El partido de ultraderecha española propone que millones de personas, incluidos ciudadanos españoles, tengan que “remigrar” hacia sus países de origen. Plantean que está en riesgo su propia “existencia como pueblo”. Javier Milei, acérrimo fanático de Abascal, ya puso en vigencia una reforma migratoria restrictiva.
En 1869, cuando se hizo el primer censo nacional en la historia de la Argentina, los resultados arrojaron que 12,1% de la población había nacido en el extranjero. Ya desde 1853 el preámbulo de la Constitución señalaba que el país estaba abierto a todos los hombres del mundo que desearan habitar en su suelo, algo que no solo quedaba en el papel sino que comenzaba a ser un activo de la sociedad. La Ciudad de Buenos Aires, de hecho, acogía alrededor de 150.000 inmigrantes, aproximadamente la mitad de la población de la Capital en ese entonces según Hilda Sábato. El presidente que mandó a hacer aquél relevamiento fue Domingo Faustino Sarmiento, ese mismo que en 1884, como director general del Consejo Nacional de Educación, impulsó la ley 1420, que estableció a la educación pública como gratuita y obligatoria para todos los niños, sin distinción alguna de clase social, país de nacimiento, religión o color de piel. Ese instrumento, entre varias finalidades, buscaba que todos los niños tuvieran igualdad de oportunidades para salir adelante.
Cuando se revisan los siguientes censos nacionales se observa que la población extranjera continuó in crescendo: en 1895 el 25% de la población de la Argentina era extranjera ―poco más de un millón de personas entre casi cuatro millones― y en 1947 eran ya un tercio: 2.357.952 de 7.885.237 personas.
De aquella mezcolanza de idiomas, costumbres y orígenes surgieron millones de familias que abrieron almacenes, fábricas, talleres, teatros, editoriales, revistas y diarios, cines, y que hicieron de la Argentina su casa. No hubo distinciones entre quienes nacieron aquí o allá, ni barreras o impedimentos para que sus hijos o nietos nacidos en suelo argentino hicieran sus vidas o legaran para el futuro, ese que hoy es presente, costumbres que prevalecen, como el comer pastas o pizza, o jugar al fútbol o ver algún partido.
Un caso como el de la Argentina, del cual somos testigos todos quienes vivimos aquí, es un imposible. Somos un país que no existe, una simulación. Acaso un delirio. Es al menos lo que prevé Vox para España hacia la mitad del siglo XXI, cuando según ellos ―sus fuentes, si las hay, son de dudosa metodología o credibilidad― estará avanzada, sino concretada, una sustitución de la sociedad e identidad españolas.
Rocío De Meer, militante y vocera nacional de Vox y diputada por Almería, propuso abiertamente que hay que expulsar de España a unos 8 millones de personas, incluidas a sus hijos nacidos en España, a quienes tildó de “inmigrantes de segunda generación”. El partido de ultraderecha no solo pone la lupa en personas que viven en situación irregular sino que apunta también a quienes tienen estatus como refugio, residencia legal, y escala también contra ciudadanos españoles que se naturalizaron. En ese último caso conlleva a revocar de la nacionalidad española a quienes, tras algún proceso judicial o legal, juraron lealtad a la bandera.
“Si de 47 millones de habitantes que tiene nuestro país, más o menos siete, o más de siete, porque tenemos que tener en cuenta la segunda generación, ocho millones son personas que han venido de diferentes orígenes en un muy corto periodo de tiempo, es extraordinariamente difícil que puedan adaptarse a nuestros usos y costumbres”, describió De Meer en una conferencia de prensa.
A lo largo de su presentación la vocera dio a entender que en España “está cambiando la configuración de la sociedad” y que por lo tanto debe llevarse a cabo un proceso de lo que denominó como “remigración” (sic) que incluye el retorno ―se desconoce de qué manera, en qué plazos― de esos inmigrantes indeseables, entre los que se incluyen a ciudadanos españoles. : “Nosotros apostamos por este proceso de reemigración porque pensamos que hay algo más importante que preservar y tenemos el derecho a querer sobrevivir como pueblo”.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó en abril de 2025 que en España hay 49.153.138 habitantes. De ellos 42.206138 son ciudadanos españoles y 6.947.711 son de nacionalidad extranjera, equivalentes a 16,46% del total.
