional– para continuar subsidiando los combustibles.
Ese presupuesto nacional que se está elaborando ahora para el próximo ejercicio, tiene al Poder Legislativo –Haití es una democracia parlamentaria– como gran beneficiario de los recursos. Por ejemplo, el proyecto de presupuesto para el período 2018-2019 destina unos 100 millones de dólares al Parlamento, mientras que al poder judicial sólo recibe casi 33 millones de dólares. Los legisladores reciben además diversas subvenciones y no deben rendir cuentas de sus gastos.
Otro rubro a revisar por el gobierno es el de la ayuda social. Pero si se desfinanciaran los programas sociales que permiten paliar la extrema pobreza es muy probable que la ira popular hacia la dirigencia política y la élite económica se acreciente y nuevos estallidos se salgan de control. Es que la riqueza que ostenta la élite haitiana, mestiza y de origen sirio-libanés, contrasta con la extrema pobreza del resto de la población, en una desigualdad que el índice Gini refleja con casi 60 puntos de su escala.
