Aunque no tuvo la repercusión que alcanzó lo sucedido en los cincuenta estados del sector continental, este martes (5 de noviembre) también se celebraron elecciones en Puerto Rico y Guam, dos de los llamados territorios no incorporados –o colonias, según la terminología de las Naciones Unidas– de Estados Unidos.
Los comicios allí son extraordinariamente singulares, porque combinan votos efectivos para designar autoridades locales con otros que solo tienen valor simbólico, pues no son vinculantes, ya sea para consultar la opinión de los lugareños sobre la elección del presidente estadounidense o, en el caso de Puerto Rico –ayer, por séptima vez en casi sesenta años–, para preguntarles cuál creen que debe ser el estatus político de la isla.
Puerto Rico, en las Antillas, y Guam, en el Pacífico occidental, fueron colonias que, junto a Filipinas –que se independizaría en 1946–, España entregó a Estados Unidos tras perder la guerra que enfrentó a ambos países 1898. Aun cuando están bajo la observación del Comité de Descolonización de la ONU, forman parte de Estados Unidos, pero tienen un estatus diferente del de los cincuenta estados del territorio continental, que no se debe puramente a una imposición colonial, sino a una constitución aprobada por los propios puertorriqueños en 1952.
Además de estar impedidos de elegir al jefe de la Casa Blanca, los habitantes de esas islas no tienen derecho a ser juzgados por jurados –salvo en casos de delitos graves–, ni a estar representados en el Congreso en Washington, excepto por un comisionado residente ante la Cámara de Representantes, que tiene voz pero no voto.
Lo que los habitantes Puerto Rico y Guam pueden designar por el voto son gobernador, legisladores y jueces locales, alcaldes municipales y comisionado residente. Lo único que no se eligió ayer fue el gobernador de Guam, porque el período actual –de cuatro años, igual que en Puerto Rico– terminará en enero de 2027.
“Con algo de simplificación, podríamos decir que Puerto Rico se autogobierna, excepto en cuanto implique algún atributo soberano: no tiene fuerzas armadas, no emite moneda, no define su política migratoria ni mantiene relaciones exteriores, entre otras limitaciones”, me explicó un abogado puertorriqueño, y agregó que “los fallos de su tribunal supremo pueden ser revisados por la Corte Suprema de Estados Unidos, de modo que rigen dos constituciones, según sean interpretadas por los respectivos poderes judiciales, uno subordinado al otro”. A modo de ejemplo, subrayó que “la constitución puertorriqueña prohíbe la pena de muerte, pero los tribunales estadounidenses la han declarado aplicable a delitos cometidos en la isla que sean juzgados por un tribunal federal”.
Pese a todo eso, una enorme mayoría de los puertorriqueños no quiere que su isla se convierta en un país soberano, y esa mayoría, a su vez, está polarizada entre los que quieren que Puerto Rico se convierta en un estado más de Estados Unidos, con los mismos derechos y obligaciones que cualquiera de los cincuenta del sector continental, y quienes desean que se mantenga el estatus actual.
Por ese motivo, desde hace décadas venían alternándose en la administración local el Partido Nuevo Progresista (PNP), que representa a la corriente que aspira a que Puerto Rico sea un estado norteamericano con todas las de la ley, y el Partido Popular Democrático (PPD), que sostiene que la isla no debe cambiar de estatus. Y hasta ayer, ninguno de esos dos partidos había logrado gobernar por más de dos períodos consecutivos.
Las elecciones de ayer registraron dos novedades. Por un lado, el PNP ganó por primera vez con un tercer período consecutivo de gobierno, aunque el actual gobernador, Pedro Pierluisi, no pudo ser reelecto, ya que perdió las primarias de junio ante la actual comisionada residente, Jenniffer González, una abogada de 48 años que desde enero próximo será su sucesora.
La otra noticia es que, también por primera vez, el segundo lugar en la elección de gobernador no fue para el otro partido tradicional, sino para la flamante Alianza de País, integrada por el antiguo Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el joven Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), que, en un leve matiz con respecto a su socio electoral, postula la descolonización de la isla.
Con poco más de 91% del escrutinio completado, González reunía 39,45% de los votos, seguida por Juan Dalmau (Alianza de País), con 32,78%, y Jesús Ortiz, del PPD, con 21,02%, según datos de la Comisión Estatal de Elecciones. No hay segunda vuelta, por lo que gana el que más votos obtenga en la única ronda.
El principal desafío para González estará dado por la economía. A precios actuales, el Producto Bruto Interno (PBI) casi se duplicó desde el año 2000, pero a precios constantes de 2015, está levemente por debajo del de comienzos de siglo, según datos del Banco Mundial. En ese contexto, Puerto Rico declaró en 2015 el default de su deuda de alrededor de US$ 73.000 millones –que no es soberana porque no fue emitida por un estado soberano– y solo consiguió reestructurarla en 2022, y fue azotado en 2017 por el huracán María, considerado el peor desastre natural de la historia de la isla, que causó pérdidas por cerca de US$ 92.000 millones. Por supuesto, la economía puertorriqueña también se vio resentida por la pandemia de coronavirus, en 2020-21.
A propósito de la deuda, las leyes estadounidenses sobre quiebras excluyen de su protección a Puerto Rico, cuyas dependencias o empresas públicas no pueden concursarse como sí pueden hacerlo ciertos municipios y entes estatales norteamericanos. Curiosamente, cuando Puerto Rico dictó normas de naturaleza específica para enfrentar la crisis, la justicia de Washington las declaró inconstitucionales bajo el argumento de que todo lo que tenga que ver con concursos y quiebras es competencia de la ley federal y no local. Es decir, en ese caso trató a Puerto Rico como si fuera un estado más.
Mientras tanto, los puertorriqueños también se pronunciaron este martes en el plebiscito sobre el estatus de la isla, entre tres alternativas: la estadidad (que se convierta en un estado más de Estados Unidos), que ganaba con 56,82% de los votos; la independencia, segunda con 30,85%, y la soberanía en libre asociación con Estados Unidos, tercera con 12,33%. Pero esto es anecdótico –como lo fue para las consultas similares realizadas en 1967, 1993, 1998, 2012, 2017 y 2020–, pues el resultado no es vinculante ni para el gobierno de Puerto Rico ni para el Congreso de Estados Unidos.
