En 2003 se introdujeron reformas en el proceso de designación de Jueces y Juezas de la Corte Suprema que lo hicieron más transparente, participativo y deliberativo, tanto en su etapa de nominación por el Poder Ejecutivo como en la de la aprobación por parte del Senado.
Desde aquel momento se designaron seis jueces y nos encontramos en vías de designar dos más. Las cuatro primeras experiencias que llevaron al Tribunal a Zaffaroni, Argibay, Highton y Lorenzetti fueron bastante satisfactorias. Las designaciones de Rosenkrantz y de Rosatti, luego de cierta zozobra por el intento de designarlos por decreto, fueron reencaminadas según aquel procedimiento y también contribuyeron a dar credibilidad y confianza a las decisiones futuras de esos magistrados.
El proceso en curso para la designación de dos nuevos Jueces, sin embargo, nos deja a algunos un sabor amargo por varias razones, no solo vinculadas a los méritos y cualidades de los nominados, o al hecho de que, de ser designados, volveremos a tener una Corte sin mujeres, o porque existe la posibilidad de que sean nombrados por decreto contra lo que ordena la Constitución.
Hay una razón más, sin embargo, de la que se ha hablado poco y es la que se refiere a la poca o nula atención que se le ha dado en el debate público a un aspecto central del perfil de los nominados, además de su honestidad o formación técnica, requisitos mínimos obviamente indispensables.
Debido al trabajo que esos jueces deben realizar, necesitamos saber también y fundamentalmente, primero, si tienen y cuál es su “teoría constitucional” o “filosofía judicial” y, segundo, si son esas las ideas que queremos que lleguen al Tribunal. Esta evaluación central es la que el Presidente, el Senado y la sociedad civil deberían realizar. Pero, ¿qué entendemos por filosofía judicial? La respuesta la encontramos en la tarea misma que realizan los jueces de la Corte.
Los miembros del Alto Tribunal, tienen la responsabilidad de aplicar la Constitución Nacional, que muchas veces implica invalidar decisiones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo que ostentan la representación del pueblo. Esta tarea, además de ser políticamente muy sensible, es sumamente compleja, pues el “material” del que está hecha una Constitución es diferente de aquél con el que se hacen las leyes comunes que emanan del Congreso.
Mientras intentamos que las leyes contengan reglas precisas que nos den a los ciudadanos una cierta previsibilidad sobre su aplicación, las constituciones expresan principios relativamente abstractos (por ejemplo, los principios de Igualdad, libertad, autonomía, debido proceso, o división de poderes) que requieren de un delicado trabajo interpretativo al momento de ser aplicados.
La tarea central de los Jueces y Juezas de la Corte Suprema es la de realizar estas interpretaciones. Sus decisiones al respecto son obligatorias para las partes enfrentadas en un juicio, pero, además, generan precedentes para futuros casos dándole paulatinamente forma al significado de nuestra Constitución.
Al realizar esta tarea los jueces no pueden tomar esas decisiones cruciales de acuerdo con su propio criterio personal, sus creencias religiosas, o sus afinidades políticas. Los jueces no son políticos ni deberían ser elegidos por sus afinidades o preferencias partidarias o de otro carácter.
Por otro lado, no es suficiente que los jueces hayan sido formados técnicamente en el conocimiento de la Constitución, como si esta norma fuera una especie de reglamento similar al de un juego, como el ajedrez o el fútbol, de simple y automática aplicación. La idea de que el juez debe ser sólo un buen técnico supone que es posible que se desempeñe como un árbitro cuyas decisiones deben ceñirse a la letra de la Constitución. Sin embargo, es evidente la diferencia entre la claridad de esos reglamentos lúdicos y la complejidad de asignarle sentido a los principios constitucionales.
Algunos críticos de esta postura sostienen incluso que detrás de esa aparente tarea de arbitraje se esconderá siempre, con o sin intención, un juez que también impondrá sus valores o los de su grupo, no muy diferente a la del juez “político”. Si elegimos jueces como si fueran políticos o simples árbitros tecnocráticos, no solo lo estaremos haciendo en base a las razones equivocadas, sino que además estaremos socavando, tarde o temprano, nuestra confianza en ellos.
¿Por qué deberíamos confiar en jueces que no aplican la Constitución, sino sus propios valores o los del grupo al que pertenecen? ¿Por qué deberíamos confiar en jueces que hacen eso mismo, pero bajo un ropaje de aparente neutralidad que sabemos es imposible debido al material del que está hecho la Constitución?
Los Jueces de la Corte no pueden evitar interpretar los principios establecidos en la Constitución y por ello es que necesitamos saber si tienen y cuál es la teoría constitucional o la filosofía judicial con la que tomarán esas decisiones.
Precisamos saber qué harán cuando se encuentren frente a los frecuentes y complejos dilemas interpretativos que su trabajo los obliga a resolver: ¿serán deferentes a la lectura constitucional que haga el Congreso? ¿Apelarán a principios trascendentales de justicia universal haciendo a un lado la letra de la ley?
¿Respetarán los precedentes? ¿Se guiarán por sus propios valores? ¿Buscarán una guía en las creencias y valores predominantes en la sociedad que a su vez debe respetar esos principios? ¿Se ceñirán a los valores de aquellos que redactaron la Constitución? Son estas algunas de las preguntas que necesitamos que los candidatos a Jueces respondan. No queremos conocer sus respuestas cuando sea demasiado tarde y ya se encuentren designados.
Publicado en Clarín el 31 de enero de 2025.
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