Cuesta definir el riesgo político. Especialmente en un país en el que se impuso un punto de vista eminentemente económico y de excepción como regla para el análisis. Ese enfoque unidimensional impide entender la real dimensión de hechos que significan un punto de quiebre.
Es el caso del rechazo de los candidatos para la Corte por parte del Senado. Un antes y un
después, por más esfuerzo retórico para disimularlo: ante todo, estamos ante una advertencia para el gobierno en su vínculo con los otros poderes del Estado y con la opinión
pública; nada más y nada menos que su relación con el sistema institucional.
Se propusieron dos candidatos para ocupar el más alto tribunal de justicia que nunca contaron con los apoyos. Por distintas razones no eran buenos candidatos. Ante lo que debiera haber sido un límite, pudo más la porfía que la prudencia política y se recurrió a un mecanismo de facto: se los designó en comisión por decreto; a los jueces de la Corte, nada menos. Uno calló, por conveniencia táctica; el otro aceptó, a pesar de haber negado ante el propio Senado la virtud de la irregularidad. En ambos casos se faltó al decoro, rasgo elemental de un juez.
En el fondo, se trata de la convicción de que se puede volver a la normalidad a través de la
excepción y a macha martillo. Es discutible en otros ámbitos; no en la justicia, por la sencilla razón que estamos hablando de la última instancia de control y de cargos que duran para siempre. Es por eso que los jueces deben entrar por la puerta grande y no por vías excusadas; con conducta prístina y sin contradicciones.
Pero la política del búfalo es más fuerte, esa de agachar y arremeter ciegos, sin medir
consecuencias. En esto de acelerar en las curvas, se insinúa que se pretendería la continuidad de uno de los candidatos, a pesar del rechazo senatorial. Vaya contradicción: si hay algo en el análisis económico que atenta contra la estabilidad precaria en la que estamos, es tener en ejercicio del cargo a un juez irregular en la Corte.
En términos prácticos: no es tan solo que contamina con su firma cualquier sentencia; es
peor, afecta la respetabilidad del tribunal y la creencia en la justicia.
La ley para recuperar la normalidad no es la excepción, sino el estado de derecho. Nunca se entendió eso de querer imponer jueces sin los consensos exigidos por la Constitución o sin respetar sus procesos, metiéndolos por la ventana. Menos comprensible todavía en un
momento de reconfiguración mundial, en el que debiéramos exhibir más que nunca un orden institucional estable que favorezca la inversión, y no un conflicto de poderes.
Dicen que JAMES CARVILLE aconsejó a BILL CLINTON: “es la economía, estúpido”. Habrá sido útil allá y entonces. En ARGENTINA es una afirmación insuficiente; mas, habría que
reemplazar economía por política. Quiérase o no, guste o no, es la que sigue dominando todo. El riesgo político es precisamente no entender esa gran verdad, desde que ARISTÓTELES definió al hombre como ho antrhrōpos physei zōion politikon (el hombre es por naturaleza un animal político).
