El Gobierno anunció que tiene como objetivo, en el marco de la reducción del gasto público, transferir a las provincias los hospitales nacionales. En mi opinión, esta es una decisión equivocada si no se separa la paja del trigo.
Si bien la responsabilidad en la gestión de la enorme mayoría de hospitales y otros efectores públicos son de las provincias y municipios, el Ministerio de Salud tiene bajo su administración directa varios hospitales nacionales.
Muchos de estos son autárquicos y de gestión descentralizada, financiados a través de un esquema mixto entre el Estado nacional y las provincias o municipios donde están localizados, al menos teóricamente. Este esquema de gestión (hospitales SAMIC), busca garantizar la prestación de servicios de salud de alta complejidad en áreas estratégicas del país.
Sin embargo, este financiamiento supuestamente compartido ha generado tensiones, dado que, excepto el Garrahan, las jurisdicciones no cumplen con su parte.
Analicemos dos ejemplos opuestos de hospitales de gestión descentralizada administrados por la nación: el Garrahan y el hospital de Calafate en Santa Cruz. El Garrahan, con financiamiento de Nación (80%) y CABA (20%) que se cumple, atiende la mitad de los cánceres y más del 60% de los trasplantes pediátricos del país, con niños que provienen de todas las provincias, tengan cobertura pública exclusiva u obra social.
Es el hospital pediátrico de mayor complejidad del país, sus profesionales tienen dedicación completa, cosa que no ocurre en ningún otro hospital público, y es ícono de la excelencia de la salud pública argentina. ¿A qué jurisdicción se lo van a entregar? ¿ A CABA que ya tiene dos hospitales de alta complejidad como el hospital de Niños y el Elizalde?
¿O van a compartir el financiamiento entre los 24 distritos?. Por otro lado, el Hospital de El Calafate, también de órbita nacional y financiado enteramente por Nación, aunque sólo presta servicios en la provincia de Santa Cruz, la que en mi conocimiento nunca puso un peso.
En mi gestión como ministro, quisimos revertir esta decisión absurda que se dio por razones políticas durante el gobierno de CFK, pero fue imposible transferir este hospital a la provincia por razones legales y normativas, aun cuando no existen razones para que Nación lo siga financiando.
Lo mismo ocurre con casi todos los hospitales nacionales localizados en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, cómo el Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner en Cañuelas, el Hospital del Bicentenario en Esteban Echeverría y el Hospital Dr. René Favaloro en La Matanza, entre otros de la PBA. No hay razón, en la lógica federal, para que sea la nación y no la PBA quien los financie. En todo caso habrá que discutir las alícuotas de coparticipación federal que le corresponden a cada provincia.
Entre todos estos hospitales nacionales, en realidad sólo hay 3 (Garrahan, El Cruce y Posadas) que, por ser de alta complejidad, es importante que sigan bajo la órbita de la Nación, ya que reciben pacientes de todo el país.
En este sentido, incluiría también al hospital Laura Bonaparte (ex Cenareso) porque es el único establecimiento público que brinda atención a población con consumo problemático de sustancias y adicciones en el área metropolitana, que no tienen cobertura social o privada y que por lo tanto no pueden atenderse en efectores privados.
Por eso, creo que anunciar la entrega a las provincias de los hospitales nacionales sin un análisis exhaustivo de cada uno de ellos, es inconducente e inviable ya que todos estos hospitales son muy diferentes en cuánto a su complejidad, especialización y localización geográfica.
Para “pasárselos” a las provincias se necesitan acuerdos presupuestarios y políticos con las jurisdicciones para que éstas lo acepten. Yo me pregunto: ¿Qué provincia va a aceptarlo sin una contrapartida presupuestaria sustentable?
En definitiva, no tiene sentido hacer tabla rasa con los hospitales públicos nacionales sin analizar caso por caso. En el medio de la crisis dramática de la salud en nuestro país, el aumento de la pobreza y la indigencia, estos anuncios sólo contribuyen a aumentar el malestar de todos los médicos, profesionales y trabajadores del sector público de la salud que siguen poniendo todo para que no se caigan los servicios, y también de la población más vulnerable, que no tiene otra cobertura y que recurre a los hospitales públicos nacionales cuando no pueden resolver las necesidades en sus jurisdicciones.
A fin de cuentas, el Ministerio de Salud de la Nación tiene como función indelegable procurar la reducción de la brecha de disparidades sanitarias de todos sus ciudadanos y residentes, cualquiera sea el lugar donde vivan y trabajan, su situación socio-económica y la cobertura sanitaria que tengan.
Publicado en Clarín el 29 de octubre de 2024.
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