En los hechos, el GBA ha quedado afuera del estado de derecho. La ley ha sido sustituida por los códigos tumberos impuestos por un abanico polimorfo de delitos: desde bandas de sicarios adolescentes motoqueros autónomos o comisionados por desarmaderos hasta búnkeres narcos, como el caso de Morón a principios de este mes.
Luego de ejecutar sus operaciones disparando a mansalva, los malvivientes exhiben sus trofeos por las redes sociales recogiendo el apoyo de miles de seguidores. Los vecinos suelen conocerlos porque hasta se ha perdido la regla de no robar en el barrio.
Más que la ley impera el miedo y el silencio ante posibles represalias pues las bandas “tienen marcados” a los diferentes domicilios ante cuyas cámaras ostentan su infame bravura. El clima evoca al de una dictadura: solo el fatalismo anima a algunos a pronunciarse; aunque solicitando a los noteros la mayor discreción posible.
La violencia no se agota en los asaltos y entraderas sino en la contaminación acústica de fiestas “clandes” cuyo volumen es el santo y seña enviado por los dealers, la promiscuidad de picadas automovilísticas en las grandes arterias, los negocios gastronómicos ilegales callejeros, y las detonaciones de tiros verdaderos y o simulados desde los escapes de autos y motos.
El clima de intimidación se traduce en síntomas psíquicos como la ansiedad, los ataques de pánico ante la proximidad de un motor rugiente, la desesperación por la demora de un familiar y una convicción de destino tan naturalizada como angustiante. Las víctimas dilectas son los barrios de trabajadores completamente desamparados por el Estado.
Los vecinos denuncian el ausentismo, la ineptitud o la aquiescencia de los dispositivos policiales. Pero resulta injusto generalizar: en lo que va del año, han sido ultimados varios efectivos; demostrando que el imperio mafioso corta también a las fuerzas del orden. Por lo demás, hay comisarias que no activan patrullas por carecer de combustible, personal, o de chalecos antibalas. Sus agentes nobles, que también son vecinos, sufren el desamparo y la impotencia frente a la negligencia comunal; y sobre todo, judicial.
El mutante mapa de las zonas liberadas en el hoy recalentado corredor sudoeste resulta de un diseño deliberado. Responde a las franquicias ofrecidas por regiones venales del poder estatal: desde jefes de calle, fiscales y jueces garantistas con sus delegados abogados “sacapresos” y funcionarios municipales. Son los capitostes de la larga cadena de la impunidad.
No es casual que los asesinos se exhiban temerarios en las páginas de las redes portando pistolas limadas calibre 32, balas de 9 mm, tatuajes alegóricos y jactándose de sus actos; sobre todo, cuando las víctimas han sido policías. También en el “market place” de sus botines: motos, armas o celulares.
Si alguno cae detenido, es solo cuestión de días. Pueden tener un largo prontuario de reincidencias; pero al no tener sentencias firmes o ser menores su liberación, a lo sumo, cuesta un millón de pesos. Los vecinos conocen el detalle de esas cotizaciones así como el precio de armas, motocicletas; y hasta las dosis de diversos estupefacientes.
De nada vale denunciarlo ni explicarlo ante las cámaras televisivas; el único medio de expresar su impotencia. Saben que las zonas descompuestas del poder político no solo lo toleran sino que lo auspician pues son una de las fuentes de sus “cajas negras”. Algunos aluden a la “rosarizacion” del GBA al constatarse casos de sicarios oriundos de la ciudad santafesina albergados por parientes o allegados barrabravas por la valoración de su experticia.
Pero el planteo induce a error: se trata de un fenómeno endógeno que las autoridades provinciales y comunales, no sin cinismo, refutan afirmando la “disminución” de los homicidios que ya alcanza a la friolera de una decena diaria.
En todo caso, este estado de cosas es la punta del iceberg del statu quo recaudatorio y clientelar mafioso bonaerense. Penalistas, ex comisarios u oficiales de justicia de probado profesionalismo formulan propuestas interesantes para acotar el flagelo a instancias de experiencias exitosas en otros países.
Sobre todo de Colombia, matriz geo cultural del sicariato: desde cambios legislativos hasta chips obligatorios en motos y vehículos, el trazado de mapas del delito hasta comités de emergencia mancomunados entre intendencias, policía y justicia.
Sera inútil hasta que no exista disposición política de desmontar las bases institucionales del “síndrome metropolitano”. Una posibilidad que, hoy por hoy, no solo luce remota sino en las antípodas de quienes medran y se enriquecen a costa de los ciudadanos decentes. Durante estos últimos años, la penuria económica y la miseria condujeron a temer el estallido del GBA según las coordenadas de 1989 o 2001.
Otro error conceptual atribuible a la escisión de muchos analistas desconocedores de los cambios sociales dentro de los “territorios”. Lo que sí resulta probable es que el miedo, la ira, las ofensas y las humillaciones acumuladas o la pérdida irrevocable de familiares o vecinos incuben contrarréplicas punitivas.
La instalación de alambres electrificados es solo el primer escalón hacia la acción directa en contra del caos organizado. Mal que le pese a las cándidas conciencias biempensantes que ignoran la cotidianeidad de un barrio popular del Conurbano bonaerense.
Publicado en Clarín el 23 de enero de 2025.
Link https://www.clarin.com/opinion/imperio-miedo-conurbano_0_UrR18rKbCO.html
