Desde el año 2015, los debates presidenciales han pasado a ser un “bien público” que se incorporó como parte de los procesos electorales para aspirar a la primera magistratura de nuestra nación, contribuyendo de ese modo al “voto informado” de los electores. Más que para los candidatos, los debates deben ser para la gente.
Es un avance en materia de calidad de la democracia para muchas naciones que en fecha muy reciente celebraron un seminario en la ciudad de Washington, convocados por el Instituto Nacional Demócrata (NDI) y la Comisión de Debates Presidenciales (CPP), integrada por altos representantes del partido republicano y del partido demócrata, como necesidad de legitimar los debates y resguardar la imparcialidad, después del recordado debate entre Kennedy y Nixon.
Antes de 2015 no se debatía en nuestro país, toda vez que el que iba primero en las encuestas, lisa y llanamente “ninguneaba” a los demás candidatos, negándoles la posibilidad de exponer sus puntos de vista ante la opinión pública.
Fue en ese año que se produjo entre nosotros un verdadero milagro, gracias al impulso de una cantidad de organizaciones de la sociedad civil, nucleadas en “Argentina Debate”, contando con el apoyo desinteresado de un grupo de importantes empresarios y el soporte técnico de reconocidos realizadores televisivos nucleados en la Cámara Argentina de Productores Independientes de Televisión (CAPIT).
Los debates se hicieron en el ámbito neutral y pluralista de la Facultad de Derecho de la UBA y la Cámara Nacional Electoral acompañó la iniciativa, legitimando el proceso previo. El éxito se reflejó tanto en el “rating” alcanzado por los programas, como en el interés que despertaron, por un lado, los debates en sí mismos, como el efecto de “alfombra roja” cuya atención acaparaban quienes ingresaban al edifico de la Facultad, rodeado e iluminado para la ocasión.
El valor cívico alcanzado, se hizo visible cuando el candidato Daniel Scioli no se presentó en el primer debate, pero se vio impulsado a hacerlo en el segundo frente a Mauricio Macri, ante la fuerza de la opinión pública, incluyendo la de sus propios partidarios.
De ahí en adelante, el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.337 que establece la obligatoriedad de los debates presidenciales entre los candidatos que superasen el 1,5% del padrón nacional en las PASO. Si algún candidato no se presenta, pierde el aporte para la publicidad de campaña y además, se debe colocar el atril vacío con su nombre.
Es probable que esas sanciones, junto al imperativo de cumplir con la ley hayan influido para que tanto en 2019 como en 2023 se presentasen todos los candidatos, incluyendo a Alberto Fernández y al propio Javier Milei, cuya presencia pusieron en duda algunos periodistas y medios de comunicación.
La autoridad de aplicación es la Cámara Nacional Electoral, asistida por un consejo académico y de la sociedad civil, de carácter pluralista. Se realizan audiencias públicas para sortear los temas consensuados por los equipos de campaña y solamente se interviene para arbitrar cuando no hay acuerdo entre los intervinientes.
También la Cámara Electoral elige a los moderadores y designa las sedes del interior que fueron Santa Fe en 2019 y Santiago del Estero en 2023, manteniéndose la Facultad de Derecho en la Ciudad de Buenos Aires y el equipo técnico iniciado en el debate de 2015. La señal es transmitida gratuitamente por la televisión pública, a la que pueden adherirse los demás canales.
La realización de ese debate institucional no impide otros debates en los medios de comunicación, como, por ejemplo, los realizados por TN en el programa “A dos voces”, que en la última oportunidad incluyeron los debates entre candidatos a vicepresidentes.
El proyecto de “Reforma para el fortalecimiento electoral”, recientemente ingresado en el H. Congreso de la Nación busca “desregular” los debates presidenciales al eliminar en el artículo 12 el capítulo IV bis que los había incluido de manera obligatoria en el cronograma. Si el proyecto prospera, el Estado dejará de aportar con el presupuesto y también perderán su obligatoriedad.
En el derecho comparado existen distintos y variados modelos, como se reflejó en la citada reunión de Washington de noviembre pasado. No son pocos los países en los que los organizan libremente los canales de televisión y que en muchos casos priorizan los debates como “show”; excepto en los casos en que existe alguna comisión o autoridad que legitima las reglas en busca de neutralidad.
Lo importante es, en definitiva, que el alto grado de avance alcanzado en el desarrollo de nuestra democracia electoral, no se interrumpa ni retroceda en un tema que nuestra ciudadanía ha incorporado como “valor” y como “bien púbico” en favor de una democracia robusta que acompañe las transformaciones económicas que es menester realizar.
Publicado en Clarín el 5 de diciembre de 2024.
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