Por Marcelo Mella Polanco
La evaluación de la gestión de la presidencia de Gabriel Boric, al iniciar su último año, requiere considerar las oportunidades y restricciones, así como la capacidad de gestión política del Gobierno. Ciertamente, este Gobierno se ha enfrentado a considerables problemas para sacar adelante reformas debido a su contingente legislativo minoritario, a la falta de pragmatismo y capacidades adaptativas, a las dificultades del ejecutivo para controlar la agenda política, y a una persistente dificultad para asumir los trade off (económicos o políticos) en ciertas reformas.
Han existido otros momentos políticos en los cuales dicha relación entre oportunidades y restricciones jugó un papel importante en la suerte de gobiernos. Por ejemplo, el Gobierno de Patricio Aylwin estableció como criterio límite para determinar “lo posible”, el riesgo de regresión autoritaria, sacrificando reformas más ambiciosas. Durante el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, la personalización del poder presidencial con el círculo de amigos del presidente y la profundización de una modernización tecnocrática contribuyeron a reelaborar los equilibrios estratégicos en la concertación, expandiendo las oportunidades. Por su parte, en ambas presidencias Sebastián Piñera, debió reelaborar prioridades programáticas, por ejemplo: en marzo de 2010 después del terremoto del 27F, posterior al año 2011 como resultado de las movilizaciones de la Confech, y en su segundo período, por supuesto con el estallido social de 2019 y la pandemia del COVID.
El actual Gobierno de Gabriel Boric, a diferencia de los ejemplos anteriores, ha mostrado mayores tensiones para adaptarse a aquellas condiciones políticas que lo anteceden y que no puede modificar. En este sentido, la curva de aprendizaje del Gobierno se asimila a un patrón en forma de S (patrón sigmoide). Vale decir, un proceso de bajos aprendizajes iniciales, marcado por la combinación infructuosa de un Gobierno minoritario con una retórica refundacional que persistió durante el año inicial.El punto de inflexión estratégico del Gobierno se materializó después de la derrota oficialista en el primer proceso constituyente el 4 de septiembre de 2022 con la entrada de Carolina Tohá al Ministerio del Interior y posteriormente, con la llegada de Álvaro Elizalde a SEGPRES en abril de 2023. A este desplazamiento le sigue un aumento de las competencias en el Gobierno y mayor capacidad adaptativa reflejada en la Cuenta Pública del presidente Boric en junio de 2023 donde reconoció errores estratégicos anteriores como no impulsar mayor diálogo en la Convención Constitucional y no fortalecer la colaboración con actores fuera del oficialismo. Los datos de Ciudadanía Inteligente muestran que el presidente Boric alcanzó un 18% de cumplimiento en el primer año, un 31% para el segundo y un 38% para el tercer año. Esta trayectoria confirma una mejora en la gestión legislativa del Gobierno desde el segundo año, al tiempo que se incrementa el ruido interno entre las distintas almas del oficialismo.
No obstante, explicar el deterioro de la efectividad gubernamental en Chile como un problema exclusivo en la toma de decisiones del actual Gobierno sin considerar las restricciones institucionales, constituye otra manifestación de autoengaño de la clase política y también una señal de instrumentalización electoral de problemas estructurales. Si bien los actores que gobernaron el país durante los últimos treinta años sufrían el autoengaño de creer que todo estaba bien, los grupos políticos emergentes con Apruebo Dignidad sufrieron del autoengaño de creer que nada estaba bien y que se trataba de un asunto de voluntad y convicciones. Actualmente, la ilusión consiste en pensar que todo lo que está mal de la democracia chilena se puede explicar por errores del actual Gobierno. Existe, sin embargo, un problema subyacente en el sistema político que genera condiciones que dificultan la relación ejecutivo-legislativo, así como la gobernanza de los diferentes bloques políticos.
Desde la perspectiva de las restricciones institucionales, un Gobierno con contingente legislativo minoritario, con alta fragmentación partidaria y bajo los efectos de un superciclo electoral debe funcionar bajo condiciones externas que aumentan los costos de los acuerdos, limitando la efectividad legislativa.
