En una decisión de alto impacto, aunque esta sensación no se corroboró en indicador alguno, el Presidente M. Macri decidió remover de su gabinete al Ministro de Hacienda y Finanzas, A. Prat Gay. Fiel a un estilo corporativo, la decisión de prescindir de los servicios de un gerente fue seguida por la reestructuración de su área, dividiendo aquella cartera en dos. Una lectura lineal de este desdoblamiento indicaría que el presidente profundiza su tendencia a la fragmentación de las responsabilidades y atomización del proceso de toma de decisiones. De hecho, esta tendencia ha generado críticas diversas, en buena medida por su impacto negativo en la eficiencia de la gestión. Sin embargo, la remoción del funcionario díscolo debe ser leída más como una ratificación de la unción del trío que comanda la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM), Marcos Peña, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, como máximos referentes de la gestión encabezada por M. Macri. De este modo ya no quedan dudas que los ravioles que ocupan los dos secretarios coordinadores están en un nivel superior al del resto de los ministros. Así, la fragmentación representó un paso previo a la concentración del poder en “los ojos y la inteligencia” del presidente.
Por este motivo, entendemos que la decisión es positiva, ya que la concentración del poder en algunas figuras del gabinete permite entender de manera más acabada el rumbo de la administración, al mismo tiempo que permite restaurar la figura del “fusible” en caso de que surjan problemas, preservando así a la figura presidencial. Otro aspecto positivo de la decisión es que se enfrentó un problema y se le buscó una rápida solución, y ejemplificadora. También el timing fue inteligente, ya que la decisión se tomó ante el advenimiento de semanas de baja intensidad política y económica y en las postrimerías de un dato muy positivo, como si dudas fue el monto de exteriorización de activos en el blanqueo. De hecho, los indicadores financieros no sólo no sintieron el impacto por la salida de un Ministro “taquillero” en ese campo, sino que por el contrario se observaron mejoras en todos los segmentos, léase rendimientos de bonos en pesos, en dólares, indicadores bursátiles, etc.
En cuanto a los ministros designados para reemplazar las viejas funciones de Prat Gay, entendemos que ambas son positivas por diferentes motivos. Comenzando por Finanzas, entendemos que uno de los riesgos de reemplazo del ministro saliente podría venir por el lado de las perspectivas del financiamiento para este año a todas luces desafiante (de acuerdo a nuestras estimaciones, se necesitarán poco menos de US$30.000 millones de financiamiento bruto). La permanencia de L. Caputo en el equipo, incluso ascendido a Ministro mitiga en buena medida esa lectura potnecialmente negativa ya que este funcionario fue la cara visible de la negociación con los “holdouts” y el organizador del financiamiento el año pasado, incluido el muy exitoso tramo de títulos en pesos a tasa fija y mediano plazo.
En cuanto al designado Ministro de Hacienda, N. Dujovne, también vemos como positiva su designación. En primer término, a nuestro juicio, el desempeño de Prat Gay en la arena fiscal fue menos satisfactorio que en la arena financiera. Lejos de presentar una planificación fiscal y justificar las metas planteadas a principios de año, la presentación de la información fiscal estuvo opacada por la adopción de artilugios metodológicos no difundidos internacionalmente, los datos no se presentaron acorde a un cronograma pre establecido, e incluso, a pesar de haber sido miembro del Congreso de la Nación, el ministro saliente no dio mucha intervención al Parlamento durante el proceso presupuestario. De hecho, en el área de presupuesto e ingresos públicos mantuvo o promovió funcionarios totalmente indentificados con la oscura gestión anterior. Incluso su elección del secretario de hacienda ha dejado bastante que desear, ya que el funcionario saliente no sólo no ha podido coordinar hacia adentro del gabinete, sino que no cultivó un trato frecuente con los miembros oficialistas en el Congreso. Por último, sin perjuicio de que no haya sido el único responsable del culebrón sobre el impuesto a las ganancias, claramente al ministro saliente le cabe una cuota importante de responsabilidad.
