“Una educación democrática debe preparar a los jóvenes no solo para sus propios intereses, sino también para la vida en un mundo plural, ayudándoles a comprender, respetar y colaborar con personas de diferentes orígenes, culturas y tradiciones”.
Martha Nussbaum, Las fronteras de la justicia, 2006.
El Gobierno Nacional tomó la decisión de permitir que las universidades nacionales cobren un arancel a los estudiantes extranjeros. Esta medida carece de un fundamento económico objetivamente sólido, dado que el porcentaje de estos estudiantes es mínimo y, además, la implementación efectiva requeriría modificaciones en la Ley de Educación Superior, así como ajustes logísticos y administrativos significativos.
Seguramente, con esta medida, el Ejecutivo intenta ocultar errores políticos como los cometidos con la ficha limpia, el mantenimiento de la postulación del juez Lijo o el golpe en los precios de los medicamentos a los jubilados.
Retomando el tema inicial, lo que subyace en aquella decisión arancelaria es una simplificación de la realidad, cuyo objetivo es encontrar un “responsable’ de los supuestos daños sufridos por los habitantes de nuestro país. De este modo, se contribuye a un falso y generalizado sentimiento nacionalista que, por cierto, es poco liberal, y que fomenta el rechazo hacia “los otros” o hacia “el diferente”, a quienes se percibe como una amenaza para el orden instituido.
En efecto, existe en el país una construcción de sentido común, alimentada por algunos medios de comunicación, según la cual los extranjeros no solo quitan nuestros trabajos, sino que la salud y la educación de las que se benefician son financiadas con nuestros impuestos. Esta actitud se enmarca en una clara muestra de la visión antipolítica del gobierno, quien vuelve a desafiar los consensos institucionales establecidos desde muchos años acerca de mantener las puertas abiertas “a todos aquellos hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino”.
Sin embargo, más allá de esta crítica negativa, el núcleo de esta reflexión no se centra solo en esta medida, sino en otro aspecto, quizás menos percibido, pero de suma importancia para quienes estamos involucrados en la educación. Denomino a este punto el “hecho pedagógico central, base del pluralismo democrático”.
Este concepto abarca cualquier situación, acción o interacción en la que se dé un proceso de enseñanza y aprendizaje. En estos hechos pedagógicos, tanto el docente como el estudiante interactúan en un contexto que favorece la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Al permitir el acceso a diversas visiones del mundo, se fortalece el pensamiento crítico, se favorece el respeto mutuo y se promueve el diálogo constructivo entre diferentes grupos.
Lo que está detrás de la medida del gobierno está en las antípodas de estas externalidades positivas. La verdadera riqueza de un espacio áulico no reside únicamente en el conocimiento transmitido por un docente, sino también en la diversidad de opiniones y saberes que emergen de sus participantes.
El hecho pedagógico es el resultado de esos encuentros culturales y surge casi de manera espontánea, siempre y cuando no se limiten ni se coarten las diferentes voces. Cuanto más plurales y diversas sean las perspectivas culturales de los estudiantes, más enriquecedora será la experiencia dentro de esos espacios de aprendizaje.
Esta afirmación subraya que la riqueza del proceso educativo se origina en la diversidad cultural, lo que permite a los estudiantes acceder a un amplio abanico de ideas y experiencias.
La inclusión de diferentes perspectivas no solo amplía el horizonte de aprendizaje, sino que también fomenta el respeto mutuo, la creatividad y la reflexión crítica. En este sentido, el pluralismo pedagógico no solo enriquece el proceso de enseñanza, sino que lo convierte en una herramienta fundamental para una educación inclusiva y democrática.
En la misma dirección, el filósofo estadounidense John Dewey sostenía: “La democracia tiene que ser reconquistada una y otra vez, porque es una forma de vida en constante reconstrucción. Solo una educación que promueva la reflexión crítica, el respeto mutuo y la diversidad, puede preparar a los individuos para vivir y trabajar en una sociedad democrática”. (Democracia y Educación, 1916).
Por ello, limitar el ingreso de estudiantes extranjeros no solo reduce el acceso a la educación superior, sino que empobrece la creatividad y el intercambio que surge cuando personas con diferentes valores y experiencias conviven y aprenden juntas.
Además de este punto, tampoco se reconoce que mantener un país de puertas abiertas a los extranjeros no solo favorece el intercambio cultural, sino que también permite construir un puente entre diversas realidades, promoviendo una visión más global y solidaria del mundo. En un contexto internacional cada vez más marcado por la intolerancia y los conflictos, mantener un lugar de encuentro para distintas culturas se convierte en una forma de resistencia frente al extremismo y la xenofobia, promoviendo la paz y la cohesión social.
La historia de muchos países ha demostrado que aquellos que abrieron sus puertas a la diversidad fueron los que lograron una mayor grandeza, no solo en términos de desarrollo económico y cultural, sino también en su capacidad para formar sociedades más inclusivas y enriquecidas por las diferencias. Esta apertura a la diversidad permite la incorporación de nuevas ideas, habilidades y perspectivas que no solo enriquecen la cultura local, sino que también fomentan la innovación, el progreso y una mayor cohesión social.
No deberíamos olvidar que la propia historia de nuestro país debe ser comprendida bajo esta narración, y esa es una lección que el gobierno no aprendió.
