El procurador ante la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Casal, pidió hoy condenar a la ex presidenta Cristina Kirchner a 12 años de prisión en la causa Validad, en un dictamen presentado ante el máximo tribunal del país.
Casal respaldó la apelación del fiscal ante Casación Mario Villar, quien había presentado una queja ante la Corte para que se duplique y se lleve de seis a doce años la condena a la ex presidenta.
Para ello reclaman que se revoque su absolución por asociación ilícita y también se la condene por este delito.
Casal consideró que hubo asociación ilícita además de administración fraudulenta, y que la Cámara Federal de Casación omitió analizar los argumentos de la fiscalía cuando confirmó la absolución por el primero de los delitos, de acuerdo al dictamen al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
El procurador ante la Corte mantuvo “en todos sus términos” la apelación del fiscal Villar “atento sus sólidos argumentos y clara fundamentación legal”.
En su apelación, ahora respaldada por el procurador, Villar había sostenido que hubo asociación ilícita porque se trató de funcionarios encabezados por Cristina Kirchner en calidad de jefa que se agruparon “con el propósito colectivo de cometer múltiples delitos”.
“El fiscal general valoró, a mi entender con argumentos concluyentes, que esa era la exacta característica de la organización conformada por los imputados”, advirtió Casal en el dictamen.
Se trató de la “adjudicación fraudulenta de 51 contratos de obra pública dentro de un esquema comprobado de corrupción” estatal, enfatizó Casal sobre las obras viales nacionales que recibieron empresas del también condenado Lázaro Báez durante el período del kirchnerismo.
En este sentido, la apelación de la fiscalía remarcó que los delitos ocurrieron a lo largo de tres mandatos presidenciales, de Néstor y Cristina Kirchner, en una “multiplicidad de planes delictivos”.
Casal entendió que la Corte debe abrir el recurso de la fiscalía, revocar la absolución por asociación ilícita y fijar una nueva pena de cárcel, pero además remarcó que cuando revisó el veredicto del Tribunal Oral Federal 2, Casación cometió “violación al derecho de defensa y a su función revisora” porque no analizó los nuevos argumentos introducidos por la fiscalía ante esa instancia.
Por todo ello consideró “arbitraria” la sentencia en lo vinculado a la absolución por asociación ilícita.
“Que efectivamente la organización haya concretado un solo plan no es incompatible con la figura de la asociación ilícita”, advirtió.
La ex presidenta está condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta, en un veredicto del Tribunal Oral Federal 2 que está confirmado por la Cámara Federal de Casación.
Se trata de la causa que investigó el direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez durante los gobiernos de Nestor y Cristina Kirchner.
La opinión del Procurador no es vinculante para la Corte pero sí era un paso obligado la solicitud del dictamen, por lo que desde ahora los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti quedaron en condiciones de resolver.
Además de los planteos de la fiscalía, tienen bajo estudio las quejas de las defensas de todos los condenados que reclaman la absolución.
Casal respaldó además la queja de la fiscalía para que se revoque la absolución del ex ministro de Planificación del kirchnerismo Julio De Vido y otros dos acusados, los ex funcionarios Abel Fatala y Héctor Garro.
Sobre De Vido, el Procurador afirmó que pudo “advertir que no existe una controversia con respecto a la contribución que, desde el plano material, prestó el entonces titular del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, al dictar numerosos actos administrativos en el marco de su competencia”.
A través de estos actos, “lisa y llanamente se asignaron los fondos del presupuesto necesarios para que Austral Construcciones, la empresa constructora de Lázaro Báez, fuera el único contratista de obra vial al que no se le adeudaba dinero, pese a que la mayoría de los trabajos registraban nulo avance o demoras inexcusables”.
La sentencia de Casación, que ahora se pide a la Corte revisar, “se limitó a reproducir los argumentos del tribunal oral, sin dar una respuesta concreta” a los argumentos de la fiscalía vinculados a que De Vido “no sólo adaptó su contribución a un plan criminal en curso que conocía a la perfección —descartando así toda posible consideración de su conducta como neutral o dentro del riesgo permitido—, sino que más bien fue uno de sus principales organizadores”.
El Procurador pidió a la Corte condenar a Cristina Kirchner