Pasando ahora al ministro entrante, le reconocemos mayor experiencia y credenciales en el manejo de cuestiones presupuestarias, ya que en el pasado ocupó cargos en dicha área, conociendo el funcionamiento del interior de esa compleja maquinaria. En este sentido, hemos tomado conocimiento que el nuevo ministro ya han tomado contacto con funcionarios de línea de las áreas de presupuesto, tesorería e ingresos públicos, cortando un período de prescindencia respecto de estos valiosos elementos, tendencia que se profundizó durante las gestiones de Kicilloff y Prat Gay. Además de su formación, entendemos que el perfil más dialoguista del nuevo ministro permitirá mejorar la coordinación del área no sólo al interior del gabinete y del Banco Central, sino que le dará mayor participación a los miembros del Congreso, lo cual facilitará y mejorará el proceso presupuestario y de reformas tributarias. En cuanto a su equipo, el nombramiento de R. Pena como secretario de hacienda también representa un hecho positivo al tratarse de un profesional que ya venía desempeñándose en el área de la JGM, lo cual asegura un mayor entendimiento y coordinación con dicha área.
Asimismo, el nuevo ministro, operará como referente macroeconómico del gobierno, lo cual le dará mayor consistencia y unicidad en algo que puedas ser considerado como un plan, a las diversas iniciativas que van surgiendo de las distintas áreas. En este sentido, prevemos que N. Dujovne, a pesar del menor poder relativo respecto de su antecesor, sea una vos más escuchada y tenida en cuenta al momento de tomarse decisiones, sobre todo aquellas que implican incrementos no presupuestados en el nivel del gasto. En este sentido, en su rally mediático, N. Dujovne ya anticipó la adopción de reglas macro fiscales para ordenar el horizonte fiscal de mediano plazo, y seguramente avanzará en un esquema de diseminación de datos, planificación fiscal y programación financiera más profundo que lo observado hasta ahora, de modo de brindar mayor certidumbre a los mercados y los agentes económicos.
Sin perjuicio de lo anterior, no debe dejar de tenerse presente que la situación fiscal plantea problemas complejos de cara al año que recién comienza. Concretamente, el escenario macroeconómico planteado en la Ley de Presupuesto (LP), estipula un crecimiento de la economía de 3,5% en términos reales, dato que a la fecha aparece como desafiante. Algo similar ocurre con el supuesto sobre la variación de precios, que plantea un escenario optimista de 17%. Así, la recaudación tributaria se proyecta con una variación de casi 25% en términos nominales, muy similar (27,5%) a la variación observada durante 2016, excluyendo los ingresos extraordinarios del blanqueo, lo cual surge como optimista si se tiene presente que la variación nominal del PBI durante este año será sustancialmente menor a la del año anterior.
Sin perjuicio de lo que ocurra por el lado de los ingresos, a nuestro juicio la clave al momento de evaluar la política fiscal de este 2017 pasará por la ejecución de los gastos más que por lo que ocurra con el resultado fiscal. En efecto, una característica que se viene observando en los últimos años es la de una sobre ejecución de las metas planteadas en el presupuesto, situación que en el año que pasó estuvo también condimentada por la adopción de medidas que no estaban contempladas ni en el presupuesto ni en los planes de gobierno planteados al momento de asumir el poder. Parte de este exceso de gasto fue inherente al modo “caso por caso” con que el PEN encaró la negociación con la oposición para sacar legislación del Congreso. El último ejemplo de esto fue la negociación por el impuesto a las ganancias que implicará un costo fiscal superior al previsto en la LP-17.
Yendo a los números, la LP-17 prevé un incremento del gasto primario de 21,3%, el cual supone un gato adicional en prestaciones de la seguridad social por la aplicación de la reparación histórica (+35%), una agresiva política de obras públicas (+35,6%) y remuneraciones por encima de la inflación (24,6%). La piedra angular para sostener estos incrementos por encima del promedio es un severo ajuste en términos reales de los subsidios económicos (+4,7%), lo cual pone presión en el momento en que estos ajustes deben implementarse. Para cumplir con las metas es imprescindible realizarlos cuanto antes, lo cual implica cuanto más lejos de las elecciones. Sin embargo, aún dentro del plantel de funcionarios hay algunos que plantean el temor de que una ola de incrementos en los precios regulados pueda debilitar el ritmo al cual la economía podría recuperarse, perdiéndose parte de esos ahorros por el lado de la recaudación.
Veremos cómo transcurren estos movimientos, a nuestro juicio algunas recomposiciones resultan impostergables, aunque el timing de implementación de las mismas es un elemento sensible. Lo que seguro no pueden volver a ocurrir son los errores de implementación observados el año pasado.