La primera restricción corresponde a la condición de Gobierno minoritario, circunstancia que, si bien antecede a la presidencia de Boric, ha ido agudizándose con un contingente legislativo más frágil, crecientes niveles de fragmentación partidaria y mayores costos de transacción para el ejecutivo. Si en 1990, Patricio Aylwin asume el Gobierno controlando su partido 23% de la Cámara de Diputados y el conjunto de la Concertación 58% de los escaños, en 2022 Gabriel Boric asumió con 13% de escaños para su partido FA, 24% para Apruebo Dignidad y 48% sumando a los partidos de Socialismo Democrático. Incorporar a los partidos de centroizquierda al gabinete (PPD y PS) al comité político, aunque permitió mejorar el contingente legislativo del Gobierno desde 13% a 48% en Diputados, aumentó el riesgo de inconsistencia programática dentro del oficialismo frente al debate por la orientación de las reformas.
Una segunda restricción, corresponde al contexto de fragmentación partidaria, que dificulta la cohesión del oficialismo y la oposición, lo que además reafirma el carácter sistémico del problema. Entre 1990 y 2024, el índice de fragmentación partidaria estimada por escaños en Diputados ha aumentado desde 5 a 11,5 partidos. Con el mencionado nivel de fragmentación, la experiencia comparada indica que el presidencialismo con multipartidismo extremo (más de cinco partidos) es la peor combinación para un régimen presidencial y que en este contexto, los gobiernos independientemente de su ubicación ideológica poseen oposiciones bilaterales (a la derecha y a la izquierda del Gobierno) que contribuyen a aumentar la polarización y los impulsos centrífugos del sistema. Esta condición requiere un oficialismo con mínimos comunes, programáticos y estratégicos, así como con mecanismos robustos de coordinación para darle coherencia al contingente legislativo del Gobierno. Al llegar el último año del Gobierno de Boric no es posible sostener aún que exista una síntesis entre la socialdemocracia y la nueva izquierda, ni una coalición oficialista disciplinada.
La tercera restricción consiste en los efectos no deseados del superciclo electoral 2020-2024, con trece días en cinco años destinados a procesos electorales. En este contexto, para la actual administración solo ha sido posible construir mayorías legislativas circunstanciales para políticas con amplio respaldo en la opinión pública y con apoyo en sectores de la oposición. Ejemplos de ello fueron la creación del ministerio de seguridad y la reforma previsional. Sin embargo, respecto del programa transformador propuesto por Apruebo Dignidad durante el 2021, se diluyó junto con el triunfo del rechazo de la propuesta (61.8%) en el plebiscito constitucional de 2022.
Teniendo a la vista estas restricciones, se puede entender por qué el oficialismo no capitaliza la aprobación de reformas cuando la definición del problema de política pública no es suficientemente compartida. Esto quedó demostrado, por ejemplo, con el fuego amigo en el oficialismo frente a la reforma previsional aprobada en enero de 2025, debido a que, para algunos sectores, no era lo suficientemente progresista y mantenía la capitalización individual. Mal de muchos: como se trata de restricciones estructurales que requieren una reforma política para ser superadas, la derecha también se encuentra fragmentadas entre duros y blandos frente a posibles reformas.
El Gobierno del presidente Boric y Apruebo Dignidad llegó al poder bajo un síndrome de exceso de confianza (Síndrome de hybris) de la nueva izquierda surgido del contexto del estallido social que hizo creer a la coalición ascendente (FA y PC) que lo antiguo sería desechado inexorablemente rompiendo con las inercias de los últimos treinta años. Pero conducir el malestar y el superciclo electoral que se desencadenó como resultado del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución en noviembre de 2019, fue más una restricción que una oportunidad para el actual Gobierno. Nada parecido a esa antigua idea repetida por la nueva izquierda de actuar desde el lado correcto de la historia. El proceso chileno posterior a 2019 mostró nuevamente que los qué y los cómo adquieren una importancia similar cuando se trata de orientar los cambios.
Después de tres años, el Gobierno del presidente Boric entiende mejor que el exceso de confianza (hybris), puede ser contraproducente en política. Más aún, cuando se trata de la difícil combinación de un presidencialismo minoritario en un contexto de alta fragmentación. La fábula de Jean de La Fontaine del zorro y las uvas amargas se refiere a algo deseado pero inaccesible, que se rechaza para evitar admitir el fracaso. Pero este mecanismo refleja la aversión al fracaso y no constituye por sí mismo un mecanismo de aprendizaje. El reconocimiento ponderado de logros y fracasos será una condición necesaria para acelerar la curva de aprendizaje del espacio político de la nueva izquierda que lideró el actual Gobierno solo durante su primer año.
Publicado en Agenda Pública.
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