Podría decirse que con la presentación del presupuesto para el año fiscal 2016, el nuevo gobierno dejará de ser nuevo, y el tema de la herencia recibida, pesada por cierto, dejará lugar al “plan” de gobierno de esta administración. Los lineamientos esbozados en el mensaje deberán plantear con claridad la hoja de ruta y las prioridades de la administración. Los supuestos macroeconómicos planteados, deberán ser realistas y responsables. Las proyecciones del gasto, plantearán las prioridades del gobierno, especialmente en cuanto a la política social y a la infraestructura. Recuperar la herramienta presupuestaria será clave para dotar a la economía argentina de una mayor certidumbre y para que el sector privado pueda planificar sus programas en un contexto más ordenado.
De cara a este evento trascendental, la semana pasada se conocieron los datos de las cuentas del sector público nacional de julio, con lo cual el año 2016 va quedando delimitado en buena medida. Comenzando por el dato mensual, julio mostró, en términos ajustados (es decir limpio de los flujos aportados por el Banco Central y el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la ANSES) un incremento del déficit primario de 142% respecto del mismo mes del año anterior, como resultado de un incremento del gasto de 30,7%, pero sobre todo de un frágil desempeño de los recursos, que crecieron sólo el 13%. Si se agrega al cuadro un incremento del 52% en la cuenta de intereses de la deuda, el resultado financiero de julio de 2016 muestra un deterioro de casi 260%. Cuando se analiza lo ocurrido por el lado del gasto, excepto una transferencia corriente a las Provincias para cubrir el déficit de sus cajas previsionales (de aproximadamente $6.000 millones), no se observan modificaciones relevantes, destacándose el flojo desempeño del gasto en capital, que creció sólo un 4%. Lo ocurrido por el lado de los ingresos es más preocupante, ya que los ingresos tributarios mostraron un raquítico incremento apenas superior al 16%, empujado por la reducción de impuestos y el débil desempeño de la actividad económica.
Esta estabilidad en las tendencias del gasto y los recursos permiten aseverar que el acumulado de los primeros siete meses del año representa una buena proxy para proyectar la política fiscal de este año. En este sentido, la primera reflexión que puede efectuarse, es que apalancado en una serie de factores, como las dificultades para que el gasto en capital recobre dinamismo (zafarrancho administrativo heredado), una reducción en el ritmo de crecimiento de los subsidios (producto básicamente de la reducción de los precios internacionales de la energía, y en menor medida del tarifazo) y un ajuste en el ritmo del gasto en salarios y el gasto en seguridad social (por negociación salarial y movilidad previsional), el desempeño del gasto primario acumula un crecimiento nominal de 30,7%, lo cual se reduciría hasta el 27% si se netea de la trasnferencia extraordinaria a Provincias mencionado más arriba. Puesto en términos reales, el gasto primario en general y el de capital en particular muestra en los primeros siete meses del año un ajuste de 9,4% y 31,8% respectivamente, lo cual en cierto modo desmiente las voces ortodoxas que aseveran que el gobierno hasta ahora ha dado muestras de irresponsabilidad fiscal. En este sentido, si se quiere podría argüirse que si el gobierno cometió un pecado en términos de disciplina fiscal en lo que va del año, eso ocurrió por las reducciones impositivas que beneficiaron a sectores cuya competitividad externa no estaba tan cuestionada, como el agro y la minería, lo cual en combinación con la retracción de la actividad económica ha redituado en una evolución muy débil de los recursos.
Luego de siete meses de ejecución fiscal, mayormente a consecuencia de la debilidad de la recaudación, las cuentas públicas muestran por primera vez en el año un crecimiento mayor del gasto primario (27,5% a/a) que de los ingresos tributarios (26,6% a/a), dinámica que se muestra resiliente desde mediados de 2006 y que está en la raíz del marcado deterioro fiscal observado en los últimos años.
Sin perjuicio de lo anterior, y apoyando el comentario de que el desempeño fiscal de este año no puede a nuestro juico catalogarse de irresponsable, estos resultados muestran que el gobierno se encamina sin dificultades a poder cumplir con la meta prevista de un déficit primario equivalente a 4,8% del PBI. En efecto, durante los primeros siete meses del año el déficit primario en términos del producto alcanza a 1,8%, lo cual en términos anualizados representaría poco menos de 3,1%. De este modo, aun considerando recursos creciendo a un ritmo similar al actual, el gobierno podría incrementar la tasa de variación del gasto hasta un 42% y aun así cumplir con la meta prevista. Así, prevemos que este año el gobierno no enfrentará inconvenientes en cumplir con la meta prevista, aun después del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que limitó el incremento de las tarifas dispuesto, y por ende impactará en un menor ahorro por el lado de los subsidios que lo esperado, estimando este impacto por el momento en un mayor gasto de entre 0,3 y 0,4% del PBI.
Mirando hacia adelante, esta zona de confort para cumplir con la meta fiscal planteada por el gobierno no es proyectable para el año entrante, por una serie de factores. Por el lado de una proyección pasiva, se estima que los ítems principales del gasto recobren dinamismo el año próximo por el impacto combinado de la inercia en los mecanismos de movilidad (atados a la inflación pasada) y la tendencia decreciente en la dinámica de los precios. Al mismo tiempo, tratándose de un año electoral, debe esperarse un sensible incremento en el ritmo del gasto en infraestructura, a la vez que la dinámica de los subsidios sociales debería mostrar una dinámica similar. Pasando ahora a una evaluación activa, esto es teniendo en cuenta las medidas anunciadas por el gobierno y que tendrán pleno impacto el año próximo, como la extensión de la AUH, la continuidad del esquema de baja de retenciones a las exportaciones de soja, las modificaciones al impuesto a las ganancias, la devolución del IVA, las mayores transferencias corrientes a Provincias por la devolución del 15% de la coparticipación y las Leyes de promoción Pyme y al primer empleo, estimamos un impacto aproximado a los 1,7 puntos porcentuales del PBI, los que se incrementan hasta 2,3% si se estima una participación exitosa del plan de reparación histórica para los jubilados. Por el momento resulta muy prematuro proyectar un resultado de la exteriorización de capitales, situación que de todos modos debería impactar con mayor fuerza en las cuentas públicas de este año, aunque permitiría financiar parte del gasto del año próximo.
En este contexto, la meta planteada al comienzo de este año de un déficit primario de 3,3% del PBI para el año próximo luce más que desafiante, sino de casi imposible cumplimiento. En este sentido, esperamos que el gobierno plantee un escenario realista a fin de evitar sorpresas desagradables, a la vez que se pueda contar con un programa financiero conocido de antemano, que plantee el mix de financiamiento que se buscará en el mercado internacional como en el local así el sector privado puede planificar su programación financiera teniendo en cuenta estas circunstancias. Para terminar, hoy por hoy, dado su bajo nivel de endeudamiento y las buenas condiciones en el mercado internacional, Argentina no debería enfrentar demasiadas dificultades para poder financiar su déficit en los mercados, aunque para sostener esta situación será crucial plantear un sendero creíble a mediano plazo, elemento que de nuevo, requiere de un planteo muy realista de los escenarios futuros. En este sentido, no vemos lugar para un optimismo exagerado, como el que caracterizó las visiones de los funcionarios en lo que va de este año.
