Según el dicho popular, el sentido común es el menos común de los sentidos. No es tan fácil: para algunos es el saber que condensa la acumulación de experiencias y aprendizajes; para otros, es un medio conceptual para imponer creencias propias en calidad de dogma.
Vivimos tiempos de un sentido común que cuestiona conocimientos que por mucho tiempo se dieron por sentados. Es el caso de las tarifas como dispositivo útil de política económica. Después de la Segunda Guerra Mundial, la doctrina mayoritaria postuló sus efectos más adversos que benéficos para el comercio. Resultaron los organismos multilaterales (OMC, GAAT, Banco Mundial) como garantía de la globalización, y uno de los procesos de mayor crecimiento en la historia. Con desbalances y mucho por corregir, seguro.
El gobierno estadounidense desafía el concepto, liderando un movimiento político que se proyecta con escala internacional. Más: plantea una extraña contradicción con el liberalismo clásico del siglo XX, que propugnaba dos valores esenciales: la competencia en los mercados y el Estado de Derecho; mercados abiertos y en igualdad de condiciones, más seguridad jurídica como ejes. La idea dominante ahora es otra, de acción directa desde el Estado: transformar el orden mundial, canalizando la fuerza a través de esta herramienta de restricción al comercio. Una llamativa vuelta atrás en la historia.
Los cambios que se pueden prever son importantes. Si la política proteccionista se traduce en aumento de precios, pues es probable una acción más cauta del Banco Central norteamericano para bajar las tasas: sabido el efecto en el valor de las monedas emergentes y el precio de los commodities. Pero más importante, estructuralmente puede significar un nuevo orden, con mercados compartimentados y de difícil acceso, más desajustes de precios con efectos duraderos.
El nuevo sentido común presenta desafíos para la Argentina. El escenario, pleno de inestabilidad jurídica, impacta el movimiento de la inversión, en un país que la necesita más que nunca, porque tiene un coeficiente de inversión de 16% del PBI, muy por debajo del que se necesita para aumentar empleo y productividad, y un ingreso por habitante que sufrió una caída del 12% desde el 2011, con niveles de informalidad y pobreza que continúan siendo alarmantes.
También pega de lleno en la dinámica de nuestros mercados de exportación: el precio de los commodities agrarios a la baja; lo mismo para los minerales críticos para la transformación energética, como es el caso de nuestros cobre y litio. Dos de los tres ejes (junto al gas y el petróleo) para el desarrollo del país, que pueden sufrir adversamente.
En materia económica, el Gobierno ha mostrado decisión: vaya que no es menor el superávit fiscal primario, el comercial y una inflación por debajo del 3% mensual. ¿Qué preocupa? Pues que a los shocks externos negativos se sume un abrazo del oso a un sentido común autoritario, que lleva a los arcaísmos institucionales: sirvan de botón de muestra las propuestas para ocupar sitiales en la Corte, no enviar el presupuesto al Congreso en sesiones extraordinarias y un discurso cada vez más intolerante para cuestionar derechos adquiridos.
Publicado en La Nación el 20 de febrero de 2025.
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