De Meer, en su conferencia, indicó que el porcentaje de extranjeros en España en la década de 1990 era de 2%. Un informe del INE publicado en marzo de 2004 señaló que ese porcentaje aumentó a 6,2% en 2003 en contraposición del 1,6% de 1998. Entre varias cuestiones se atribuía a los vínculos históricos, culturales e idiomáticos que conectan con Latinoamérica, además de compartir frontera con Marruecos, cuestiones que Vox no suele mencionar cuando hablan de temas migratorios. No presentan, desde luego, una narrativa que invite a compartir, conocer ni integrar a un otro que desde hace siglos ha estado ahí. Tampoco reflexionan sobre la presencia de miles de españoles que durante la Guerra Civil y la dictadura franquista cruzaron a América, donde ―con la Argentina como protagonista― rehicieron sus vidas, tuvieron hijos, y entre otras cosas trajeron parte de sus costumbres.
La propia De Meer deslizó que deben “remigrar” de España millones de personas y sus descendientes porque según ella y su partido “no se han adaptado a la sociedad española”. Valdría preguntarse en qué consistiría tal cosa, más si se tiene en cuenta que la tortilla de patatas se hace con papas originarias de América, o que el fútbol, deporte más seguido por los españoles, lo inventaron los ingleses. Si la cosa va por tocar la guitarra o escuchar flamenco habría entonces que pedir permiso a los árabes. No pretendo con estas últimas afirmaciones negar que el fútbol, la tortilla o el flamenco sean españoles. Lo son y sería un sinsentido cuestionar tal cosa, así como tomar mate, jugar al fútbol o escuchar tango son costumbres argentinas. Lo menciono de pasada porque siempre que se proponen estos test de aparente pureza siempre salta, más tarde o temprano, que tal cuestión no existe. Todos y todo somos de un lugar pero provenimos de distintos lugares. La propia De Meer, cuyo abuelo fue gobernador durante la dictadura franquista, tiene un apellido por el cual algún pariente suyo hubiera tenido probablemente que “remigrar” de España si le aplicaban las susodichas propuestas de Vox, que incluyen revisar (y presumiblemente anular) millones de ciudadanías concedidas mediante distintas leyes y decretos que se sancionaron entrado el siglo XXI. La última de ellas, por cierto, está vigente hasta octubre de este año, la denominada Ley de Nietos.
En el fondo, o quizá más en la superficie de lo que parece, la motosierra de Vox contra los migrantes, como sucede en la cacería migratoria que en este momento ejecuta Donald Trump en Estados Unidos, no parece distinguir entre quienes residen de manera legal o irregular, o quienes trabajan o estudian y pagan impuestos o alguien que delinque. Apuntan contra todo aquél y aquello que les parece distinto y atenta contra su “pureza”.
Vistas desde la Argentina, las propuestas de Vox y las acciones de Trump deberían causar rechazo, estupor, animadversión. Nada tienen que ver con lo que ha sido esta sociedad producto de la mixtura. Se puede demostrar, mediante historia, testimonios, experiencias, leyes y demás formas metodológicas que ni el país ni la Ciudad de Buenos Aires desaparecieron por la llegada de inmigrantes. Que ellos y sus hijos no son de segunda generación o categoría. Eso, claro, si se toma en cuenta la historia propia y no se prioriza suscribirse a escándalos ajenos. Porque a Javier Milei le fascina visitar España para abrazarse con Santiago Abascal y demás referentes de Vox, con los que comparte infinidad de ideas. Lo mismo que con Trump. En el caso libertario el último gesto de “solidaridad” fue la reforma migratoria, bastante restrictiva, que ya entró en vigencia.
