El 12 de marzo pasado, Kilmar Armando Abrego García, un ciudadano salvadoreño que vivía desde 2011 en Estados Unidos con un estatus precario, pero legítimo, otorgado por un juez migratorio (porque en una detención previa, en 2019, había logrado probar que su vida corría peligro si era deportado a El Salvador), acompañaba a su hogar a su hijo autista de 5 años cuando fue sorprendido por autoridades migratorias de EE.UU. que venían a notificarlo de que ya no gozaba del estatus otorgado por el juez seis años atrás, en virtud de una difusa imputación de pertenencia a la banda de pandilleros salvadoreños MS-13 (cuestión que, conforme a información de The New York Times al respecto, un juez previamente había considerada no probada). Abrego García fue inmediatamente esposado y enviado a varios centros de detención, hasta que finalmente fue mezclado con un importante número de venezolanos acusados de formar parte del cartel terrorista denominado Tren de Aragua y todos fueron deportados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador (Cecot).
Sin embargo, bajo todos los principios del Estado de Derecho que conocemos en los países democráticos y políticamente liberales, no hay dudas de que Abrego García es un hombre inocente. Así su condición, sus días transcurren en una prisión lejos de su familia, sin tiempo establecido de confinamiento, rodeado de peligrosos homicidas, pandilleros, narcotraficantes y también de muchos otros que claman inocencia y persecución política, donde todos –inocentes y culpables– son denigrados en su condición humana al reducirlos a una expresión blanca y calva que los iguala en la indignidad. Sin acusación judicial, derecho de defensa ni condena alguna, allí está Abrego García, enviado por los Estados Unidos de América. Su esposa ha puesto en marcha el sistema judicial norteamericano para conseguir su liberación y regreso. Así, el rango de “affaire” para esta situación no constituye una licencia idiomática, sino una necesaria equiparación universalizadora entre dos casos de máxima trascendencia, por los sagrados principios que estuvieron y vuelven a estar en juego.
Días atrás, una jueza distrital del estado de Maryland ordenó a la administración Trump “facilitar y efectuar el retorno de Abrego García a EE.UU. antes del 7 de abril de 2025”, cuestión que rápidamente llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos. El máximo tribunal sostuvo el fallo de la jueza de distrito haciendo énfasis en que la propia administración había admitido en las actuaciones judiciales que la deportación habían constituido un error administrativo y claramente quedó firme la orden de facilitar el regreso del deportado, agregando que el tribunal debía asegurarse de tratar este caso como debería haber ocurrido “si el afectado no hubiera sido inapropiadamente enviado a El Salvador”. Adicionalmente, la Corte dio una instrucción al tribunal inferior para que aclarase el alcance de la palabra “efectuar”, señalando que eso debía ser llevado a cabo con el debido respeto a la conducción por parte del Poder Ejecutivo de las relaciones exteriores. A esto último se aferró el asesor presidencial Stephen Miller para decirle a Trump, frente a decenas de periodistas y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que el caso había resultado en una victoria para la administración por 9 votos a 0 y que la obligación de “facilitar” el regreso de Abrego García se limitaba a no impedirle el ingreso a los EE.UU. si El Salvador decidía enviarlo nuevamente, cuestión a la que el propio Bukele se había rehusado minutos antes. Con lo cual, un asesor presidencial cerraba el caso proclamando un deliberado desconocimiento de una orden judicial.
En el país del norte son muchas las voces que, al estilo de Émile Zola, se levantaron contra esta deportación y encarcelamiento ilegal en el extranjero de un ciudadano que residía en EE.UU. con autorización judicial; la más notable de ellas fue la del senador por Maryland Chris Van Hollen. Pero son pocos los que escuchan. Más: los que esbozan alguna crítica son calificados de tibios y funcionales a la inseguridad. Como si la libertad y la seguridad fueran valores contrapuestos. Pero la verdadera y repudiable tibieza no está ahí, sino en aquellos que, secuestrados por el vendaval político de la era MAGA (Make America Great Again), han abandonado la defensa irrestricta del sistema de valores occidentales basado en la libertad, la democracia y el respeto a los derechos individuales y hoy callan o resultan cómplices de estas arbitrariedades con mensajes confusos o justificadores.
Marco Rubio, secretario de Estado y otrora senador republicano con una impecable foja de servicios en defensa de la libertad contra regímenes opresores como Cuba, Venezuela o Nicaragua, publicaba posteriormente un comunicado por X que seguramente lo debe haber avergonzado en su fuero más íntimo, en el que señalaba que la política exterior de EE.UU. era resorte del presidente y ningún tribunal del país podía arrogarse tales funciones, mezclando conceptos en forma deliberada. Seguramente Rubio debe afirmar esa y otras cosas como una constante reafirmación de su puesto, pero no pueden caber dudas de que aquel Rubio que lideraba los clamores por la libertad en el Senado de EE.UU. conoce perfectamente que no hay ninguna diferencia entre la detención ilegal de Rafael Tudares Bracho en Venezuela, por la que oportunamente reclamó, y la de Abrego García en EE.UU. Sobre ninguno pesa acusación judicial alguna y sobre ambos cae una prisión cruel e injusta con privación de ver a sus familias.
La detención y deportación de Abrego García es un mensaje para todos los inmigrantes: el castigo será aleatorio, a cualquiera le puede pasar. El objetivo es imponer el miedo. Por eso, así como el caso Dreyfus lo era para el gobierno francés, esta contienda por la liberación y el regreso de Abrego García –que aún no ha terminado– es considerada de fundamental importancia para la actual administración estadounidense. Una derrota equivaldría a una humillación a la que su presidente no se quiere exponer. Sería admitir que un tribunal puede poner freno a sus deseos y sería también enviar un mensaje no deseado por Trump en este caso, en el sentido de que ante las iniquidades ejecutivas, aún existe en EE.UU. un sistema de valores al que se puede recurrir, un sistema que protege el principio de inocencia, garantiza el debido proceso y limita las decisiones arbitrarias del poder.
A esta altura, el affaire Abrego García está poniendo en jaque aquello que los anglosajones tan sabiamente han definido como the rule of law, palabras que contienen todos los principios relevantes posibles en materia de garantías individuales, debido proceso, defensa en juicio y el sistema de frenos y contrapesos. Esto no es sobre un pandillero cualquiera, todo un sistema de normas y valores está en juego. Se trata de saber si en los años que vienen prevalecerá la Constitución de Estados Unidos o las caprichosas decisiones de su actual Poder Ejecutivo.
Publicado en La Nación el 17 de abril de 2025.
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